Madrid da la espalda al taxi: no regulará los vehículos VTC. EFE

Madrid pone contra las cuerdas al taxi: no regulará los vehículos VTC

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Los taxistas no logran ningún avance en sus negociaciones con la Comunidad de Madrid y se ven obligados a votar si seguir o no con las movilizaciones

Barcelona, 04 de febrero de 2019 (20:35 CET)

El gobierno de la Comunidad de Madrid sigue la dirección opuesta a los pasos que ha dado la Generalitat de Cataluña para regular a los vehículos VTC, los que utilizan las plataformas de movilidad como Uber y Cabify. El Ejecutivo presidido por Ángel Garrido (PP) ha retirado su oferta de regulación a los taxistas de la capital, que se verán obligados a decidir si vale la pena seguir o no con las movilizaciones. Según han explicado desde el Ejecutivo regional, la administración madrileña no quiere verse en la misma situación que Barcelona, donde la Generalitat ha forzado a Uber y Cabify a salir de la comunidad y ha provocado el despido de miles de empleados.  

La encargada de transmitir el mensaje ha sido la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, que se ha comprometido a convocar una reunión extraordinaria del Comité Madrileño de Transportes con la meta de consensuar una regulación para los VTC, pero que en ningún caso será 'exprés'.

Los taxistas cumplen este lunes su decimoquinta jornada de huelga y, con la nueva negativa del gobierno de la Comunidad de Madrid, siguen en el mismo punto de partida antes de iniciar las movilizaciones.  

El sector del taxi de Madrid vota mañana, martes, si sigue con la huelga

Son momentos delicados para el sector. Cada taxista, según múltiples voces consultadas, ha dejado de facturar una media 170 euros por cada jornada en la que ha dejado su vehículo estacionado en la calzada.

El cálculo durante todas las jornadas de movilizaciones asciende a más de 1.400 euros, en función de si su licencia la explota él solo, si tiene personal asalariado a su cargo o qué días tiene de libranza a la semana. 

Es por ello que los taxistas de Madrid decidirán mañana, martes, en un referéndum, si continúan su huelga indefinida. Tras la nueva negativa, afirman sentirse "insultados" y "humillados" por el Gobierno autonómico.

Garrido avisó

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aseguró en la mañana de este lunes que no aceptaría propuestas de los taxistas para legislar contra los vehículos de transporte con conductor (VTC), por lo que instó al taxi a presentar medidas para mejorar sus servicios.

Garrido confirmó a los medios que esta tarde que no iba a "legislar para que de forma directa o indirecta desaparezca" el sector de los VTC" y dejar en la calle a "3.000 personas, como ha pasado en Barcelona". El mandatario apostó por la convivencia de estos "dos sectores" y reclamó a los taxistas que hicieran "propuestas que vayan a favor de los taxis" y no "claramente" hacia la desaparición de los VTC.

Lo cierto es que los taxistas ya habían rebajado sus pretensiones. Presentaron el pasado jueves a la Comunidad de Madrid una nueva propuesta, en la que ya no planteaban el requisito de que la precontratación del servicio de los vehículos VTC se hiciera en base a cuestiones de temporalidad.

La relación entre el taxi y la Comunidad de Madrid siempre ha sido poco fluida. El pasado miércoles, ante una segunda propuesta del taxi, se evidenció lo alejadas que estaban las dos posturas. Garrido fue tajante al respecto: “La propuesta es aún más radical que las anteriores”. Añadió además que esta segunda propuesta  —  no la de este lunes —  era “inaceptable” y que no había "ningún punto de acuerdo”.

Madrid y Cataluña, cara y cruz de la guerra del taxi

Una de las claves de la decisión de la Comunidad de Madrid ha sido lo sucedido en Cataluña, donde la Generalitat ha forzado a estas compañías a salir de la comunidad y ha provocado el despido de miles de empleados. Allí, las empresas que gestionan las flotas de vehículos que operan con Uber y Cabify han presentado ya expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectan a cerca de 3.000 personas.

El Gobierno de Quim Torra decidió finalmente plegarse a las amenazas del taxi y fijar una precontratación mínima de los servicios VTC. La medida ha sido ahora copiada en el País Vasco, donde Uber y Cabify todavía no operan pero sí se habían solicitado centenares de licencias para desembarcar en el futuro. 

Desde la Comunidad de Madrid también han señalado que no quieren enfrentarse a ninguna reclamación millonaria, como sí ocurrirá en Cataluña. Los gestores de licencias VTC ultiman demandas millonarias y se calcula que, entre otras reclamaciones, se pidan aproximadamente 1.050 millones de euros a la Generalitat

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