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Bruselas defiende «bancos grandes» para competir en el extranjero mientras Cuerpo decide sobre la opa de BBVA al Sabadell
La comisaria de Servicios Financieros subraya, en presencia de Cuerpo, que no importa si estas entidades surgen de fusiones como la del BBVA y Sabadell: lo importante es competir en los mercados extranjeros
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
La comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorro e Inversión, la portuguesa María Luís Albuquerque, ha defendido «bancos que sean suficientemente grandes para competir en la arena internacional», sin importar que sea mediante fusiones nacionales o trasnacionales, justo mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decide si elevar o no a Consejo de Ministros la opa del BBVA al Banco Sabadell.
En una rueda de prensa conjunta tras reunirse en Madrid, y a preguntas de la prensa, Albuquerque ha defendido que «actores más grandes pueden proveer mejores servicios a costes más bajos» y es «irrelevante» si las fusiones «son dentro de determinadas fronteras o más allá de las mismas» en el seno de la Unión Europea.
«Debemos tener bancos que sean lo suficientemente grandes para competir en la arena internacional», ha dicho la comisaria en un encuentro informativo donde la verdadera protagonista ha sido la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell, ya que mañana termina el plazo del que dispone el ministro Cuerpo para decidir si eleva o no al Consejo de Ministros la operación.
«Queremos que los bancos se consoliden y crezcan en transacciones dirigidas por el mercado, porque queremos que sean capaces de hacer las inversiones necesarias, de proveer mejores servicios a mejores precios a ciudadanos y empresas y que apoyen a la actividad económica europea», ha dicho la titular de Servicios Financieros.
Albuquerque y Cuerpo se han reunido en la capital para seguir dando pasos en la Unión de Ahorro e Inversión, un mercado único que permitiría desbloquear hasta 10 billones de euros que ahora permanecen en cuentas sin remuneración o en depósitos y que se podrían destinar a financiar las inversiones necesarias para las transiciones verde y digital o para las nuevas necesidades en materia de Defensa.
Sin embargo, la cercanía de la decisión de Cuerpo ha monopolizado la rueda de prensa. Preguntado al respecto, el responsable de Economía ha sido prudente: «Mañana termina el plazo que tenemos sobre la normativa doméstica para decidir si se eleva o no esta operación al Consejo de Ministros y la decisión se hará el línea y respetuosa con los plazos y procedimientos de la normativa, tanto doméstica como europea».
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó en Fase 2, el pasado 30 de abril, la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell con condiciones negociadas con la entidad de raíces vascas. A partir de ahí, se abrió un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe por parte de Economía.
Este plazo se cumple este martes, cuando Economía tendría que firmar una orden para decidir si lleva la operación a la reunión del gabinete. A partir de ahí, se activa un plazo de 30 días naturales en los que tendrá que decidirse si se aceptan los compromisos, se suavizan o se endurecen.
Si se agotan los plazos, la decisión final del Gobierno no se conocerá hasta el 27 de junio. El periodo de aceptación, el momento en el que los accionistas podrán pronunciarse a favor o en contra de la OPA, no llegaría hasta unas semanas después de ese 27 de junio, según afirmó recientemente el presidente de BBVA, Carlos Torres. Para ello, antes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá que aprobar el folleto de la operación.
Cuerpo ha avanzado también que los resultados de la consulta pública se conocerán mediante un informe, aunque no ha dado fechas sobre su publicación ni sobre el contenido concreto del mismo.
Desde que se conociera la operación, hace ya un año, el Gobierno se ha mostrado contrario a la toma de la entidad catalana por parte del BBVA. Sin embargo, formalmente el Ejecutivo solo puede frenar una fusión entre ambas entidades, pero no la operación. Sí podría imponer compromisos tan gravosos que hagan que la adquisición pierda sentido, aunque deberían estar muy justificados para evitar un frente legal.