Soriano suma argumentos para salir indemne de la quiebra de Spanair

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AVIACIÓN

08 de julio de 2014 (21:49 CET)

Ferran Soriano se mostraba satisfecho ante los periodistas de cómo había transcurrido la primera jornada del juicio por la quiebra de Spanair. El ex presidente de la firma salía de los juzgados de Barcelona a las cuatro de la tarde acompañado por varios abogados defensores. Dejaba atrás cinco horas de vista donde se ha comprobado que el relato de los hechos del antiguo consejo de administración coincide con el propio de la Generalitat. El discurso ha sido claro: Spanair fue solvente hasta que el Gobierno catalán quiso.

El interrogatorio al actual director general Manchester City ha sido el plato fuerte de la jornada. Se ha extendido durante casi dos horas en gran medida por el nivel de detalle de las preguntas que lanzaba la fiscal Raquel Amado. El ex presidente de la aerolínea se ha mantenido en guardia en todo momento. Sobre él –y el resto del consejo de administración-- pesa una acusación por supuestamente haber retrasado la declaración del concurso de acreedores durante cinco meses. La Fiscalía, basada en el informe de la administración concursal, indica que la firma debió ir a quiebra en junio de 2011 y no el 30 de enero de 2012, una vez ya había cesado operaciones pocos días antes. Por ello, solicita 72 millones de euros y la inhabilitación por dos años a la antigua cúpula

Spanair, solvente hasta el final

Soriano ha dejado claro que la aerolínea fue solvente hasta que la Generalitat cerró el grifo. “Si usted mira las cuentas de 2011, la compañía atendió 750 millones de euros en pagos a proveedores sin ningún problema”, ha explicado. La Fiscalía ha presionado sobre este aspecto al ex presidente de la compañía y le ha recordado que no atendió a sus deudas con Aena. “El gestor aeroportuario nunca nos apremió”, ha contestado Soriano.

La acusación también ha intentado abrir brecha por las actas de un consejo de administración en mayo de 2011, donde se abordaba la posibilidad de declarar el concurso. No obstante, Soriano ha respondido que en ese mismo consejo se trasladó la noticia del que fue el último crédito de Avançsa –vehículo de inversión de la Generalitat--. “La aerolínea tenía financiación asegurada a primer requerimiento hasta finales de 2011”, ha indicado Soriano. Mucho más vehemente ha sido el ex consejero de la firma Tatxo Benet frente a la misma pregunta: “Hubiera sido inmoral declarar el concurso de acreedores con 18 millones en caja, un crédito de 56 millones recién firmado y millones de billetes vendidos en verano”.

Una apuesta de la Generalitat

El consejero de Economia, Andreu Mas-Colell, ha asegurado que la apuesta por Spanair trascendía los intereses de la propia aerolínea. Ha recordado que con la desaparecida aerolínea se intentó tapar el hueco que Iberia había dejado –la aerolínea de bandera española había eliminado paulatinamente todos sus vuelos de la capital catalana a excepción del puente aéreo--, además de consolidar al aeropuerto de El Prat como Hub intercontinental.

Mas-Colell ha explicado que el dinero público invertido en la compañía presidida por Soriano no era a fondo perdido. Las sucesivas inyecciones de capital se acabarían transformando en capital social de la aerolínea que resultase del proceso de fusión de la compañía española con un socio industrial.

El fin de Spanair

Soriano, Benet y Mas-Colell han insistido que el elemento clave en la quiebra de la aerolínea fue las dudas que la Comisión Europea planteó sobre el proceso de integración entre Spanair y Qatar Airways. Una denuncia sobre temas de competencia de varias aerolíneas low cost encendió las alarmas en Bruselas, que estimó que el socio industrial de la compañía española debía devolver las ayudas públicas que se habían dado a Spanair.

Frente a este escenario, Spanair abrió negociaciones con el grupo chino HNA. Los principales accionistas de HNA se constituyeron en un plan B por si Qatar Airways finalmente arrojaba la toalla. No obstante, la Generalitat, según ha explicado Soriano, no tomó en serio la apuesta. Tras romperse las negociaciones con Qatar, la Administración Pública catalana cerró el grifo.
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