Los empleados de Ficosa pasan cuentas a Bonastre

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Exigen a la Generalitat que nombre a sus representantes en el consejo de administración

22 de julio de 2013 (21:32 CET)

La plantilla de Ficosa exige de nuevo al Govern de Artur Mas (CiU) que se implique con la realidad de la compañía de componentes de la automoción. Los antiguos empleados de la planta de Sony de Viladecavalls (Barcelona) y los de las sociedades Ficotranspad y Ficotriad protestarán de nuevo este martes ante el Departament de Treball de la Generalitat. Reclaman al secretario de Ocupación y Relaciones Laborales, Ramon Bonastre, “que cumpla con su palabra”, según fuentes sindicales.

Los trabajadores recuerdan que, desde principios de 2012, las dos sillas que dispone el Ejecutivo en el consejo de administración de la empresa están vacías. Los sindicalistas ya denunciaron en mayo que Bonastre había tirado la toalla en su compromiso de fiscalizar al grupo dirigido por la familia Pujol. Desde ese momento, el Govern no ha dado ninguna muestra de asumir la responsabilidad, afirman fuentes del comité de empresa.

Cartas certificadas

Los trabajadores han enviado sendas cartas certificadas al máximo responsable de relaciones laborales en Catalunya y al conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, para recordarles su compromiso con la plantilla. “No hemos obtenido ninguna respuesta”, aseguran los mismos interlocutores.

Bonastre se comprometió a buscar a dos representantes con un perfil muy técnico para alejarse del perfil político que habían ocupado los portavoces de la Generalitat en el máximo órgano directivo de Ficosa. Los dos últimos representantes fueron el entonces director general de Indústria, Joan Sureda (CiU), y el ex directivo de la consultora Accenture, Pedro Navarro.

Los trabajadores siempre han relacionado la negativa de la Generalitat a entrar en Ficosa a los vínculos de la compañía con el caso ITV. El consejero delegado del grupo, Xavier Pujol, es uno de los testigos que ha declarado ante el juez para explicar su presunta implicación en la supuesta trama que actuaba para enriquecerse a raíz de las deslocalizaciones de varias compañías de Catalunya y que intentaba, además, alterar el futuro mapa de las estaciones de certificación de vehículos.

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