El Gobierno firma con Bruselas aumentar el periodo de cálculo de las pensiones para recibir los fondos

El Ejecutivo se compromete a aprobar antes del 30 de junio de 2022 el anteproyecto de ley que elevará los años de cotización para calcular la pensión y que la norma esté en vigor antes de que finalice el próximo año

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen | EFE / Chema Moya

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen | EFE / Chema Moya

El polémico acuerdo operacional de los fondos europeos incluye finalmente una de las medidas que el Gobierno barajó y parecía haber descartado tras el rechazo férreo de Unidas Podemos, al comprometerse España a aumentar a finales de 2022 el periodo de cálculo de las pensiones a cambio de los desembolsos de los fondos europeos de reconstrucción.

Así figura en el polémico ‘Operational Agreement’, publicado por el Ejecutivo este miércoles y que incluye las disposiciones operativas del Plan de Recuperación, que incluye dos anexos sobre cómo se verificará el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan y el progreso realizado para alcanzar los objetivos del Plan, Recuperación, Transformación y Resiliencia que permitan los desembolsos de 70.000 millones de euros en subvenciones hasta 2026.

El acuerdo explicita en uno de sus dos anexos el calendario con este compromiso, que establece que el anteproyecto de ley para ampliar los años de cotización del periodo de cálculo de las pensiones, actualmente fijado en 25 años, deberá estar aprobado antes del 30 de junio de 2022, de forma que la norma entre en vigor antes de que concluya el ejercicio a cambio de los desembolsos de los fondos europeos.

Se trata de uno de los puntos más polémicos relativos al Plan de Recuperación que se desató a finales de 2020, en plenas negociaciones, ya que trascendió en una de las versiones de la ficha relativa a las pensiones que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planteaba aumentar a 35 los años de cotización para calcular las pensiones.

Unidas Podemos se opuso frontalmente y Escrivá negó la medida

Dicho planteamiento encontró el rechazo frontal en una de las facciones del propio Gobierno, Unidas Podemos, que se opuso radicalmente a elevar la carrera laboral para computar la pensión por jubilación. Desde la formación ‘morada’ subrayaron que la media no figura en el acuerdo de Gobierno en coalición y defendieron que todo lo que no fuese mejorar el nivel adquisitivo de los pensionistas era «ir hacia atrás».

Ante estas críticas, el propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, llegó a culpar a otros miembros del Ejecutivo, en referencia al ala de Unidas Podemos, de crear un relato falso y mostró su «desconcierto e incluso decepción» por una narrativa que, según aseguro entonces, se había creado «artificialmente a partir de una realidad que no existe».

Lo cierto es que el Plan de Recuperación aprobado y validado por Bruselas el pasado verano no incorporaba finalmente en su componente 30 referido a las pensiones la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pero el acuerdo operacional revela que el Ejecutivo sí se ha comprometido a elevar el cómputo.

Alcanzar los 35 años de cotización para el cálculo de forma progresiva

Aunque no figuraba como tal la medida sí que se destacaba su aportación a aumentar el carácter contributivo del sistema y como vía para aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema.

De hecho, documentos de trabajo de esos meses del Ministerio si llegaban a recoger el planteamiento de «ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo de 35 años de manera progresiva».

También se contemplaba la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora «cuando se supere este umbral junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas».

Precisamente el colectivo de jubilados con largas carreras de cotización de más de 40 años llevan meses de protestas al denunciar la penalización que sufren en sus pensiones por la retirada anterior al a edad de jubilación (66 años y 2 meses en 2022), a pesar del largo periodo de cotización acumulado.

El acuerdo está fechado en el 29 de octubre

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por parte española, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, por parte de la Comisión, han acordado y han firmado el documento técnico que establece la manera en que se organizarán las reuniones bilaterales con la Comisión Europea y el intercambio de información para el seguimiento del desarrollo del Plan de Recuperación.

España es el primer Estado miembro en consensuar con la Comisión Europea este documento técnico, que permitirá a España solicitar en los próximos días el primer desembolso semestral de recursos europeos de 10.000 millones de euros, que se sumarán a los 9.036 millones que ya recibió España en forma de prefinanciación en agosto.

Dicho acuerdo está fechado el 29 de octubre, antes del debate de las enmiendas a la totalidad del 3 de noviembre en la que la ministra de Hacienda rehusó pronunciarse después de que el presidente del PP, Pablo Casado, exigiese al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la publicación de este acuerdo de condicionalidad de los fondos europeos y le avisó de que acudiría al Parlamento Europeo si no procedía a darlos a conocer a la opinión pública.

La rúbrica del acuerdo por parte de la ministra española se produjo al día siguiente, 4 de noviembre, mientras que la del comisario de Economía europeo el 9 de noviembre.

Evaluación ‘ex-ante’ del impacto fiscal de la reforma laboral y pensiones

Otro de los compromisos recogido en el contrato operacional pasa porque la reforma referida al nuevo mecanismo de los ERTE permanente, denominado RED, vaya acompañada de un informe ‘ex-ante’ del acuerdo tripartito de financiación que acredite su sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo. Bruselas demanda evaluaciones ‘ex-ante’ de l impacto fiscal y de eficacia de la reforma laboral y de las pensiones.

El planteamiento del Gobierno para costear el mecanismo RED en lo referido a prestaciones y exenciones en las cotizaciones y la formación pasa por la creación de un Fondo RED dotado vía Presupuestos Generales del Estado, con recursos procedentes de instrumentos de financiación de la Unión Europea y con el superávit de los ingresos por cotizaciones sociales por desempleo tanto en el nivel contributivo como asistencial.

La gestión corresponderá al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y, tal y como sucede con el Fondo de Reserva de las pensiones (‘hucha de las pensiones’), las dotaciones se acordarían en el Consejo de Ministros en función de las condiciones financieras de la Seguridad Social.

España recibirá 50.000 millones esta legislatura

El acuerdo operacional también recoge el detalle de la distribución de la parte de subvenciones de los 69.528 millones de euros de fondos europeos que recibirá España hasta el año 2026, en un 75% de ello (51.722 millones) hasta finales de 2023.

Ello supone que el Gobierno de Pedro Sánchez legislará durante un periodo suficiente como para recibir tres cuartas partes de los recursos europeos de reconstrucción, para lo que tendrá que cumplir los hitos y objetivos comprometidos, mientras que deja para el siguiente Ejecutivo la tarea de cumplir con las reformas e inversiones acordadas con Bruselas para recibir los restantes 17.787 millones de euros a modo de subvenciones de los fondos europeos.

En detalle, se contempla el desembolso de 11.494 millones de euros para el primer pago de este último trimestre de 2021; un desembolso de 13.793 en la primera trimestre de 2022 y otro de 6.896 millones en el tercer trimestre del ejercicio, así como otros dos de 11.494 millones y algo más de 8.045 millones en el primer y tercer trimestre de 2023. Ya en 2024 se procedería a un único pago, de 9.195 millones en subvenciones en el primer trimestre, otro de 3.995 millones en el primer trimestre de 2025 y un último de 4.597 millones en el tercer trimestre de 2026.

Aunque en el acuerdo operacional no figura nada relativo a la parte de 70.000 millones en préstamos que España también solicitará (en total recibirá 140.000 millones de recursos europeos de reconstrucción hasta 2026), el Gobierno indicó en los Presupuestos de este año que solicitará a Bruselas los primeros 1.270 millones de créditos de los fondos en 2022 para financiar el PERTE del vehículo eléctrico.

España recibirá 18.000 millones de euros de fondos europeos de recuperación en 2022, aunque ha presupuestado 27.633 millones de euros.

‘Examen’ trimestral y evento anual

Conforme al documento se acuerda también que el Gobierno de España y el Ejecutivo Comunitario a través de los organismos designados mantendrán, en virtud del acuerdo, intercambios trimestrales para hacer balance de los avances en la aplicación del Plan de Recuperación.

Éstos podrán tener lugar personalmente tanto en España como en Bruselas o podrán efectuarse de manera virtual y servirán para que Bruselas examine el cumplimiento de los compromisos de España para proceder a los desembolsos.

Como punto permanente del orden del día en estas reuniones de balance figurará el calendario de las solicitudes de pago. Al margen de estas reuniones entre España y la Comisión Europea, se podrán celebrar otras sobre inversiones o reformas concretas o sobre cuestiones del Plan de Recuperación que afecten a varios componentes para garantizar la coherencia en su desarrollo.

Asimismo, tal y como establece el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el conjunto de los Estados miembros, el progreso en la ejecución de los planes de cada uno se incorporará al Semestre Europeo.

Por último, cada año, la Comisión y España organizarán conjuntamente un evento anual con la participación de los responsables de la aplicación del Plan de Recuperación y otras partes interesadas pertinentes, para debatir a complementariedad, la sinergia, la coherencia y la cohesión entre la aplicación del Plan de Recuperación y otros programas de la Unión.