La estafa de los servicios premium encarece en 52 euros la factura del móvil

Las compañías que se lucran con servicios de mensajería y contenidos, generalmente no solicitados, facturan hasta 12 millones anuales con un negocio que ya encabeza las quejas de los usuarios de telecomunicaciones

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El negocio de los «servicios premium» se ha convertido en la estafa de moda entre los usuarios de telefonía móvil. Las denuncias de activaciones sin consentimiento se han disparado desde el año pasado y ni las compañías que generan estos servicios ni las operadoras suelen explicar de forma clara y convincente en qué consiste el servicio y cómo se activa. 

La mayoría de los usuarios no recuerda haber dado de alta el servicio, y algunas empresas reconocen que la activación comienza con un banner que invade la pantalla mientras el usuario navega por internet con su móvil. Cualquier clic involuntario podría ser fatídico. 

Un puñado de empresas, muchas de ellas domiciliadas en otros países, manejan el dudoso servicio que puede llegar a encarecer unos 52 euros al mes la factura del móvil, pero dos sociedades se repiten en las quejas formuladas ante las asociaciones de consumidores: Digitarán y Neomobile Spain. La primera facturó en 2013 más de cinco millones y la segunda, con operaciones en Italia y América Latina, registró 12 millones en ingresos sólo en España, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

El banner indeseado

«Me di cuenta de los cargos irregulares hace pocos días porque confundí el cobro con la cuota mensual de un iPhone que había adquirido a plazos. Los cargos eran de dos empresas diferentes, pero el resultado siempre era el mismo: entre seis y siete euros a la semana por cada empresa, 52 euros en total al mes. Nunca me di de alta en ningún servicio y jamás introduje mi número en ninguna web», explica Javier Aranda, cliente de Vodafone que ha iniciado un largo recorrido para recuperar los 173 euros cobrados de forma injustificada en sus facturas desde noviembre.

Factura de un usuario afectado por los servicios premium.
                       Factura de un usuario afectado por los servicios premium.

Neomobile explicó al cliente que la activación del servicio se producía cuando navegaba en internet y aparecía un banner. Al ingresar y aceptar las condiciones, se ejecutaba el alta. Ante las exigencias del usuario, la empresa ofreció devolver primero el 80% de la cuantía cobrada, pero las amenazas de denuncia fueron suficientes para que la compañía devolviera todo el dinero.

Pero la otra empresa dedicada al negocio, Digitarán, que cobra un servicio llamado Clubmóvil, con el que se pueden descargar «contenidos de ocio», se ha negado a devolver el dinero. Digitarán pertenece al grupo Jet Multimedia España, que ha sido contratado en cuatro ocasiones para ofrecer los servicios de números de citas previas para la tramitación de DNI en las oficinas policiales de toda España. La empresa asegura que todos sus usuarios se dan de alta «de forma consciente» tras «interactuar con un banner y leer las condiciones del servicio». 

Las compañías explican que la activación siempre es voluntaria pero las denuncias no sólo crecen en las asociaciones de usuarios (la OCU contabiliza más de 40.000 al año) sino que se visualizan en decenas de foros de todo tipo donde se repiten los mismos procedimientos. Desde un test de personalidad trampa en Facebook hasta una consulta de horóscopo, cualquier mensaje no deseado puede terminar con una factura disparada. 

Usuarios más desprotegidos desde enero

Las quejas y denuncias por servicios premium no solicitados suponen la primera causa de denuncias en telecomunicaciones, según explica Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de las Comunicaciones.

El código de conducta del sector obligaba a seguir ciertos procedimientos para garantizar que el cliente realmente activa el servicio de forma consciente. Se había exigido a las empresas que usaran dobles avisos para ejecutar las altas.

Pero una reciente sentencia del Tribunal Supremo tumbó la normativa por considerar que el Ministerio de Fomento no tenía competencias para elaborar una ley de ese tipo. «Ahora los usuarios de telecomunicaciones están más desprotegidos», asegura el presidente de la Asociación de Usuarios de las Comunicaciones.

Cuando fui a la OCU, me dijeron que tenía que asociarme para que me procesaran la denuncia. Y en las oficinas de la Comunidad de Madrid, tengo que dejar de trabajar para ir a poner la reclamación. Hasta ahora, ninguna de las dos empresas me ha explicado qué tipo de servicios supuestamente solicité: si un horóscopo, una web de contactos o juegos para el móvil», explica el afectado.

Pero la reclamación tampoco supone el fin al calvario por los servicios dudosos. Los usuarios también comienzan a denunciar que las operadoras cancelan la línea a quien se niega a pagar los polémicos servicios, una práctica ilegal. 

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