Gas Gas mete prisa al juzgado

Una delegación de Gas Gas formada por miembros del comité de empresa y de la dirección, encabezada por el director general en funciones, Carles Gallifa, acudieron el jueves al Juzgado Mercantil número 1 de Girona para suplicar que se adjudique la unidad de producción lo antes posible. No pudieron reunirse con el juez titular, por encontrarse ausente, pero sí con su substituto, que les manifestó la intención de «resolver» el proceso de liquidación en breve.

Pere Brangolí, presidente del comité de empresa, confía que el Juzgado adjudicará la unidad de producción antes del 19 de noviembre, cuando abre la EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) de Milán, la principal feria de motociclismo del mundo, donde se firman los contratos de distribución. «Si no estamos en la EIMA, nos quedaremos sin distribuidores, que se irán a otras marcas», advierte Brangolí. Para Gas Gas mantener la red comercial en el extranjero es fundamental porqué, de las 8.000 motocicletas que fabricaron el año pasado, se destinó casi el 90% a la exportación.

Torrot ocupa la primera posición 

Tres empresas han presentado ofertas vinculantes para quedarse con la unidad de producción de Gas Gas: la catalana Torrot, la francesa Sherco y el fondo de inversión IRG. Tanto el comité de empresa, como la dirección en funciones y el administrador concursal –Landwell Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Services– han presentado escritos ante el juzgado mercantil para pedir que se adjudique a Torrot, que también ha presentado la mejor oferta económica.

Torrot Electric Europa ofrece 9,67 millones de euros, asume parte de la deuda acumulada y se compromete a invertir 13 millones de euros en los próximos tres años en un plan de viabilidad que contempla subrogar el contrato de 55 de los 85 trabajadores que continúan en la actualidad en la fábrica de Salt (Girona).

IRG ofrece poco más de 7 millones y garantiza mantener a 60 empleados, pero la plantilla desconfía de su propuesta por tratarse de otro fondo de inversión, que relevaría a los otros cinco –Excel Partners, Coller Capital, Vector Capital, Ingenia y un grupo israelí– que se han turnado en el control de la empresa en los últimos veinte años y que consideran culpables de llevarles al desastre. Por último, la francesa Sherco ofrece tan sólo 2,5 millones de euros y 47 puestos de trabajo.

Mantener la marca y la producción

Tal como subraya Pere Brangolí, los trabajadores, la dirección y el administrador concursal han comunicado por escrito al juzgado su apuesta por Torrot no sólo porque ha presentado la mejor oferta económica, sino porque se trata de una empresa con experiencia en el sector que se ha comprometido a mantener la marca gerundense y la actual producción de motos de trial, enduro y quads.

Brangolí recuerda que 13 empresas se mostraron interesadas en quedarse la unidad de producción de Gas Gas, de las cuales 8 se entrevistaron con el comité de empresa si bien solo 3 acabaron presentando una oferta vinculante. Alguno de los posibles inversores chocaron con el rechazo de la plantilla, como es el caso de la austriaca KTM. En julio pasado, cuando sus responsables visitaron la factoría de Salt se les recibió con neumáticos ardiendo y con una pancarta donde se leía: «KTM esta no es tu casa». Los trabajadores no les perdonaban que vinieran del brazo de Ramon Puente, consejero delegado de Gas Gas hasta que el juez decidió la liquidación. 

Deuda superior a los 40 millones

En 2013, el último ejercicio con datos fiables, Gas Gas facturó 30 millones de euros, pero encajó cerca de 2,8 millones de pérdidas. La deuda acumulada supera los 40 millones. Los principales acreedores son Banco Sabadell, CaixaBank, BBVA, ING y el Institut Català de Finances (ICF) del gobierno catalán. A finales del año pasado, la dirección del fabricante de motos anunció un acuerdo inminente con la banca para refinanciar la deuda, pero no se confirmó y, en enero, se declaró preconcurso de acreedores y se suspendió toda la producción. Desde entonces los trabajadores han encadenado dos ERE consecutivos.

Antes de entrar en concurso de acreedores, en mayo pasado, la dirección negoció con la Generalitat una nueva línea de ayuda sin conseguirlo. Con anterioridad, el gobierno catalán había avalado créditos a través del ICF y, en 2008, había entrado en su accionariado con Ingenia Capital, una sociedad de capital riesgo creada un año antes por la misma Generalitat y que estaba gestionada por Alta Partners, la consultora de Sergi Alsina, imputado en el caso ITV junto a Oriol Pujol Ferrusola. Casualmente, diversos medios de comunicación han relacionado un expresidente de Ingenia Capital, el empresario y periodista andorrano Francesc Robert, con negocios de Jordi Pujol Ferrusola. Robert siempre ha negado ser un testaferro del hermano mayor.

Des de verano de 2013, la empresa estaba controlada por un grupo de cuatro inversores israelíes –Yariv Gilat, Ron Yosef Klein, Sagiv Efroni y Daniel Yacov Gabay–, que ostentaban el 68% del capital, si bien las riendas las siguió llevando un accionista minoritario, Ramon Puente, en calidad de consejero delegado.

Desaparecen los inversores israelíes 

Según cuentan los trabajadores, una vez se decretó la liquidación, Ramon Puente ha intentado desembarcar otra vez en Gas Gas con otros inversores, pero del grupo de los israelíes nunca más han sabido. Se largaron.

Yariv Gilat, presidente de Gas Gas hasta el concurso de acreedores, figura como director de Hiperdia SA, una empresa que opera en el sistema sanitario de Rumanía como proveedor de servicios de diagnóstico por la imagen. Con anterioridad, según consta en su perfil de Linkedin, Yariv Gilat había creado un fondo de inversión (Kryptonite) y había dirigido negocios tan diversos como una fábrica de componentes electrónicos (Oplus Techologies, en Israel), de programas informáticos para aprender inglés (White Smoke), juegos de casino para telefonía (Playtica) o una casa de empeño de joyas, metales preciosos, diamantes y relojes de lujo por Internet (ipawn.com, con sede en la ciudad de Tyler, Texas).