Los convenios de las filiales en concurso retrasan la llegada de los bancos a Pescanova

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PROBLEMAS DE UNA MULTINACIONAL

Planta de Pescanova en Pontevedra

Madrid, 18 de enero de 2015 (19:05 CET)

Han pasado ocho meses desde que el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra dictara la sentencia aprobatoria del convenio de acreedores de Pescanova, y la situación de la multinacional pesquera gallega sigue envuelta en "serias incertidumbres y en la posibilidad de que no se pueda cumplir el convenio, lo que nos llevaría a la liquidación", como recordaba Diego Fontán, uno de los cuatro consejeros interinos (no hay presidente), en la última junta de accionistas celebrada a instancia judicial.

En principio, todo sigue su curso para cumplir con lo recogido en ese convenio promovido por los bancos acreedores (Sabadell, Popular, Caixabank, Bankia, Novagalicia, BBVA y los italianos de UBI Banca).

Convertirse primero en accionistas tras capitalizar 2.000 millones de euros e inyectar 125 millones y, después, modificar la estructura societaria para que la histórica Pescanova SA pase a denominarse Nueva Pescanova SL, la nueva marca que acaba de ser registrada ante la Unión Europea con validez desde mediados de abril.

Nueva Pescanova, marca registrada


Hasta entonces, como muy pronto, no se podrá llevar a cabo la operación acordeón de reducción del nominal a cero de todas las acciones actuales para, posteriormente, amortizarlas y hacer que desaparezcan.

A partir de aquí, se entregaría una acción nueva por cada 50 acciones antiguas, con lo que los actuales 28,73 millones de acciones de Pescanova, con un valor nominal de 6 euros, darán paso a menos de 600.000 acciones de la futura sociedad, con ese mismo valor.

Ruina de los minoristas


Para entendernos. Aquel que hoy tenga 2.000 acciones de Pescanova SA, valoradas en 12.000 euros, se quedaría con 40 acciones de Nueva Pescanova SL, que valdrían apenas 240. Una ruina en toda regla que llevó a cientos de minoritarios accionistas a interponer una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. La que instruye todavía el juez Pablo Ruz.

De momento, el magistrado ha impuesto a once de los imputados –entre ellos a Manuel Fernández Sousa-Faro, expresidente e hijo del fundador de Pescanova– el pago de una fianza solidaria de 158,53 millones para garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias que se deriven o, en caso de no hacerlo, proceder al embargo de sus bienes.

Tanto la antigua cúpula directiva como el auditor, BDO, están imputados por presuntos delitos de falseamiento de cuentas, estafa, uso de información relevante y alzamiento de bienes.

Petición de ampliar la querella


Tras la Navidad, otros accionistas han dado un paso adelante en esta investigación judicial que propició las prácticas fraudulentas, que llevaron a Pescanova a aumentar su deuda en 2.200 millones en los últimos años. Han pedido que se amplíe la querella al Banco Sabadell, al entender que jugó un papel definitivo en la estafa como presunto cooperador necesario.

En su escrito, los querellantes destacan, entre otras cuestiones, que, en los dos meses anteriores a la solicitud del preconcurso de acreedores de Pescanova, la entidad financiera vendió títulos de Pescanova por casi 30 millones, cuando, simultáneamente, recomendaba la compra de acciones de la pesquera. La admisión o no de la ampliación de la querella por parte del juez Ruz determinará que la investigación coja impulso o quede relegada a la responsabilidad de los antiguos directivos.

Bicefalia interina


En el día a día de la gestión de la empresa se aparenta normalidad, con esa bicefalia formada por un consejo de cuatro miembros –Alejandro Legarda, Fernando Herce, César Mata y Diego Fontán Zubizarreta, que lo hace en representación de su esposa, la hacendada heredera asturiana Carolina Masaveu, una de las principales accionistas de Pescanova, tras acumular más de dos millones de acciones (el 7,13%) por poco más de 5.000 euros–, tutelado por una comisión de vigilancia, órgano que los bancos impusieron para velar por el cumplimiento del convenio, de la que se encarga Jacobo González-Robatto, banquero e hijo de un antiguo consejero de Pescanova.

En principio, esta situación de interinidad no iba a ser tan prolongada, pero ya se baraja incluso la posibilidad de que los bancos no tomen el control de Pescanova hasta el próximo verano. Entre las causas de la demora, el hecho de que los procesos concursales de las nueve filiales españolas no se tramitarán de forma exprés, sino por vía ordinaria, más lenta.

Resolución concursos de las filiales


Con la resolución de los concursos de las filiales, se procederá a segregar la totalidad del negocio a Nueva Pescanova, la sociedad limitada que tendrá esos más de 800 millones del pasivo postconcursal y agrupará las participaciones en la nueva sociedad Pescanova España, sucesora de la antigua Pescanova, que retendrá los activos actualmente basados en España e incorporará las actividades internacionales del grupo. De este modo, Pescanova conservará como único activo, tras el concurso, una participación del 4,99% en Nueva Pescanova.

En ese proceso final, existe interés por saber cómo queda la situación en la futura Pescanova de Crisgadini, la sociedad de inversión administrada por la heredera asturiana Carolina Masaveu que controla el 7,133% del capital de la pesquera. Y deslindar el motivo por el que Masaveu adquirió, el pasado 5 de mayo –ya sabiendo que esas acciones, tras la dilución, no iban a valer casi nada–, 975.000 títulos por 5.070 euros.

Las razones secretas de Carolina Masaveu


Si evidentemente no es el precio, el sentido del interés por el que Carolina Masaveu quiso atesorar 2.050.000 acciones de Pescanova debe ser otro, que está por ver. De momento, logra tener una participación muy similar al 7,52% del ex presidente de la empresa, Manuel Fernández Sousa, y claramente por encima del 6,2% de los Carceller (a través de Damm), del 5,84% del fondo de inversión Luxempart y del 5% del fondo Silicon Metals.

Mientras que estas y otras incógnitas se resuelvan en el futuro, la semana pasada el consejo interino de cuatro miembros –con el plácet de la comisión de vigilancia– decidía constituir la comisión de nombramientos y retribuciones y nombrar como miembros de la misma a Alejandro Legarda, Diego Fontán e Iberfomento (representada por Fernando Herce), que además desempeñará el cargo de presidente de dicho órgano.

Lo tenían fácil. Solo ellos, como únicos consejeros, podían formar parte de la nueva comisión. El otro consejero, César Mata, era designado secretario no miembro de la referida comisión.

 

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