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El expresidente de La Seda, Rafael Español no evita la cárcel mientras que cuatro exdirectivos lo consiguen al aceptar los delitos que se les imputaban

Barcelona, 30 de marzo de 2017 (21:03 CET)

La fiscalía y cinco exdirectivos de la compañía química La Seda, del Prat de Llobregat (Barcelona), han llegado a un acuerdo de conformidad por el que aceptan penas menores de prisión por apropiación indebida al simular ventas ficticias. Así, su expresidente Rafael Español ha aceptado dos años y medio de prisión, que le obligarán a entrar en un centro penitenciario porque, en una anterior sentencia de 2015 también relacionada con La Seda, ya fue condenado a otros dos años. 

Tras este acuerdo entre las partes, los exdirectivos han evitado el juicio que tenía que celebrarse esta semana en la Audiencia de Barcelona. Asimismo, cuatro exdirectivos también aceptarán penas menores de prisión. El fiscal acusaba al antiguo dirigente de la sociedad y al resto de mandatarios de delitos de estafa en modalidad de contrato simulado y apropiación indebida agravada por valor de defraudación. Otro de los cargos que se les imputaban eran los relativos a administración desleal y falsedad documental.

La Seda: los exdirectivos simularon la venta de 58.450 toneladas de producto PET

Según las conclusiones del ministerio público que figuran en su escrito provisional, los acusados habían simulado la venta de 58.450 toneladas de producto PET, un plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. La venta se realizó a compañías vinculadas con los acusados para luego revenderlas a La Seda.

En diciembre de 2015, el que fuera máximo responsable de la empresa, pactó dos penas, una de un año y otra de 11 meses y 15 días de cárcel. Español también acató una multa de 702.715 euros como coator del desfalco de la compañía entre 2000 y 2004.

Repaso de los hechos

La resolución juzga el proceso de reventa de la producción ficticia a La Seda.  Esta operación causó a la compañía un perjuicio económico de 4,3 millones de euros. Tal y como afirma el fiscal, los acusados también trataron de simular el transporte del supuesto plástico producido, que iba desde la sede de La Seda en El Prat de Llobregat hasta otras compañías del grupo.

En julio de 2013, La Seda entró en concurso de acreedores. Finalmente la empresa no pudo superar este obstáculo y, después de múltiples disputas por el control del accionariado, entró en liquidación. 

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