La UDEF pone patas arriba la sede de Acciona en Madrid por el ‘caso Zaragoza Plaza’

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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal investiga el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de un polígono logístico

El presidente de Acciona, Entrecanales | ED

16 de septiembre de 2014 (20:36 CET)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha vuelto a poner patas arriba la sede de Acciona en Madrid en el marco de la investigación del caso Zaragoza Plaza.

La policía se ha presentado este martes en la sede madrileña de la constructora y concesionaria para recabar más información y conseguir nuevos documentos con los que esclarecer el presunto desvío de fondos públicos por parte de los directivos de la Unidad Temporal de Empresas (UTE) que gestionaron el desarrollo la construcción de un polígono industrial en la ciudad aragonesa entre 2008 y 2011.

Segundo registro en menos de un año

La compañía ha entregado todos los documentos que han solicitado los agentes, principalmente unas facturas de servicios y viajes contratados por Acciona con una agencia para algunos de sus directivos. La empresa que preside José Manuel Entrecanales ha insistido en que la petición se enmarca “dentro de la normalidad del proceso de investigación. Es una diligencia más”, informa Vozpópuli.

Es el segundo registro que realiza la policía en la sede madrileña en menos de un año. La justicia ya se vio obligada a recurrir a la UDEF el pasado abril porque llevaba meses reclamando una documentación que no se le facilitaba. Pero en esa ocasión, también se presenciaron en las oficinas centrales que Acciona tiene en Zaragoza.

Dos altos cargos de Acciona, imputados

El tribunal ha cifrado en 13 millones de euros el fraude en la construcción del polígono aragonés, aunque la cifra puede superar los cien millones de euros. El actual gerente de la empresa semipública, Jesús Andreu, elevó a 104 millones el desfase a raíz de un informe firmado por una consultora privada. 

Dos altos cargos de Acciona están imputados en la causa. Se trata de José María Jordán, a quien se ha señalado como uno de los principales cabecillas de la trama, y Miguel Ángel Bretón. Se les acusa, junto a otras tres personas, de malversación de fondos públicos, cohecho, falsedad documental continuada y blanqueo.

A la compañía de los Entrecanales se les acumulan los problemas después de que recientemente hayan perdido la concesión de aguas en Cáceres y tengan pendiente de resolución la adjudicación en Cataluña del servicio de suministro de agua a los municipios a través de ATLL.
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