Veolia entra en la carrera por el mayor proyecto de biometano de Cataluña por 120 millones
Cuatro consorcios liderados por grandes grupos compiten por la concesión para construir y explotar durante una década la planta de Can Barba, en Terrassa, uno de los mayores proyectos de gas renovable financiados con fondos europeos en Cataluña
El Director País de Veolia en España, Daniel Tugues.
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Veolia ha dado un paso más en su ofensiva en España al entrar en la carrera por el mayor proyecto de biometano licitado hasta ahora en Cataluña. La multinacional francesa concurre, junto a Aquambiente, a la concesión para construir y explotar la planta de biometanización de Can Barba, en Terrassa, un contrato valorado en cerca de 120 millones de euros, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL.
La puja por Can Barba encaja con la estrategia de consolidación que Veolia viene desplegando en España para dejar de ser percibida únicamente como el grupo que controla Aguas de Barcelona (Agbar).
En el primer tercio de este año, Criteria Caixa irrumpió en su capital con la compra del 5,01% por unos 1.000 millones de euros, dando entrada al brazo inversor de la Fundación la Caixa en una multinacional con ambición de crecer en infraestructuras hídricas y, sobre todo, energéticas.
En los últimos cuatro ejercicios, Veolia ha invertido alrededor de 560 millones de euros en España, buena parte de ellos en adquisiciones de pequeñas y medianas compañías locales especializadas en eficiencia energética, biomasa y servicios energéticos.
Solo en los últimos doce meses, el grupo ha destinado unos 150 millones a comprar media docena de empresas —desde la canaria Electrimega hasta la catalana Imartec— y prevé elevar su inversión en el país al menos un 40% a medio plazo.
Con unos ingresos de 2.600 millones en España, el 6% de su facturación global, el biometano se perfila ahora como una palanca adicional para reforzar un conglomerado energético de base local con aspiraciones nacionales.
En la puja por el contrato se encuentran otras tres grandes UTEs. FCC-Urbaser, Valoriza (Morgan Stanley) y el grupo propietario de Lidl se han situado junto a Veolia en la línea de salida para hacerse con la concesión.
El contrato, promovido por el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, se articula como una concesión de obras que incluye tanto la ejecución de la infraestructura como su explotación durante diez años, dentro de un plazo total de 12 ejercicios.
La iniciativa está financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del mecanismo Next Generation EU, lo que la sitúa bajo el escrutinio reforzado de las instituciones europeas en materia de control y transparencia.
La futura planta de Can Barba tratará hasta 20.000 toneladas anuales de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia, un proceso que permite generar biogás a partir de la fracción orgánica y transformarlo posteriormente en biometano, apto para su inyección en la red gasista.
El proyecto se enmarca en el componente 12 del plan estatal —Política Industrial España 2030— y en la inversión dedicada a reforzar la normativa de residuos y el impulso de la economía circular, uno de los ejes estratégicos de la transición energética europea.
El interés suscitado por la licitación se refleja en el perfil de las empresas que han presentado oferta. Una de ellas es Valorización Servicios Medioambientales (Valoriza), filial de Sacyr hasta 2023, cuando fue comprada por Morgan Stanley Infrastructure.
También concurre una unión temporal de empresas formada por Urbaser y FCC Medio Ambiente. Se trata de dos pesos pesados del sector: Urbaser está participada por el fondo estadounidense Platinum Equity, aunque actualmente se encuentra en proceso de venta, mientras que FCC está controlado por el empresario mexicano Carlos Slim.
La cuarta oferta procede de la UTE formada por PreZero Gestión de Residuos y Constructora de Calaf. PreZero es la filial medioambiental del Grupo Schwarz, propietario de Lidl y Kaufland, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
Veolia y sus competidoras tendrán que elaborar un proyecto verde
El diseño del concurso pone el acento más allá del precio. Solo el 35% de la puntuación total depende de la oferta económica, mientras que el resto se reparte entre criterios técnicos automáticos y de juicio de valor.
Entre ellos figuran la calidad de los sistemas constructivos, la propuesta de explotación, la integración arquitectónica y paisajística de la planta o la aplicación de los criterios de la taxonomía verde europea en la valorización de los residuos.
Además, el concesionario deberá garantizar una valorización mínima del 70% del peso total de los residuos tratados y cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente (DNSH), condición esencial para el uso de fondos europeos.
Más allá del resultado del concurso, la pugna por Can Barba confirma que el biometano ha dejado de ser un nicho experimental para convertirse en un activo estratégico para constructoras, fondos internacionales y grandes grupos empresariales. Cataluña, con este proyecto, se sitúa en el radar de una competencia cada vez más intensa por liderar el desarrollo del gas renovable en España.
