Un accionista rompe la tranquilidad de Sáenz

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El Supremo ha avalado la petición de recurrir el indulto que el Gobierno le había otorgado al consejero delegado del Santander

Alfredo Sáenz, ex consejero delegado de Banco Santander

28 de mayo de 2012 (17:39 CET)

El Tribunal Supremo ha dado el visto bueno a la decisión de un accionista minoritario del Banco de Santander para recurrir el indulto concedido al consejero delegado de la entidad, Álfredo Sáenz, acusado de presentar una denuncia falsa hace 16 años cuando era presidente de Banesto. 

El Supremo justifica su decisión en que "no puede negarse" que "el actor en su condición de accionista, ostenta interés legítimo para la impugnación" del decreto que eximió a Sáenz de una condena de tres meses en prisión e inhabilitación de su cargo. 

El Abogado del Estado, por su parte, mantenía que el accionista carecía de legitimidad porque el indulto no afectaba "en nada a su esfera personal y patrimonial" y que su "única finalidad" era la de "causar el máximo daño posible", lo que califica de "penoso objetivo". Sin embargo, el Alto Tribunal desestima este argumento y considera "necesario enjuiciar y precisar" el derecho reclamado por el minoritario del Santander.

El accionista reclama que Sáenz "no continúe administrando la entidad en que tiene invertido, mucho o poco, su dinero" y alude "no sólo a razones éticas", sino a que la normativa bancaria obliga a los ejecutivos de la banca a contar con "honorabilidad", según exigencias del Banco de España.

El caso Sáenz 


El delito al que se le acusa a Sáenz se remonta a 1994 cuando presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a los que reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas por las empresas del grupo Harry Walker a las que representaban.

El juez dictó prisión preventiva para los denunciados, una decisión que fue considerada injusta por el Supremo y el magistrado fue condenado por prevaricación y detención ilegal. 

Entonces, los empresarios y el por entonces consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, presentaron una querella contra Sáenz y los otros ejecutivos relacionados con la entidad hasta que llegó el indulto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 25 de noviembre.

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