El Gobierno no actuará contra las empresas que paguen sueldos excesivos a sus directivos
OPTA POR LA TRANSPARENCIA
El Gobierno de Zapatero no excluirá a ninguna empresa de los procesos de licitación pública por hecho de que las retribuciones de sus administradores «puedan ser reputadas excesivas», ya que redundaría en «ofertas menos ventajosas» para la Administración y plantearía «problemas» a escala de la Unión Europea, y apuesta por medidas que garanticen la máxima transparencia» en esta materia.
Según una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, al diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien reclama medidas «sancionadoras» y «coercitivas» para limitar los salarios de los consejeros y directivos de sociedades cotizadas que concurran a ofertas de contratos públicos, o se beneficien de fondos públicos, como en los casos de Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Por tanto, el Gobierno señala que el acceso a las licitaciones se encuentra regulado en la normativa comunitaria, que en España refleja la Ley de Contratos del Sector Público, y que ninguno de sus supuestos «ampararía» medidas de este tipos.
Además, advierte de que si se excluye a todas las empresas europeas que incurran en este supuesto, afectaría a las libertades de establecimiento y de movimientos de capitales, mientras que si se circunscribe a las empresas nacionales se las estaría discriminando en relación con otras sociedades europeas que desarrollarán análogas pautas retributivas.
Llamazares destaca que, según los datos recogidos en el último Informe Anual de Gobierno Corporativo publicado por la CNMV, 21 de las 35 empresas del Ibex 35 subieron el sueldo a sus consejeros en 2009, con un incremento global del 14,9% respecto de 2008 y una retribución media por consejero de 602.000 euros, un 15,5% más que el año anterior.
El Gobierno no opina
El Gobierno, que elude valorar en su respuesta este aumento de las retribuciones, afirma que en el contexto económico y financiero actual, «se ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en aspectos regulatorios relativos a los sistemas retributivos», pero defiende que ya se recogen en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, recalca que la norma determina que las sociedades cotizadas deberán difundir y someter a votación de la Junta General de Accionistas un informe sobre las remuneraciones de sus consejeros y principales ejecutivos y sobre la política de remuneraciones presente y prevista.
