Los comerciantes catalanes piden llevar al gobierno central al Constitucional

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El sector cree que Madrid ha invadido competencias autonómicas con su plan para modificar los horarios comerciales

02 de julio de 2012 (21:20 CET)

El comercio catalán entró en cólera este lunes cuando el secretario general de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció la modificación de los horarios comerciales para las 14 ciudades más turísticas de España (Barcelona, Sevilla, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Granada, Cartagena, Madrid, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife).

El gobierno central quiere ampliar los horarios para permitir las aperturas los domingos y festivos, una pretensión que será rechazada con todas las armas legales, según han anunciado los comerciantes catalanes. “Es un muy mal día para nosotros. Este martes nos reunimos con el secretari general de Comerç de la Generalitat, Josep Maria Recasens. Nos explicará la reunión en Madrid con el secretario de Estado. Estoy convencido de que esto terminará en el Tribunal Constitucional”, explicó Alejandro Goñi, presidente de Pimec Comerç, una de las entidades catalanas que agrupa a los comerciantes.

La Generalitat manifestó ayer su oposición a las medidas anunciadas por el gobierno y aseguró que no descarta ningún tipo de medida, incluida la del Tribunal Constitucional, para impedir la liberización del comercio en Barcelona.

El mecanismo

Con el propósito de reactivar el comercio, el gobierno central obligar a las comunidades a declarar ciudades de interés turísticas a las ciudades con más de 200.00 habitantes que hayan registrado un millón de pernoctaciones anuales o una afluencia superior a 400.000 pasajeros en cruceros.

El gobierno también ha comunicado este martes a los secretarios generales de las comunidades autónomas que el próximo año aumentará de 8 a 10 los domingos y festivos autorizados para la apertura de comercios. También subirá de 72 a 90 horas permitidas por semana durante los días laborables.

El comercio catalán cree que estas medidas destruyen el modelo económico y social que ha tejido el pequeño comercio en los últimos años y sólo favorecen a las grandes superficies y los centros comerciales.
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