De Cos (BdE) desmonta la excusa de Sánchez para condonar deuda a Cataluña en su adiós al Congreso

A solo tres semanas de dejar su cargo como gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos se despidió del Congreso de los Diputados con un mensaje claro a la mayoría parlamentaria que aprobará la condonación de parte de la deuda pública a Cataluña y el resto de Comunidades Autónomas: puede ser un «incentivo perverso» frente a la consolidación fiscal necesaria para cumplir con los objetivos de déficit.

Hernández de Cos, que dejará su cargo a mediados de junio, compareció ante la Comisión de Economía de la Cámara Baja para dar cuenta de los Informes Anuales de la Institución para los ejercicios 2022 -el año pasado, su publicación coincidió con periodo electoral y, posteriormente, con la disolución de las Cortes- y 2023, publicado hace solo una semana.

El informe de este último ejercicio incluía un apartado específico sobre uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía española: las finanzas públicas. Y más allá de la necesidad de aplicar las nuevas reglas fiscales en todos los niveles de la Administración Pública, la condonación de la deuda -que aún el Ministerio de Hacienda no ha concretado- podría ser un problema añadido.

Cataluña podría ver reducida su deuda en 15.000 millones

«La condonación de la deuda tiene el peligro de generar un incentivo perverso sobre las comunidades autónomas de no hacerlas responsables de una decisión de endeudamiento que tomaron en el pasado. Y esa es una consideración importante que hay que poner encima de la mesa», insistió Hernández de Cos, a las preguntas de los portavoces económicos.

La postura del aún máximo responsable del Banco de España es diametralmente opuesta a la que defiende el Ejecutivo. En el Gobierno defienden esta medida, forzada por el acuerdo de legislatura entre el PSOE y ERC para aliviar unos 15.000 millones de deuda pública de la comunidad con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), asegurando que obligará a los gobiernos regionales a lo contrario.

La asunción de este pasivo por parte del Estado -que no se traducirá en un aumento de deuda pública, ya que únicamente cambiará la titularidad de la misma- debería permitir que las Comunidades Autónomas que siguen recurriendo al Ejecutivo central para conseguir financiación puedan acudir a los mercados con mayor facilidad, razonan en Hacienda. La vuelta a la disciplina de los mercados supondrá, por ende, un mayor esfuerzo de consolidación fiscal para poder conseguir esa financiación a unos precios razonables.

Hacienda aún no ha comenzado las negociaciones

El gobernador cree que la asunción de esta deuda podría sentar un mal precedente de cara al futuro. En este sentido, lo fundamental sería una reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva una década caducado, en el que las comunidades cuenten con «corresponsabilidad fiscal». «El origen de la discrepancia es mucha responsabilidad del gasto y poca de los ingresos», incidió el economista.

«Cuando se produce un desalineamiento entre las responsabilidades de gasto y de los ingresos en las autoridades públicas, los ciudadanos no acaban de entender esa correspondencia que debe existir entre financiación y responsabilidad de gasto y acaba teniendo efectos negativos sobre la disciplina fiscal», aseguró Hernández de Cos.

El Gobierno quiere tramitar mediante proyecto de ley la condonación de deuda mediante un sistema que sea idéntico a todas las comunidades que quieran adherirse al mecanismo. Sin embargo, las negociaciones con los ejecutivos regionales para cristalizarlo en una norma aún no han comenzado.

Una reforma con «corresponsabilidad» fiscal

La reforma del sistema de financiación autonómica que corrija las limitaciones debería, a juicio del Banco de España, cumplir con los principios de «suficiencia de recursos disponibles para las CCAA», con un cálculo objetivo de las necesidades de gasto; «corresponsabilidad fiscal» y «transparencia» en los parámetros que determinan el funcionamiento del reparto.

Además, otro factor a tener en cuenta es que esta modificación debería resolver «la falta de estabilidad», que generó «un incentivo a promover los procesos negociadores como un medio de incrementar el volumen de financiación adquirida». Es decir, una crítica a las concesiones a partidos nacionalistas a cambio de votos en el Congreso.

El gobernador también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma fiscal «integral», que pase por subir el IVA los impuestos medioambientales, así como por una revisión de los beneficios fiscales y su coordinación con el resto de sistemas tributarios de nuestros socios. Una propuesta muy en línea de lo que recomiendan tanto Bruselas como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los ingresos serán necesarios para cuadrar con el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea que, entre otras cuestiones, forzará a un ajuste anual del 0,5% del producto interior bruto entre 2025 y 2031.