El Gobierno penalizará con más cotizaciones a empresas que acumulen contratos de corta duración

Escrivá circunscribe los cambios en pensiones en 2021 a revalorizar con el IPC y medidas para retrasar la jubilación

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El Gobierno prevé aumentar la penalización a las empresas que abusen de los contratos de corta duración con una “sobrecotización” progresiva, de forma que el desincentivo será mayor conforme la empresa registre más bajas a la Seguridad Social como consecuencia de ese abuso de los contratos de corta duración.

Así lo ha confirmado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una rueda de prensa para presentar los componentes de su departamento del Plan de Recuperación remitido a Bruselas, en el que se incluye esta medida en el componente 23 de ‘Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo’. 

Actualmente ya se contempla un incremento de las cotizaciones de un 40% para los empresarios que hagan un uso abusivo de los contratos de corta duración, si bien Escrivá ha señalado que “no funciona” al no penalizar a las compañías en función del número de trabajadores que dan de baja, y por ello se va a cometer una revisión de los desincentivos. 

El rediseño de los desincentivos será creciente en función del número de bajas en la cotización a la Seguridad Social, si bien no se han terminado de concretar los desincentivos que, en todo caso, serán progresivos y ligados a la utilización de los contratos de corta duración. 

27 millones de bajas al año

El ministro ha descartado que se vayan a establecer multas, ya que en el Ministerio creen “mucho más” que los cambios de comportamientos de los agentes económicos tienen que ver en gran medida con el marco de incentivos y desincentivos al que se enfrentan. 

El objetivo que se marca Escrivá es evitar los millones de bajas a la Seguridad Social que se registran cada año como consecuencia del abuso de los contratos de corta duración por los empresarios, que recurren a los mismos a pesar de la penalización ya vigente. 

En 2019 se registraron 27 millones de bajas a la Seguridad Social y es que, según Escrivá, un 20% de las relaciones laborales en España presentan una duración inferior a un día, un 33% de 5 días o menos y un 60% un mes o menos. 

El titular de la Seguridad Social ha incidido en el perjuicio de los contratos de muy corta duración, ya que agravan los problemas de la dualidad del mercado laboral español, como son la ausencia de inversión en capital humano, la escasa capacidad de adaptación de empresas y trabajadores a un mundo cambiante, las pobres ganancias de productividad, la excesiva variación cíclica del empleo y la precariedad y la desigualdad.

Menos de 600.000 afectados por ERTE esta semana

Por otra parte, Escrivá ha adelantado que la cifra de trabajadores bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) bajará de los 600.000 esta semana. Los datos del Ministerio cifraban en 638.283 personas las afectadas por este mecanismo a 29 de abril, lo que supuso 36.621 trabajadores menos que en marzo en la serie revisada y 105.345 menos conforme ala fecha de notificación.

Por consiguiente, la cifra de afectados por ERTE habría descendido en casi 40.000 personas en apenas dos semanas. Además, Escrivá ha afirmado que estos 600.000 trabajadores en ERTE se encuentran muy concentrados en sectores cuya recuperación va a ser “muy fuerte” en los próximos meses “con toda seguridad”, como restauración, comidas y bebidas y actividades de alojamiento. 

Precisamente en estos sectores ha dicho que se podrá aplicar el mecanismo de flexibilidad interna para las empresas que concretará el Gobierno con los agentes sociales para que las empresas se adapten a las caídas transitorias de actividad sin recurrir a los despidos, sino impulsando la formación y facilitando la transición de trabajadores afectados por procesos de cambio estructural. 

Nuevo sistema estructural desde 2022 con fondo tripartito 

El Plan de Recuperación contempla una reforma para incorporar al Estatuto de los Trabajadores dos nuevos mecanismos de ajuste de empleo previstos en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, que pasan por un sistema de estabilización económica y por un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición. 

En cuanto al primero, el sistema de estabilización económica proporcionará flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa, con un foco especial en la formación de los trabajadores y consiste en la reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, para reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad. 

Con este mecanismo se busca “minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock, y reducir la elevada temporalidad del mercado 
laboral español”. 

Para garantizar la financiación del nuevo mecanismo de regulación temporal de empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad, se establecerá un fondo tripartito, cuyo funcionamiento se decidirá en el diálogo social, que permita destinar del excedente de las cotizaciones sociales por desempleo logrado en las fases alcistas del ciclo económico a financiar los déficits en las fases recesivas, cuando caen los ingresos y aumenta el gasto. 

Este mecanismo tripartito se nutrirá, entre otras posibles contribuciones, del exceso de cotizaciones sociales que realizan las empresas y los trabajadores, así como de la aportación del Estado al presupuesto del SEPE en la medida que sea necesario, de acuerdo con el diseño final que se haga del instrumento. Además de esta aportación al SEPE para el pago de prestaciones, el Estado también puede participar mediante las exenciones en las cotizaciones sociales de las empresas tal 
y como se ha hecho en la crisis actual. Las contribuciones adicionales del Estado se podrán financiar mediante recurso a los préstamos del Fondo de Recuperación-Next Generation. 

Sistema de apoyo a la recualificación 

Por otra parte, también se acordará un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores 
en transición, para hacer frente a los posibles ajustes permanentes de plantillas ante innovaciones derivadas de los cambios tecnológicos o de la demanda. 

Este mecanismo dispondrá de una financiación mixta. Las empresas o sectores afectados pagarán una parte del sueldo y el gasto en formación y recualificación de los trabajadores, completando el resto el Estado mediante el recurso a los créditos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y las transferencias para financiar las Políticas Activas de Empleo. 

Acuerdo en pensiones: revalorizar con IPC y retrasar jubilación

En lo referido al componente de las pensiones del Plan de Recuperación, Escrivá ha confirmado un acuerdo inminente con los agentes sociales para el primer paquete de la reforma de pensiones e incluirá distintos aspectos, así como el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales.

En concreto, ha detallado que el acuerdo incluirá la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013, lo que conllevará de facto la eliminación del factor de sostenibilidad por el que se vincula el importe inicial de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida, así como el mecanismo de revalorización anual de las pensiones conforme al IPC.

También formarán parte del acuerdo el rediseño de los coeficientes reductores por jubilación anticipada, las nuevas medidas para fomentar la jubilación demorada y la derogación de la cláusula de jubilación forzosa de los convenios, con lo que podría fijarse la jubilación forzosa a los 68 años. Los cambios sobre la jubilación parcial se retrasarían para más adelante.

En cuanto al nuevo sistema de cotización de autónomos por los ingresos reales, ha señalado que precisará de un desarrollo normativo que podría completarse en el primer semestre de 2022 para que el nuevo sistema de cotización pueda entrar en vigor de forma gradual a partir del ejercicio 2023, tal y como se había trasladado a las organizaciones de autónomos.