Los directivos de Yamaha se ‘protegen’ de sus trabajadores 

La plantilla de Palau-solità i Plegamans recibe una carta en la que les avisan que en 15 días se instalarán cámaras de vídeovigilancia en la factoría y se contratarán guardaespaldas para los ejecutivos

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Los dirigentes de la factoría de Yamaha en Palau-solità i Plegamans han emprendido medidas para protegerse de los trabajadores, con los que están enfrentados por su intención de cerrar la fábrica catalana. El secretario general de la sección sindical del grupo, Óscar Rivera, ha explicado a Economía Digital que la plantilla ha recibido una misiva en la que les informaban de que en 15 días “se instalarán cámaras de vídeo vigilancia en las escaleras de la fábrica y han contratado a guardaespaldas para los directivos alegando posibles acciones violentas”.

Según su valoración, se trata de una estrategia más “del circo mediático que han organizado para hacer ver que somos violentos”. Asimismo, ha comentado que una de las primeras cosas que ha hecho la nueva dirección catalana es reunirse “con los distintos departamentos para pedir que colaboren en el cierre de la compañía”. Una acción que tacha de “bochorno brutal”, ya que asegura que en el encuentro estaba presente el nuevo presidente, José Ángel Escribese. “Le rebatimos todos los argumentos que presentaban”.

También justifican la protección del cuadro ejecutivo por los reveses que han recibido en los juzgados. El viernes pasado, mientras el conseller Francesc Xavier Mena aseguraba que la Generalitat defendería la continuidad de la factoría en el Parlament, directivos y trabajadores se veían las caras en los tribunales. Los primeros reclamaban 1,2 millones de euros por realizar una huelga encubierta cuando estalló el conflicto mientras que los asalariados les han denunciado por vulnerar los derechos básicos del Estatuto del Trabajador. “Aún no tenemos la resolución, pero estamos muy contentos de cómo fue el juicio”, asegura Rivera.

Reunión en Madrid

El comité de empresa ha forzado una toma de posición del Gobierno central ante el conflicto. Tras llamar a la puerta de La Moncloa, el director general de Industria, Jesús Candil, se ha sentado este lunes con los representantes de los trabajadores y les ha transmitido “su oposición frontal a la marcha de Yamaha de Catalunya”, tal como afirman en un comunicado.

Fuentes cercanas al equipo directivo de la multinacional japonesa aseguran que las palabras de Candil no cambian su hoja de ruta: están buscando la forma legal de cerrar la fábrica catalana. Por el momento, el comité ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el envío hacia Saint Quentin (Francia) algunas piezas desde Palau para conseguir homologarlas en el país vecino. Es el primer paso para trasladar a la población gala la producción de las 56.000 motocicletas que se hacen anualmente en la fábrica del Vallès Occidental.

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