Choque por la Ley de Vivienda: el PSOE se abre a cambios como pide el CGPJ y Podemos exige blindarla

Belarra inicia contactos con colectivos para "blindar" la Ley de Vivienda ante el temor de que el PSOE ceda e introduzca cambios en los aspectos más ambiciosos de la norma

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. EFE

Nuevo encontronazo entre los socios de la coalición del Gobierno por la Ley de Vivienda. El ala socialista del Ejecutivo se abre a introducir «mejoras» en la Ley de Vivienda tras el informe crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por limitar las competencias de las comunidades autónomas, mientras que desde Unidas Podemos ya maniobran para «blindar» la norma.

Las dos facciones del Gobierno de coalición negociaron durante meses con diferencias y críticas públicas entre ambas la Ley de Vivienda, pero finalmente alcanzaron un acuerdo a principios de octubre que permitió a su vez encarrilar los Presupuestos de 2022, ya aprobados y en vigor.

Sin embargo, el paso previo a la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros está retrasando que la norma vea la luz y está provocando de nuevo diferencias en el seno del Ejecutivo debido al último borrador de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que criticaba el proyecto normativo al considerar que se invaden competencias en el ámbito autonómico en materia de vivienda.

Hasta ahora el Gobierno al unísono había mantenido una posición firme de defensa de la norma, descartando cambios y cuestionando incluso la «imparcialidad» del CGPJ, pero este martes se ha dejado la puerta abierta a la posible modificación de la norma después de recibir el informe crítico de los jueces.

Bolaños se abre a «mejoras» en la ley para ser «jurídicamente impecable»

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno no se cierra a introducir «mejoras» a la Ley de Vivienda para conseguir que sea «jurídicamente impecable».

Bolaños ha mantenido que el Ejecutivo va a regular la vivienda y el derecho al acceso a una vivienda al ser un «problema social», si bien ha apuntado se ha abierto a posibles cambios. «Con la lectura del informe (del CGPJ) vamos a intentar mejorar la Ley de Vivienda que queremos que sea impecable desde el punto de vista jurídico», ha señalado.

Aunque afirma que se leerán con «mucha atención» el informe de los jueces, ha insistido en declaraciones a TVE que «no es vinculante» y que la idea del Ejecutivo es «clara» y pasa por regular la vivienda, defendiendo, frente al cuestionamiento competencial realizado por los jueces, que el texto es «especialmente cuidadoso» con las competencias autonómicas.

Belarra inicia contactos para blindar la ley

Las palabras de Bolaños han sido recibidas con «preocupación» en el ala de Unidas Podemos, al temer que su socio de Gobierno, el PSOE, pueda acabar cediendo a cambiar la norma en aspectos más ambiciosos como pueda ser el referido al límite del precio de los alquileres en zonas tensionadas que tanto costó consensuar durante la negociación ante el previsible duro informe del CGPJ.

Así lo señalan fuentes del ministerio de Derechos Sociales, que confirman que la ministra del departamento, Ione Belarra, que arranca este mismo martes una nueva ronda de contactos con las organizaciones y movimientos sociales que defienden el derecho a una vivienda digna con el fin de blindar la norma.

Así, Belarra se reunirá en estos días con la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros, para mostrar a la sociedad española la «urgencia de la Ley de Vivienda y el amplio respaldo con el que contaría un texto verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional».

Desde el Ministerio recuerdan la «situación excepcional» de un CGPJ que tiene el mandato caducado desde hace tres años y que en este caso solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, «no correspondiéndole en ningún caso evaluar la constitucionalidad de la norma».

Las mismas fuentes recuerdan también que este informe, además, es «preceptivo pero no vinculante», por lo que ha de ser solicitado por parte del Gobierno, pero «no tiene ninguna obligación legal de asumir el contenido del informe».

Cabe recordar que el PSOE tumbó en el Congreso la ley de Vivienda impulsada por Podemos y los socios del Gobierno en medio de desavenencias entre ambos ante la pretensión de Unidas Podemos de ir más allá en la regulación de los precios de alquiler.

El CGPJ avisa de que la ley expropia competencias a las CCAA

Todos estos movimientos se producen después de que ayer se publicara el borrador del nuevo informe del CGPJ sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que prevé aprobar el Gobierno. El Poder Judicial ve en la nueva Ley de Vivienda un “problemático encaje en el orden constitucional de competencias” al recordar que la política de vivienda es una materia de titularidad pública y considerar que la norma «expropia» de esas competencias a las CCAA.

Así figura en el borrador del nuevo informe redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, al que ha tenido acceso Economía Digital, previo a su deliberación en el Pleno del CGPJ este jueves día 27 de enero, después de que el Poder Judicial rechazara el primer informe formulado por el vocal y exdiputado socialista, Álvaro Cuesta, que avalaba la norma aunque detectaba “inconcreciones”.

En el nuevo informe los jueces denuncian también que la nueva Ley de Vivienda «altera el entendimiento de la propiedad privada» e incluye un «farragoso» control de los precios de alquiler.

El pasado viernes la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, cuestionó la “imparcialidad” del CGPJ al afirmar que la no renovación del máximo órgano de los jueces desde diciembre del año 2018 “puede plantear alguna duda sobre la imparcialidad de sus informes”, sumándose a las críticas previas de Unidas Podemos que apuntaban a que detrás podría estar la «mano invisible de las élites del ladrillo» en el cambio de parecer del CGPJ.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, criticó ayer en su cuenta de Twitter los “intentos de frenar los derechos de los inquilinos” procedentes de una “reacción obsesionada por impedir el avance social y dificultar el cumplimiento de la Constitución”.