El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pronunció una conferencia sobre el juicio del referéndum el pasado febrero en Bruselas (Bélgica)

El decreto catalán anti-Uber es inconstitucional (y Torra lo admite)

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El presidente de la Generalitat reconoce la inconstitucionalidad de uno de los puntos de la normativa que 'expulsó' a Uber y Cabify de Cataluña

Economía Digital

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pronunció una conferencia sobre el juicio del referéndum el pasado febrero en Bruselas (Bélgica)

Barcelona, 27 de febrero de 2019 (13:26 CET)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido este miércoles que uno de los puntos del decreto anti-Uber catalán es inconstitucional. Esta normativa, que debe convalidarse en el Parlament y ha provocado la salida de Uber y Cabify de Barcelona, fue sometida a examen por parte Consell de Garanties Estatutàries (CGE). 

Así lo ha reconocido el propio Torra a una pregunta de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre el dictament del CGE, que reconoció, tras analizar la nueva normativa, que los 15 minutos de precontratación obligatoria de un servicio VTC (autorización que utilizan los coches de Uber y Cabify) que introduce el decreto no son “razonables” y atentan contra la libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución).

“Es un decreto plenamente constitucional, pero hay un punto en el que se dice que podría no serlo” [minuto 0:38], replicó Torra a la diputada de Ciudadanos, partido que sometió a dictamen del CGE el decreto anti-Uber que promovió el conseller de Territori, Damià Calvet. "Nosotros desde el primer momento, y se que durante 24 horas sobre 24 horas, estuvimos trabajando en una solución conjunta", añadió el presidente de la Generalitat . 

El dictamen, pese a las palabras de Torra, es claro al respecto. “Entendemos que el establecimiento de un intervalo mínimo de 15 minutos sí que vulnera determinados principios y derechos constitucionales”.

El mismo texto añade lo siguiente: “Llegamos a la conclusión, como ya acabamos de indicar, de que la introducción de este tiempo de espera, aunque eventualmente podría actuar como un mecanismo de control preventivo, no es razonable”.

El decreto anti-Uber atenta contra la libertad de empresa

En sus conclusiones, el CGE también considera que el decreto catalán que impulsó Calvet vulnera la libertad de empresa en su disposición adicional, en la que permite que los entes locales puedan incrementar el intervalo del tiempo fijado. 

Este segundo punto fue vital para que el taxi pusiera fin a la huelga indefinida en Cataluña. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), organismo metropolitano que siempre se mantuvo favorable al taxi en sus protestas y que está presidido por Ada Colau, se mostró dispuesto a utilizar esta disposición adicional para incrementar el tiempo de precontratación hasta una hora.

Sobre este mismo aspecto, el presidente Torra se ha pronunciado: "Este gobierno sabía de la importancia del Mobile World Congress para Cataluña, del impacto económico que tiene a todos los niveles". 

La Generalitat se enfrenta a indemnizaciones millonarias

El dictamen del CGE provoca que la posibilidad de que los propietarios de licencias VTC terminen cobrando indemnizaciones millonarias desde la Generalitat sea una realidad. El dictamen acerca a los tenedores de estas autorizaciones, las que utilizan los chóferes de Uber y Cabify, a reclamar y ganar en los tribunales al Gobierno regional.

El informe abre la puerta a que las indemnizaciones a los tenedores de licencias VTC se paguen y, además, única y exclusivamente desde la administración catalana. "La norma del artículo 4.2 (los 15 minutos de precontratación) dificulta aún más la materialización [...] y, por tanto, es susceptible de ser objeto de reclamación patrimonial para con la administración pública catalana, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos", reza textualmente el informe.

“Creemos que es importante llamar la atención de la Generalitat sobre la potencial reclamación económica a cargo de la hacienda pública que puede impulsar el sector empresarial y profesional afectado”, se añade.

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