Airbnb enfrenta multa récord de 64 millones por anuncios ilegales de viviendas

La plataforma de alquiler turístico Airbnb afronta una de las mayores sanciones económicas impuestas en España a una empresa digital, después de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 haya confirmado una multa que supera los 64 millones de euros. La penalización responde a la detección de decenas de miles de anuncios de viviendas turísticas que incumplían la normativa vigente, especialmente en lo relativo a licencias obligatorias y transparencia informativa.

La resolución administrativa, que ya es firme y no admite más recursos en esta vía, pone fin a un largo procedimiento sancionador iniciado tras varios requerimientos previos a la plataforma. Según el ministerio, Airbnb mantuvo durante meses prácticas contrarias a la legislación de consumo pese a haber sido advertida formalmente, lo que ha pesado de forma determinante en la cuantía final de la sanción.

Este castigo económico marca un punto de inflexión en la relación entre las administraciones públicas y las grandes plataformas digitales, especialmente aquellas que operan en sectores sensibles como el acceso a la vivienda. El Gobierno busca con esta medida lanzar un mensaje claro: el tamaño o la influencia internacional de una compañía no la exime de cumplir las normas nacionales y autonómicas.

Más de 65.000 anuncios bajo la lupa de Consumo

El expediente sancionador se apoya en una investigación exhaustiva que identificó más de 65.000 anuncios irregulares publicados en la plataforma, muchos de ellos correspondientes a viviendas turísticas sin licencia administrativa. La normativa de la mayoría de las comunidades autónomas exige que este tipo de alojamientos muestren de forma visible su número de registro oficial, una obligación que no se cumplía de manera sistemática.

Además de la ausencia de licencias, el ministerio ha detectado anuncios con números de registro falsos, incompletos o directamente inexistentes, lo que dificulta cualquier labor de control por parte de las autoridades autonómicas y municipales. Esta práctica fue considerada especialmente grave por inducir a error a los consumidores y favorecer la proliferación de alojamientos fuera del circuito legal.

Otro de los elementos clave del expediente es la falta de información clara sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. En numerosos casos, los usuarios no podían saber si estaban contratando con un particular o con un operador profesional, un dato esencial para conocer sus derechos como consumidores y las garantías aplicables en caso de conflicto.

Publicidad engañosa y prácticas desleales con los consumidores

El Ministerio de Consumo considera que estas conductas constituyen prácticas comerciales desleales, al presentar una oferta que aparenta cumplir la legalidad cuando en realidad no lo hace. Desde el punto de vista jurídico, esta falta de transparencia supone una vulneración directa de la normativa de protección al consumidor.

La multa principal, que asciende a 64.055.311 euros, se ha calculado tomando como referencia el beneficio obtenido por la plataforma a través de estas prácticas. Según Consumo, la sanción equivale a seis veces el beneficio ilícito generado, un criterio que busca reforzar el efecto disuasorio y evitar que incumplir la ley resulte rentable.

Junto a la sanción económica, la resolución incluye medidas accesorias obligatorias, como la retirada inmediata de los anuncios ilegales y la obligación de hacer pública la multa. El objetivo es doble: reparar el daño causado y advertir tanto a la empresa como al resto del sector de las consecuencias de incumplir la normativa.

Incumplimientos adicionales y falta de colaboración con la Administración

El expediente también recoge otras infracciones de menor cuantía, pero relevantes desde el punto de vista administrativo. Entre ellas figura el incumplimiento del régimen de contratación a distancia, al no facilitar información esencial sobre quién presta realmente el servicio de alojamiento.

Asimismo, Consumo sanciona la falta de colaboración durante la investigación, ya que la plataforma no respondió de forma adecuada a varios requerimientos de información realizados por el ministerio. Esta actitud fue considerada una infracción leve, pero contribuyó a reforzar la imagen de resistencia al control administrativo.

Otro aspecto especialmente criticado fue el incumplimiento de medidas provisionales dictadas durante la tramitación del expediente, que buscaban evitar perjuicios adicionales a los consumidores mientras se resolvía el procedimiento. La desatención a estas órdenes derivó en una sanción adicional por infracción grave.

El respaldo judicial y el contexto de la crisis de vivienda

La actuación del Ministerio de Consumo no ha sido aislada. En fases anteriores del proceso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó las órdenes de retirada de anuncios ilegales, avalando la interpretación de la normativa realizada por la Administración. Este apoyo judicial ha reforzado la solidez de la resolución final.

La sanción a Airbnb se produce en un contexto de fuerte tensión en el mercado de la vivienda, donde el auge del alquiler turístico es señalado por numerosos expertos y administraciones como uno de los factores que reducen la oferta residencial y presionan al alza los precios.

Desde el Gobierno se subraya que estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia para proteger el derecho a una vivienda digna y frenar prácticas que, según el Ejecutivo, contribuyen a la expulsión de residentes de barrios tensionados por el turismo.

Un mensaje al conjunto del sector inmobiliario y digital

El ministro Pablo Bustinduy ha insistido en que la sanción busca dejar claro que ninguna empresa está por encima de la ley, independientemente de su dimensión o de su modelo de negocio. El Ejecutivo considera prioritario garantizar que la innovación digital no se produzca a costa de los derechos de los consumidores ni del equilibrio social.

Paralelamente, el ministerio mantiene otros expedientes sancionadores abiertos contra agencias inmobiliarias, centrados en posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler residencial. Estas investigaciones refuerzan la idea de un endurecimiento del control público sobre el sector.

Con esta multa récord, el Gobierno da un paso más en su intento de reordenar el mercado del alquiler turístico, enviando una señal clara a plataformas, operadores y propietarios: la actividad económica en torno a la vivienda debe ajustarse estrictamente a la legalidad y a las normas de protección de los ciudadanos.