La Fiscalía tolera que Soriano y la cúpula de Spanair se marchen de rositas

stop

El Ministerio Público acepta la sentencia de la Audiencia Provincial por el retraso de la dirección a la hora de convocar el concurso de acreedores

El presidente de Spanair, Ferran Soriano, al anunciar el cese de operaciones de la compañía en 2012. | EFE

Barcelona, 01 de junio de 2016 (01:00 CET)

La flor y nata del empresariado catalán respira aliviada. El halo de culpabilidad que recaía sobre el consejo de administración de Spanair por demorarse a la hora de presentar el concurso de acreedores se despeja. A principios de mayo la Audiencia Provincial revocó la sentencia que condenaba a Ferran Soriano -entonces presidente de la aerolínea- y compañía a pagar 10,8 millones. Ahora es la Fiscalía la que da el carpetazo definitivo, acepta la decisión y no elevará el caso al Tribunal Supremo.

El pasado 31 de junio terminaba el plazo para que el Ministerio Público presentase un recurso al texto firmado por los cinco magistrados de la Audiencia. La fiscal Raquel Amado -ahora inmersa en el caso Messi- ha declinado alargar la agonía para los doce consejeros, sobre los que también recaía una inhabilitación durante dos años para figurar como administradores sociales de una empresa.

Lo mejor de cada casa

Además del actual director ejecutivo del Manchester City, entre los indultados se encuentran Joan Gaspart -Husa-, Agustí Cordón -ahora en el Grupo Zeta, entonces en Fira de Barcelona-, Josep Mateu -Racc-, Jordi Bagó -Serhs-, Miquel Martí -Moventia-, Tatxo Benet -Mediapro-, Manuel Abanell -Catalana d'Iniciatives-, Michael Balint y Benny Zakrisson -ambos de SAS- y Michael Szücs -cómo consejero delegado-.

La compañía protagonizó en enero de 2012 la mayor quiebra de una aerolínea española. Anunció el cese de actividades el día 27 y dejó en tierra a 23.000 pasajeros y unas deudas de 474 millones de euros. Ahora, además, la administración concursal ha emprendido una batalla legal contra las agencias de viajes que devolvieron a los viajeros el importe de los billetes comprados y que no pudieron disfrutar.

Un agujero a las arcas catalanas de 175 millones

Según estimó el juzgado mercantil número 10 de Barcelona, el consejo debió presentar el concurso en septiembre de 2011, al vislumbrarse ya entonces un futuro inviable para la compañía. Sin embargo, la Audiencia contradice el texto original y asegura que gracias a la inyección de dinero hecha por la Generalitat y Fira de Barcelona y las negociaciones abiertas con Qatar Airways y HNA, la actuación fue "diligente".

Para el magistrado, postergar el concurso fue una "huida hacia adelante" que empeoró todavía más la salud de Spanair. Para la Audiencia, en cambio, la "decisión del consejo no merece ningún reproche" con el posible acuerdo con el emirato sobre la mesa.

Sin embargo, los meses en los que la aerolínea permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos le costaron a las arcas catalanas un total de 91 millones de euros en varios préstamos. El más cuantioso, el 24 de mayo, procedente de la Generalitat por valor de 56 millones, que en los meses posteriores aportaría 25 millones más. Los 10 restantes los puso Fira de Barcelona el 31 de octubre.

En total, los fondos públicos recibidos por la compañía ascienden a 175 millones de euros -25 procedentes del recinto ferial- a lo largo de los años de actividad. El objetivo, convertir el aeropuerto de El Prat en un foco de tráfico trasnoceánico que ayudara a dinamizar la economía de Cataluña y fomentar la llegada de nuevos congresos a la Fira.

Las negociaciones con Qatar Airways

Spanair acumuló pérdidas "elevadísimas" en sus últimos tres ejercicios de vuelo. En 2009 fueron 185,4 millones, en 2010 la cantidad se rebajó hasta los 136,9, cifra que casi se repetiría en 2011 -163,2 millones-.

Por ello, el gobierno autonómico y la dirección de la compañía acuerdan la necesidad de encontrar un socio industrial capaz de dotar de músculo económica la aerolínea. Es en octubre de hace un lustro cuando se oficializan las negociaciones para que Qatar Airways asuma el 49% del capital -el máximo permitido por la legislación europea-. Se firma un contrato de exclusividad hasta el 23 de enero con la condición de que la Generalitat invertirá los fondos necesarios para mantener en el aire las aeronaves catalanas hasta cerrar la operación. 

Hasta que aparecieron Vueling y Ryanair

El acuerdo estaba prácticamente rubricado cuando la asociación europea de compañías de bajo coste denunció las ayudas públicas recibidas por Spanair al considerarlas ayudas de Estado. Según denunciaron Ferran Soriano y Joan Gaspart en la comisión de investigación del Parlament, las alertas que lideraron Vueling y Ryanair comportaron que la entidad asiática se retirara del proyecto. 

Mientras, diputados cómo Antoni Fernández Teixido -CiU- insistieron en tratar de averiguar el rendimiento económico individual que los empresarios esperaban obtener a nivel particular. "Pensábamos que hacíamos un gran favor al país", contestó el antiguo presidente del FC Barcelona.




 
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad