Los autónomos alertan de que el ‘fiasco’ de las ayudas seguirá pese a la prórroga

«Es un paso adelante para las empresas pero claramente insuficiente para los autónomos», así de tajante se muestra el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que cree que el «fracaso» de las ayudas directas del Gobierno continuará pese la ampliación del plazo de cobertura y la posibilidad de cubrir pérdidas contables aprobado por el Gobierno para facilitar la ejecución de las ayudas directas a pymes y autónomos.

Tras meses de críticas de las organizaciones de autónomos y pymes, y las comunidades autónomas encargadas del reparto, el Gobierno amplió las ayudas a más sectores y ha tenido ahora que ampliar en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas. Así, estas ayudas de carácter finalista podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos asumidos por las empresas desde marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.

Sin embargo, desde ATA habían reclamado que el plazo de facturas pendientes se extendiese hasta el 31 de diciembre. Amor denuncia que se deja fuera a «decenas de miles de autónomos» ya que no podrán presentar gastos para cobrar las ayudas incluso aunque hayan perdido un 80% o un 90% de ingresos.

Las ayudas solo han llegado al 6% de autónomos

Como ejemplo cita el caso de guías turísticos, fotógrafos, fisioterapeutas, traductores, intérpretes o periodistas, que no podrán justificar gastos para percibir las ayudas pese a perder un importante porcentaje de facturación por distintos motivos, como el cierre de instalaciones o la falta de turismo derivada de la crisis de la Covid.

«Los políticos no tienen ni idea de la heterogénea que son nuestras actividades como autónomos y empresarios«, denuncia Amor (ATA). En declaraciones a Economía Digital matiza que las supuestas ayudas directas del Gobierno en verdad son subvenciones y la Ley de subvenciones exige un gasto o factura para cobrar, algo de lo que muchos autónomos no disponen.

Según los últimos cálculos de ATA, facilitados a este medio, las ayudas directas aprobadas por el Gobierno y gestionadas por las CCAA para la solvencia de autónomos y pymes solo han llegado a apenas 200.000 autónomos, lo que no representa ni el 6% del total de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia existente en España.

UPTA: «Es un bluf»

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha tildado de «bluf» la nueva prórroga, ya que no se ha tenido en consideración la situación de miles de autónomos deudores con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, ni tampoco a aquellos que han tenido que vaciar sus huchas para que su negocio continuara funcionando.

Según UPTA, al final solo podrán acceder a estas ayudas las empresas que puedan demostrar pérdidas contables en el ejercicio debido a los costes fijos incurridos, lo que supone que solo podrán acceder a cubrir los costes fijos incurridos aquellas empresas que han hecho aprovisionamientos económicos voluntarios para hacer frente a situaciones excepcionales.

Cepyme: «Queda lejos de la facilidad en otros países»

Junto a las pymes, el otro colectivo beneficiario de las ayudas es el de las pymes, cuyas principales organizaciones también han denunciado las trabas y retrasos para acceder a las ayudas. Desde Cepyme dan la «bienvenida» al a rectificación de los requisitos para acceder al as ayudas, pero subrayan que «todavía queda lejos de la facilidad con la que otros países del entorno pusieron en marcha las ayudas».

Fuentes de la patronal de las pymes denuncian que «la burocracia es una grave carga en un momento delicado para muchos sectores», por lo que la organización seguirá analizando la medida y hará seguimiento de su implementación para ayudar el acceso a las pymes.

Según los cálculos realizados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) a principios de agosto, cinco meses después de su aprobación,  el 60% de las ayudas destinadas a pequeñas empresas y trabajadores autónomos no se había tramitado. UPTA achacaba el bloqueo a los requisitos establecidos.

Podrán cubrir pérdidas contables

Además de ampliar el plazo de cobertura, la modificación del real decreto-ley aclara que dentro de las finalidades a las que se pueden destinar las ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables generadas durante el período de cobertura. Así, los autónomos y empresas podrán destinar las ayudas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros.

También permitirá compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado en el plazo establecido y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, la fecha de entrada en vigor de la norma. Todas estas modificaciones permitirán a las comunidades autónomas que aún dispongan de parte de los recurso asignados realizar nuevas convocatorias en lo que resta de año.

El Gobierno busca maximizar el efecto dinamizador de las ayudas y que las CCAA puedan ejecutar todas las ayudas, para que lleguen a todas las empresas de todos los ámbitos geográficos que lo necesiten, contribuir a reducir el sobreendeudamiento de las empresas y reforzar sus balances. Achaca el Ejecutivo los problemas en la ejecución al distinto ritmo de las CCAA, ya que regiones como Canarias y Baleares sí han tenido un ritmo ágil, frente a otras con mayores problemas de gestión.

La ampliación del plazo de cobertura completa la extensión del ámbito de actuación que se aprobó en abril de 2021. Esta modificación permitió a las CCAA incluir sectores adicionales y permitir el acceso a las ayudas empresas que, por circunstancias excepcionales, hubieran registrado pérdidas en 2019. 

La vicepresidenta primera ya anunció la semana pasada que el Ejecutivo había pedido a la Comisión Europea que se extienda el marco extraordinario de ayudas públicas más allá del 31 de diciembre para poder ampliar el plazo de las ayudas directas y “llegar a un conjunto más amplio de empresas que también se han visto afectadas por la pandemia”.

Presión de asociaciones y CCAA del PP

El anuncio se produce un día después de las 5 comunidades que gobierna el PP en España —Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León— exigiesen en un comunicado conjunto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique los requisitos que las empresas tienen que cumplir para poder acceder a las ayudas a la solvencia empresarial.

Las regiones ‘populares’ denuncian que los requisitos son “complejos y rígidos”, lo que dificulta que empresarios y autónomos puedan acogerse a este paraguas económico, y criticaron que el Gobierno lanzara las ayudas sin consultar a las CCAA pese a que son estas las encargadas del reparto.Leer más: Los autónomos denuncian el “fiasco” de las ayudas del Gobierno al concederse solo un 40%Leer más: Los autónomos denuncian el “fiasco” de las ayudas del Gobierno al concederse solo un 40%

Las asociaciones y patronales de autónomos y pymes, como ATA, UPTA o Cepyme, llevan tiempo denunciando que los requisitos solicitados por el Gobierno dificultan en acceso a las ayudas para empresarios y autónomos y no están llegando como debería a estos colectivos, al concederse apenas la mitad, por cuestiones burocráticas como el escaso margen para la solicitud de las ayudas.

Ayudas aprobadas el pasado mes de marzo

El Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo el nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para la solvencia de las empresas, cuyo reparto ha despertado las críticas en la oposición y las CCAA. De hecho, las regiones del PP han demandado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el asunto.

El nuevo paquete contemplaba una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores, a gestionar por las CCAA y cuyo reparto ha generado polémica. Este es el fondo que flexibilizará Hacienda para que las CCAA puedan incluir más sectores.

También se recogía una línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.