El Gobierno extenderá los ERTE hasta el 30 de septiembre

El Gobierno y los agentes sociales coinciden en la prórroga y evaluarán tras el verano otra para el último trimestre del año

Los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey e Israel Arroyo

Los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey e Israel Arroyo

El Gobierno y los agentes sociales han consensuado este jueves que el nuevo acuerdo para la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se extienda cuatro meses más, desde el 31 de mayo que vence el plazo de la prórroga actual hasta el próximo 30 de septiembre, si bien tras el verano se evaluará la posibilidad de una nueva prórroga para el último trimestre, según han indicado a Economía Digital en fuentes del diálogo social.

Esta ha sido la propuesta trasladada por el Gobierno a patronal y sindicatos en la reanudación de las negociaciones en el marco de la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral para abordar la cuarta prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo, a la que han asistido el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, así como representantes de CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.

El Gobierno ya se ha comprometido en varias ocasiones a extender este mecanismo de protección de empleo a todo el ejercicio 2021, por lo que el consenso de fijar un plazo para la cuarta prórroga hasta el 30 de septiembre, si bien fuentes del diálogo social explican que previsiblemente tras el verano se abordará una nueva negociación para una nueva prórroga para el menos el último trimestre de 2021.

Por el momento, fuentes sindicales, de la patronal y gubernamentales destacan que la primera toma de contacto ha sido fructífera ya que se ha constatado un consenso generalizado en la necesidad de ampliar los ERTE, paragüas bajo el que se encuentran aún 621.000 trabajadores, con datos hasta el martes.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado en un tuit que desde el Ministerio se sigue abordando con diálogo social “las soluciones que necesitamos para defender el empleo y mejorar las condiciones laborales”.

Habrá “algún tipo de adaptación a la situación actual”

La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha explicado ha explicado al término de la reunión que en la comisión tripartita se ha analizado la situación actual de reactivación de trabajadores en ERTE, paragüas bajo el que se encuentran 621.000 personas, y se ha comenzado la negociación para la cuarta prórroga.

Vicente ha explicado que en la comisión tripartita se considera necesario realizar un seguimiento del instrumento de los ERTE, que ha sido “fundamental” para mantener la actividad económica y el empleo, motivo por el que el Gobierno ha planteado que el próximo acuerdo se extienda durante 4 meses, hasta el 30 de septiembre.

En @empleogob seguimos abordando con diálogo social las soluciones que necesitamos para defender el empleo y mejorar las condiciones laborales.

Sobre el contenido, ha indicado que se plantea “algún tipo de adaptación a la situación actual vivida”, pero no se han concretado mayores detalles ni ningún texto al respecto, por lo que todo ello quedará pendiente de tratar en una nueva reunión la próxima semana. En estos días el Gobierno remitirá a los agentes sociales su propuesta, tras la primera reunión de “toma de contacto”.

“La noticia importante es que los ERTE se van a mantener, va a haber un nuevo acuerdo hasta el 30 de septiembre de este año y la apuesta por seguir manteniendo esta herramienta en tanto en cuanto las necesidades económicas fruto de la pandemia de la Covid-19 sigan vigentes“, ha añadido.

Incentivos a la reincorporación

Se contempla a priori, por tanto, el mantenimiento en condiciones similares del esquema actual de los ERTE, con tres modalidades destinados a los sectores ‘ultraprotegidos’ y a las empresas vinculadas a su cadena de valor, los de impedimento de la actividad y los de limitación.

No obstante, parece seguro que se volverá a incorporar incentivos a la reincorporación de los trabajadores mediante mayores descuentos en las cotizaciones sociales. En el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas el Gobierno establece un “mecanismo transitorio de ERTE hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores”

Esta es precisamente la postura de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quienes abogan por incentivar las reincorporaciones de los trabajadores que siguen en ERTE a la plantilla para contener el gasto público e impedir que la deuda y el déficit sigan aumentando. En consecuencia, los empleados que sean recuperados de su suspensión de empleo tendrían una bonificación de alrededor del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para el resto.

El año pasado se acordó una prórroga de los ERTE con incentivos a la reincorporación para fomentar la reactivación de cara al verano, si bien más tarde se regresó al modelo de protección del empleo ante el endurecimiento de las restricciones por el empeoramiento de las cifras de contagios, y ahora podría volver a recuperarse el esquema con incentivos a la reactivación laboral.

Por el contrario, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz aboga por mantener el esquema actual sin modificaciones de calado, ya que “lo que funciona no hay que tocarlo” y el último modelo ha sido “muy positivo”, aunque ya ha admitido que ”seguramente habrá que hacer ajustes”. En cualquier caso, ha trasladado en las últimas semanas “tranquilidad” a trabajadores y empresas de que este mecanismo de protección se mantendrá “todo el tiempo que sea necesario”. 

Unos 621.000 trabajadores siguen en ERTE

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital para detallar las actualización de las previsiones macroeconómicas y el Programa de Estabilidad que las cifras de ERTE están en niveles mínimos desde el inicio de la pandemia.

Calviño ha a anticipado que lo “previsible” es que la senda descendente conforme continúen levantándose las restricciones a la movilidad, en un contexto en el que el pasado martes se alcanzó un nuevo mínimo de trabajadores en ERTE, 11.000 por debajo de los 632.000 de octubre de 2020, lo que supone unos 621.000 trabajadores, “mínimos desde el inicio de la pandemia”.

En este sentido, ha detallado que 36.600 personas salieron de los ERTE en el mes de abril, con lo que el mes finalizó con menos de 640.000 trabajadores cubiertos por estos expedientes de regulación temporal de empleo.

Prohibición de despidos

En anteriores negociaciones para extender este mecanismo desde la patronal ya intentaron sin éxito eliminar el requisito de la prohibición de despido durante medio año para que las empresas puedan incluir a sus trabajadores en los ERTE, pero tanto el Ejecutivo como los sindicatos rechazan de pleno esa petición.

Desde CEOE llevaban tiempo reclamando que los ERTE se extendiesen hasta final de año, algo que Calviño ya sostuvo hace dos semanas cuando afirmó que los ERTE y todas las medidas de protección se extenderían “todo 2021 y todo lo que sea necesario”, y ha corroborado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estos últimos días.

Por su parte, fuentes sindicales señalaron a Economía Digital la coincidencia de tener que prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo, si bien subrayan la importancia de pensar en una fórmula similar a este mecanismo de protección para los periodos de normalidad y sobre las bonificaciones a la reinserción creen que si tiene efectos se tendría que discutir, aunque recuerdan que se ha recogido en las sucesivas prórrogas. 

Para los sindicatos lo prioritario es que la última opción que tengan las empresas sea el despido y se introduzca una restricción en la contratación temporal y de la posibilidad de despido para que sea mucho más complicado recurrir a ello. 

Esquema actual

El esquema de ERTE actualmente en vigor contempla tres modalidades, que pasan por los destinados a los sectores ‘ultraprotegidos’ y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los ERTE de impedimento de la actividad, y los ERTE de limitación, los dos últimos pensados para restricciones administrativas temporales adoptadas como medida de freno a los contagios de Covid (reducción de aforos o prohibición de apertura, por ejemplo).

En el caso de los sectores ‘ultraprotegidos’ y empresas de su cadena de valor, las exoneraciones en las cotizaciones son del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.

En los ERTE por impedimento, las exoneraciones son del 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90% para las que tengan más de 50 empleados en plantilla. A los ERTE por impedimento pueden acogerse empresas de cualquier sector o actividad.

Por último, en los ERTE de limitación, a los que también pueden tener acceso empresas de cualquier sector o actividad, las exenciones se fijaron exenciones decrecientes, de forma que para las empresas de menos de 50 trabajadores fueron del 100% en febrero, del 90% en marzo, del 85% en abril y del 80% en mayo, mientras que para las que tengan más de 50 empleados fueron del 90%, del 80%, del 75% y del 70%, respectivamente.

Nuevo sistema estructural desde 2022 con fondo tripartito

Al margen de la prórroga de los ERTE actuales, el Ejecutivo empezará a negociar también con los agentes sociales una reforma para incorporar al Estatuto de los Trabajadores dos nuevos mecanismos de ajuste de empleo previstos en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, que pasan por un sistema de estabilización económica y por un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición.

En cuanto al primero, el sistema de estabilización económica proporcionará flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa, con un foco especial en la formación de los trabajadores y consiste en la reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, para reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad.

Con este mecanismo se busca “minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock, y reducir la elevada temporalidad del mercado
laboral español”.

Para garantizar la financiación del nuevo mecanismo de regulación temporal de empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad, se establecerá un fondo tripartito, cuyo funcionamiento se decidirá en el diálogo social, que permita destinar del excedente de las cotizaciones sociales por desempleo logrado en las fases alcistas del ciclo económico a financiar los déficits en las fases recesivas, cuando caen los ingresos y aumenta el gasto.

Este mecanismo tripartito se nutrirá, entre otras posibles contribuciones, del exceso de cotizaciones sociales que realizan las empresas y los trabajadores, así como de la aportación del Estado al presupuesto del SEPE en la medida que sea necesario, de acuerdo con el diseño final que se haga del instrumento. Además de esta aportación al SEPE para el pago de prestaciones, el Estado también puede participar mediante las exenciones en las cotizaciones sociales de las empresas tal
y como se ha hecho en la crisis actual. Las contribuciones adicionales del Estado se podrán financiar mediante recurso a los préstamos del Fondo de Recuperación-Next Generation.

Sistema de apoyo a la recualificación

Por otra parte, también se acordará un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores
en transición
, para hacer frente a los posibles ajustes permanentes de plantillas ante innovaciones derivadas de los cambios tecnológicos o de la demanda.

Este mecanismo dispondrá de una financiación mixta. Las empresas o sectores afectados pagarán una parte del sueldo y el gasto en formación y recualificación de los trabajadores, completando el resto el Estado mediante el recurso a los créditos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y las transferencias para financiar las Políticas Activas de Empleo.