La Oficina Informática de Madrid desechaba las mejores ofertas en sus concursos
El ente público excluía a los mejores postores pero aceptaba aumentos injustificados de los adjudicatarios
Las ofertas baratas en los concursos públicos casi nunca llegaban a buen puerto en la Oficina de Informática de Madrid (ICM), el ente público que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por irregularidades en la contratación de proveedores de tecnología.
La cláusula que intenta excluir a las ofertas temerarias de los concursos públicos era utilizada de forma recurrente por la Oficina Informática de Madrid para desechar a las ofertas más económicas. Por el contrario, la agencia aceptaba aumentos injustificados de sus proveedores que año tras año, tal como publicó este diario.
Los contratos de la agencia terminaban desincentivando las rebajas y, al haber poca diferencia de precios, dejaban la adjudicación en manos técnicos que valoran con criterios subjetivos, explica un informe privado de la empresa Hard News SL incluida en la denuncia que Manos Limpias ha llevado hasta la Audiencia Nacional por la Operación Púnica, el último escándalo de corrupción en Madrid.
La táctica
El peso de los criterios subjetivos (40%) hace que los técnicos encargados de valorar las ofertas puedan favorecer a una empresa concreta, según ha insistido el Tribunal de Cuentas en un informe de diciembre de 2013. El organismo considera que la práctica, extendida en otras empresas públicas y administraciones, ocasiona que las empresas inflen sus precios por temor a ser expulsadas. Una vez expulsadas las opciones baratas y cuando las ofertas son económicamente similares, los responsables municipales tienen la capacidad de seleccionar, con base en los criterios subjetivos, a cualquiera de las compañías restantes.
El rechazo a los candidatos con ofertas más económicas contrasta con el trato a las empresas adjudicatarias. El ente público no suele poner objeciones a las renovaciones que aumentan en 100% las cantidades de los contratos del año anterior.
Facturación al alza
Una de estas contrataciones pertenece a la empresa Fatwire Ibérica (hoy extinta) que facturó el 2009 por «el mantenimiento de licencias Fatwire» 509.000 euros y un año después por el mismo contrato cobró 1.012.000 euros. El sistema de grabaciones de audio de los juicios en Madrid fue entregado en 2009 a la empresa Vitelsa por 158.514 euros sin concurso público. El año siguiente, ganó la misma empresa, esta vez en concurso público pero la facturación casi se había doblado. Cobró esta vez 277.137 euros. La asignación a dedo se eleva hasta el 50% en los contratos de la agencia.
La Audiencia Nacional sospecha que el consejero delegado de la empresa pública de informática, José Martínez Nicolás, que dimitió la semana pasada por la investigación de la Operación Púnica, inflaba las facturas a proveedores para obtener dinero negro.
