El control de precios de la ‘excepción ibérica’ dejará a la CNMC al borde del colapso
Hay cierto miedo en el sector sobre la percepción que tendrán los clientes con tantos cambios de precios
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la denominada ‘excepción ibérica‘ para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de unos 48 €/MWh durante un periodo de doce meses. A su vez, el Gobierno portugués ha hecho lo mismo. No obstante, su aplicación total necesita la aprobación de la Comisión Europea.
El problema, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, es que el trabajo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) roza lo imposible. Tanto, que si se quiere hacer un control efectivo llegaría al borde del colapso.
El punto de partida, tanto para clientes regulados como de la tarifa libre, es que las empresas comercializadoras tendrán que mandar una carta a sus clientes o hacerles llegar una información de que las condiciones del mercado han cambiado y, por lo tanto, sus tarifas se van a ver afectadas. En este caso para mejor. A los abonados a la tarifa regulada será de aplicación inmediata; en cuanto a los del mercado libre, que negocian sus facturas de manera anual, deberá informarse en la renegocación, o en las nuevas altas.
Ante este escenario hay cierto miedo en el sector sobre la percepción que tendrán los clientes. Si ya es un negocio azotado por la desconfianza y la preocupación de altos precios, el hecho de que haya cambios y movimientos que costará mucho explicar, eso provoca que haya una mayor desafección.
Falta de trasparencia
El problema añadido que ven las empresas es que todo el proceso de negociación de la ‘excepción ibérica’ ha sido muy opaco. Y eso es algo que ha afectado a la CNMC. Pese a que el Gobierno ha tenido el apoyo de algunos técnicos del regulador, el grueso del personal todavía no sabe a lo que se enfrenta. Entre otras cosas porque el ‘ok’ definitivo por parte de Bruselas todavía no está.
Por ello, las empresas del sector eléctrico asumen que la tarea de control por parte de la CNMC será casi imposible. Habrá comercializadoras que sean transparentes con sus clientes; o las que estén acogidas al libre mercado reformulen contratos a la baja. Y ese sería el escenario correcto, pero es probable que no sucede así, y es donde la CNMC debe actuar.
Lo que se ha conocido este viernes es que se establecerá un régimen sancionador para evitar acciones contrarias al correcto comportamiento de todos y cada uno de los agentes del mercado, con «infracciones muy grave» en el caso de que no cumplan, indicaron en fuentes del Ministerio.
Cambio regulatorio
Por otra parte, el Real Decreto-ley también incluye el mandato de modificar la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario.
De este modo se combinará la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023, informó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.
Los mecanismos aprobados se suman a las actuaciones en el ámbito nacional y el internacional que el Gobierno ha puesto en marcha desde el verano, al comienzo de la escalada del precio de la energía impulsado por el encarecimiento especulativo del gas.
Así, en el plano nacional se ha aprobado una rebaja fiscal sobre la electricidad con un coste acumulado superior a los 7.000 millones de euros, y una rebaja del 55% de los cargos eléctricos, en parte gracias a una revisión extraordinaria de lo que cobran las renovables, entre muchas otras medidas.
