La consultora para la que trabaja Recoder defiende la gestión de Acciona en ATLL

La gestión que Acciona está haciendo de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la concesionaria del suministro de agua de Barcelona y su área metropolitana, está más que en duda, después del informe de Antifraude que cuestiona las subcontratas hechas a filiales de Acciona. Por ello, la empresa que preside José Manuel Entrecanales y ATLL han contratacado con otro informe que se carga las tesis de Antifraude.

Este contrainforme lleva la firma de la consultora KPMG, la misma por la que en 2013 fichó el ex conseller Lluís Recoder como socio y donde sigue trabajando, desde enero, como abogado externo en temas relacionados con el derecho público y los sectores regulados. Él mismo fue el padre de la adjudicación de ATLL a Acciona a finales de 2012: era el conseller de Territori en ese momento y de su cartera dependía la gestión de las aguas.

KPMG defiende la legalidad de los contratos

KPMG ha realizado un informe de 80 páginas, que no firma Recoder sino Fernando Cuñado y Montserrat Trapé, socios de la firma, que desmonta los argumentos de Antifraude. El documento, al que ha tenido acceso Expansión, asegura que las subcontratas a filiales de Acciona, denunciadas por la CGT y que están siendo investigadas por Fiscalía y también por Hacienda, eran legales, por lo que «no cabría considerar resolución contractual alguna».

Según la consultora, Antifraude comete «numerosos errores» de interpretación y «concluye sobre una serie de hipótesis ajenas a la realidad económica y documental». «Los planteamientos y conclusiones de la Oficina Antifraude de Cataluña decaen por ser infundados e incorrectos», prosigue el informe. El documento achaca estos supuestos «errores» a «un trabajo de análisis poco riguroso, nada analítico y de carácter superficial y ligero».

Múltiples investigaciones

Acciona y ATLL ya habrían hecho llegar el informe a la Generalitat, que estudia desde febrero las conclusiones de la oficina que dirige Daniel de Alfonso para decidir si revoca la concesión, a instancias de una moción del Parlament de Catalunya. A su vez, la Fiscalía también lo está investigando, así como Hacienda, a raíz de una denuncia de la Generalitat.

El asunto no podría estar más judicializado. Además de estas investigaciones, la privatización de ATLL en 2012, que tuvo a Recoder como uno de sus protagonistas, ha sido revocada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que dictaminó en verano del año pasado que la concesionaria debía volver a manos públicas. Acciona mantiene la gestión porque el Govern recurrió al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.

De Alfonso sale al paso  

El director de la Oficina Antifraude ha salido al paso del informe de KPMG y, en declaraciones a periodistas, se ha reafirmado en la denuncia de las irregularidades en las subcontratas de ATLL y se ha mostrado convencido de que éstas habrían provocado un encarecimiento de la tarifa del agua para el año que viene.

Daniel de Alfonso ha respondido que su informe es «firme, solvente y sin fisuras» y que las críticas de la consultora son «fácilmente desmontables». El director de Antifraude ha dudado de que no hubiera refacturación, puesto que sospecha que algunas facturas no corresponden a servicios prestados realmente.

En cualquier caso, De Alfonso se ha mostrado tranquilo y confiado de que las investigaciones en marcha le darán la razón: «La Fiscalía ya resolverá si las facturas eran falsas, si se han cobrado servicios o no. Nosotros lo hemos visto y lo hemos contado con pelos y señales, sin temor a nadie ni a nada».