El Banco de España cuestiona los avales del ICO a la vivienda y advierte contra el control de precios del alquiler 

Si las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 fueron un éxito, el Banco de España tiene serias dudas con que la nueva línea de avales para adquirir una vivienda vaya a tener el mismo éxito.

Así lo indican desde el supervisor bancario, que este miércoles ha publicado el Informe Anual 2022 que elabora la Dirección General de Economía y Estadística del organismo, un prolijo documento de casi 200 páginas en el que dedican un apartado a hablar de la vivienda como uno de los principales motivos de desigualdad en nuestro país. Un capítulo en el que, por supuesto, la recién aprobada Ley de Vivienda –que todavía tiene que recibir el visto bueno del Senado- tiene un protagonismo particular.

La vivienda se ha convertido en uno de los ejes de campaña desplegados por el Gobierno y, especialmente, por el PSOE de Pedro Sánchez, que ha lanzado un goteo de medidas en esta materia para intentar atraerse al electorado más joven y de izquierdas. Sin embargo, una de las últimas herramientas acordadas –y aprobada ayer mismo en el Consejo de Ministros, después de anunciarla en un mitin socialista este pasado fin de semana- la línea de avales del ICO de hasta el 20% del coste de una vivienda para jóvenes no ha terminado de calar en el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos.

Un problema de carácter estructural

Aunque su reciente anuncio y aprobación no han permitido añadir un análisis de esta medida al informe, el director general de Economía y Estadística del BdE, Ángel Gavilán, ha puesto algunos reparos a su conveniencia durante la presentación del informe. Y lo ha hecho comparando la medida actual con la que se aprobó en el primer estadio de la pandemia.

Entonces, el shock económico derivado del cerrojazo de la actividad dio sentido a una medida “extraordinaria de una naturaleza eminentemente temporal y transitoria”, en una situación que podía “distorsionar la percepción del riesgo de los agentes económicos” y, por tanto, afectar a sus condiciones de liquidez.

Sin embargo, y a diferencia de 2020, la línea actual aprobada por el Ejecutivo no cumple con ninguna de esas condiciones: “Desafortunadamente, es una dinámica estructural de la economía española”, ha abundado el alto funcionario a preguntas de la prensa.

El control de precios, problema a largo plazo

En su análisis sobre los efectos de la futura Ley de Vivienda, el supervisor apunta que la medida “pone un énfasis correcto en el necesario aumento de la oferta pública de vivienda en alquiler”, pero, en concreto, los topes a los incrementos de los precios del alquiler podrían generar efectos indeseados en el medio y largo plazo. En concreto, el Banco de España sostiene que, si bien podría controlarse el precio en determinadas zonas en un corto periodo, a medio plazo la oferta podría deteriorarse, en calidad como en cantidad, redundando en incrementos de precio.

“Resulta necesario prestar atención a las señales de aparición de los efectos adversos mencionados, de manera que se adapte la normativa para evitar su materialización”, recomienda el documento, que recuerda el caso catalán, donde se ha aplicado una medida similar que ha conllevado “reducciones en los precios medios del alquiler a corto plazo y a ciertos cambios en la composición de la oferta”.

El estudio también subraya que, ante los desajustes entre oferta y demanda en el mercado de alquiler, la Ley de Vivienda debería complementarse con un mayor apoyo a la oferta de alquiler privado, que es comparativamente pequeña en relación con otras economías de nuestro entorno: está hasta diez puntos porcentuales por debajo de la media de la zona euro.

La mitad de la población en alquiler, en riesgo de pobreza

El informe apunta que la vivienda es en la actualidad uno de los motores de la desigualdad en nuestro país, particularmente entre los más jóvenes, forzados a recurrir al alquiler: “El incremento de la demanda de alquiler se habría concentrado en este colectivo, en los hogares de menor renta y en determinadas áreas geográficas”, apunta el documento. Si en 2011 el 69,3% de los menores de 35 años eran propietarios de su vivienda principal, este porcentaje se ha reducido hasta el 36,1% en 2020.

Además, el incremento de los precios del alquiler por encima de las subidas en las rentas del trabajo ha profundizado en la proporción de hogares en riesgo de exclusión social. De acuerdo con los datos en poder del Banco de España, aproximadamente la mitad de la población española en alquiler a precios de mercado estaba en riesgo de pobreza en 2021, en tanto que el 40% de los hogares dedicaban más del 40% de su renta a los gastos asociados a la vivienda.