El juez imputa a 50 sospechosos de dirigir una red ilegal de coches de lujo

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Los vehículos procedían de fuera de la UE  y se vendían tras falsificar su documentación para burlar el pago de aranceles

Los imputados habrían defraudado a Hacienda varios impuestos | ED

11 de noviembre de 2014 (20:02 CET)

La juez de instrucción número 12 de Barcelona, Carmen Suárez, investiga una organización criminal que se dedicaba, desde el 2009, a vender en España coches de lujo procedentes de países ajenos a la Unión Europea sin pagar los impuestos y aranceles estipulados.

De momento, ya hay 50 personas imputadas por los presuntos delitos de falsificación, contrabando y delito fiscal. Se trata de los miembros de la banda criminal y algunos de los más de 400 compradores que, hasta el momento, ha identificado ya la policía.

Aranceles

Agentes especiales de la UCRIF (Grupo de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía), del Servicio de Vigilancia Aduanera e inspectores de la Agencia Tributaria tratan de identificar ahora a todos los compradores que desde diversos países y a través de internet, contactaron con la organización para adquirir coches de lujo, marcas como Ferrari, Porsche o Mercedes, sin pagar los impuestos contemplados por la normativa arancelaria internacional.

El objetivo último era legalizar la documentación de los vehículos a través de diversas estaciones de ITV de Tarragona, Barcelona, Madrid y Marbella. Fue justamente una estación de ITV de Tortosa la que, tras detectar alguna irregularidad en la documentación aportada por el supuesto titular de uno de estos coches, la que alertó al Cuerpo Nacional de Policía que inició las primeras indagaciones.

Modus operandi

Según los informes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a los que ha tenido acceso Economía Digital, el modus operandi de esta trama era el siguiente:

La organización ofertaba uno de estos vehículos de lujo (la mayoría Km0 o segunda mano) a través de internet, en concreto a través de una supuesta empresa de compra y venta llamada “carimportinspain”. Se trata, según los informes policiales de una empresa ficticia. Los clientes contactaban con los responsables de la trama y tras negociar el precio, se ponían en sus manos para la tramitación de la documentación.

Los jefes de la banda, los ciudadanos británicos, Chistopher M. D. y Michael D. M. falsificaban (en ocasiones con el consentimiento del comprador) algunos documentos que permitían el ahorro de casi un 43% del valor de vehículo. Los compradores “solicitaban la franquicia por traslado de residencia, que supone la exención de los tributos arancelarios para aquellos bienes comprados en el extranjero antes del cambio de residencia del comprador”, según un informe de la UCRIF.

Documentación falsificada

La policía ha acreditado que la organización criminal falsificó la documentación de “baja consular” y, posteriormente, la de “alta de empadronamiento” de los compradores. Se les daba de baja en su país de origen, se les daba de alta en algún municipio español y gracias a este cambio de residencia (ficticio) los compradores conseguían (...) a través de la aplicación de la franquicia por cambio de residencia, la completa exención de la tributación al importar y utilizar el vehículo en España, lo que supone una ventaja que puede alcanzar el 43% del valor del coche, como resultado de la exención en la tributación arancelaria, IVA a la importación e impuesto de matriculación, y hasta el 12% del tipo impositivo del impuesto especial sobre determinados medios de transporte”, tal y como reza en un informe elaborado por la UCRIF de Tortosa y que obra en manos de la juez.

En sólo un año, los imputados, según estos informes, habrían defraudado a Hacienda 334.000 euros en el impuesto de valor añadido y 283.000 en concepto de impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. El total de lo no declarado supera de largo el millón de euros, según la policía.

Investigación

La policía indaga el comportamiento de ciertos consulados, que en teoría se prestaron a acreditar la baja de empadronamiento de algunos de sus conciudadanos, sin que ellos estuvieran presentes en ese acto.

También trata de discernir hasta qué punto los compradores sabían total o parcialmente las tretas utilizadas por los jefes de la organización para pagar menos impuestos.

La juez, tras diez meses de complejas indagaciones, mantiene aún secreto una parte del sumario.
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