Los trabajadores de Comsa Emte convocan un día de huelga para negociar sus ERE

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LABORAL

Jorge Miarnau y Carles Sumarroca, Comsa Emte

07 de mayo de 2013 (19:36 CET)

Los sindicatos de Comsa Emte han convocado una huelga el próximo lunes en las divisiones de Sistemas, instalaciones (SLU) y Mechanicals para obligar a la cúpula del grupo de infraestructuras a negociar los expedientes de regulación de empleo (ERE) que han presentado. Están en período de consultas excepto en el negocio tecnológico, que se ha cerrado sin acuerdo.

Los representantes de los trabajadores reconocen que se trata de una medida de presión para que la compañía liderada por las familias Miarnau y Sumarroca ceda en algunas de sus pretensiones en el proceso. Denuncian su inmovilidad hasta la fecha y recuerdan que la próxima reunión tendrá lugar este jueves en el departamento de Relacions Laborals. Si en el encuentro los representantes de la dirección “cambian de actitud” plantearán desconvocar el paro, declaran fuentes sindicales que prefieren permanecer en el anominato.

Informes económicos

La cúpula de la empresa pretende amortizar 321 empleos (88 de sistemas, 92 de instalaciones y 141 de Mechanicals). Ha ofrecido a todos ellos una indemnización de 23 días por año trabajado con un tope de 13 mensualidades, según los mismos interlocutores. El principal objetivo de los comités de empresa es recortar el número de afectados. Aseguran que el objetivo se puede asumir si se tiene en cuenta los “múltiples errores” que denuncian de los informes económicos que han aportado al proceso.

Entre ellos, explican que Comsa Emte ha cifrado en 4.000 euros la realización de una obra en Sevilla “que los trabajadores de este proyecto aseguran que tiene un presupuesto de 40 millones”. Si se da por bueno este cálculo, aseguran que se podrían salvar unos 20 empleos. También comentan el caso de la facturación que aparece en la misma memoria explicativa, que en algunas páginas es de 47 millones de euros y en otras de 42 millones.

Las pérdidas de las tres divisiones del grupo alcanzan los 50 millones de euros, según los sindicalistas. La cúpula del grupo ha declinado hacer declaraciones sobre el proceso.
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