La Generalitat lleva a la CCC a la fiscalía

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La consejería de Trabajo pone en conocimiento del ministerio público las sospechas sobre posible delito con los fondos para formación

Los centros de formación afectados por la Confederació de Comerç se concentraron ante la sede de Foment / XA

Barcelona, 20 de diciembre de 2016 (06:00 CET)

La paz judicial que vive la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) tras presentar la mayor quiebra de una patronal española empieza a truncarse. Por ahora nadie ha denunciado a la organización, a pesar de que el propio administrador concursal observó indicios de delito, pero la Generalitat ha empezado a moverse.  

El Govern ha recurrido a la fiscalía para transmitirle sus sospechas de delito por la gestión de las subvenciones para formación. En concreto, por los fondos que la CCC retenía a los centros a los que asignaba los cursos en concepto de garantía. La patronal no retornó parte de estos fondos y ahora los depósitos han desaparecido.  

Fuentes de la consejería de Trabajo explicaron a Economía Digital que han informado a la Fiscalía de Barcelona de que han tenido conocimiento de dichas prácticas. Según las mismas fuentes, fue a partir de algunos centros de formación, que se movilizaron y denunciaron su situación ante las administraciones.  

Una de las personas con las que los centros hablaron fue Josep Ginesta, secretario general de Trabajo de la Generalitat. Tras analizar los hechos, el Govern decidió que tenía que poner el caso en conocimiento de la fiscalía, y así lo hizo el pasado jueves 15 de diciembre.  

Ahora la fiscalía debe decidir si tiene suficientes indicios como para incoar diligencias de investigación o no. Será tras la investigación, que puede durar hasta seis meses, cuando decida si presenta denuncia o archiva el caso.

Primera posible denuncia  

El caso se encuentra en sus inicios, pero se trata de la primera posible denuncia contra los gestores de la CCC, encabezados por su presidenta, Maria Rosa Eritja, y su ex secretario general, Miquel Ángel Fraile. Como explicó este medio, no constan hasta ahora denuncias, ni de la propia junta de la CCC contra Fraile, a quien culpan del hundimiento de la patronal, ni de ninguno de los acreedores.  

En la memoria entregada al administrador concursal, Eritja acusaba a Fraile de montar un "negocio para él y su familia" con los fondos para formación. El administrador lo estudió y vio indicios de delito en los depósitos de garantía.  

A priori, los depósitos eran un porcentaje del curso que se retenía por si, durante la revisión del curso por parte de la administración correspondiente, surgía alguna incidencia. Pero muchas no se devolvían. El administrador concursal cree que tejió una trama piramidal: con los nuevos depósitos, se pagaban los antiguos, hasta que la vaca de la formación empezó a reducir drásticamente la leche y se acumularon las pérdidas y las deudas de la CCC.  

A pesar de las evidencias, y de que la junta de la patronal acusa abiertamente a Fraile, no sólo no le ha denunciado sino que está ocultando información al administrador, según él mismo criticó. Las fuentes consultadas explicaron que tanto Eritja como la junta temen que una denuncia a Fraile les salpique, ya que, si como dicen no conocían la situación real de la CCC, debieron conocerla.
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