ERC, PNV y Bildu planean vetar en el Congreso aspectos clave de la reforma laboral para la CEOE

CEOE presiona para que se mantenga el acuerdo sin cambios y el Gobierno espera que se preserve "lo máximo posible", mientras que los sindicatos ELA y LAB fuerzan al PNV al 'no' y el PP avanza su negativa

Los portavoces del PNV, EH Bildu y ERC en el Congreso. / EFE

El Gobierno ha logrado cerrar un acuerdo con la patronal y los sindicatos para acometer su prometida reforma del mercado laboral, con cesiones por todas las partes y de un menor alcance de lo previsto, pero formaciones como ERC, Bildu o PNV se muestran decepcionados con el contenido de la norma y planean la introducción de cambios durante su tramitación parlamentaria.

Este es al menos el propósito de ERC y de EH Bildu, quienes tras la aprobación de las líneas maestras de la principal reforma económica del Gobierno en la legislatura por parte de los comités de CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT se apresuraron a mostrar su decepción por los términos del acuerdo.

Las formaciones nacionalistas reprochan a los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) que hayan incumplido su compromiso de programa respecto a la derogación «íntegra» de la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy. «El acuerdo es propaganda y no se cumple el acuerdo parlamentario que suscribieron con nosotros», critican fuentes de Eh Bildu, a pesar de que en las últimas semanas desde el Ejecutivo se ha tratado de negociar con estas formaciones para incluir algunas de sus peticiones al texto.

Por ello, fuentes de ERC y de la formación abertzale confirman a Economía Digital que ya se preparan para intentar lograr una mayoría que permita introducir cambios la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, una vez llegue en enero al Congreso tras su aprobación este martes en Consejo de Ministros, para su ulterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor el 1 de enero.

En las últimas semanas el Ejecutivo ha negociado con las tres formaciones (ERC, PNV y Bildu) para tratar de incluir algunas de sus peticiones, aunque ha priorizado a los ‘jeltzales’ tras amagar con votar en contra de los Presupuestos por quedarse atrás en comunicación frente a la formación de Otegi (EH Bildu).

Así las cosas, el descontento de las formaciones nacionalistas podría complicar al Gobierno la tramitación de la ley e inquieta ya en CEOE, que exige a los partidos de la coalición (PSOE y Unidas Podemos) que se mantenga lo acordado a su paso por el Congreso.

La vía legislativa escogida por el Gobierno es el real-decreto ley, con lo que se asegura incorporar la norma al ordenamiento ahorrándose el tiempo que dura la aprobación de una ley por el cauce normal, evitando posibles complicaciones iniciales con las formaciones, pero la oposición podrá plantear modificaciones (enmiendas) al texto al tramitarse como proyecto de ley.

La cuadratura del círculo en el Parlamento se antoja complicada y serán PSOE y Unidas Podemos los que tendrán que tratar de recabar el apoyo de sus socios, ERC, PNV, EH Bildu o Más País, a pesar de que todos ellos han mostrado ya su descontento ante el acuerdo logrado tras nueve meses de complicada negociación.

Prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal

Más allá del concepto de derogación de reforma laboral al completo o de aspectos lesivos, en el trasfondo del cabreo de los socios de Gobierno se sitúa la ausencia de lo que denominan la «desestatalización de la negociación colectiva».

El Gobierno y los sindicatos celebran que se recupera el papel central de la negociación colectiva como primer paso para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales entre trabajadores y empresariado, pero para las formaciones nacionalistas es claramente insuficiente y consideran que la mayor parte de sus reivindicaciones han quedado fuera del acuerdo.

Y es que la patronal ha logrado imponerse en la prevalencia del convenio estatal sobre el autonómico, frente a las presiones de los socios del Ejecutivo para que se recuperase la prevalencia de los segundos, aunque esto podría cambiar durante la tramitación parlamentaria si dichos partidos logran respaldo a sus propuestas de modificaciones.

En cambio, los sindicatos si han logrado fijar la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial, de forma que las compañías no podrán a partir de enero modificar en los convenios de empresa las subidas salariales acordadas en los convenios sectoriales. Se mantienen los descuelgues, pero, por tanto, los sueldos no podrán ser en ningún caso inferiores a los fijados en el convenio de sector.

El convenio sectorial pasaría a regular la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa, así como la retribución y la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria y la duración de la jornada.

Sí seguiría prevaleciendo el convenio de empresa en la elección entre abono o la compensación de las horas extraordinarias y en el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones, salvo en los supuestos citados.

Los sindicatos ELA y LAB presionan al PNV

ERC ya maniobró en la reforma laboral de 2012 para primar el convenio autonómico sobre el estatal y se había ya negado a secundar reformas cobre convenios porque impedían un convenio autonómico catalán, que considera que debe primar especialmente en cuestiones como las de la flexibilidad y la movilidad de los trabajadores.

La formación catalana también reclama la recuperación de los salarios de tramitación, la autorización administrativa para realizar los expedientes de regulación de empleo (ERTE) y un aumento de los días de indemnización por despido, aunque este último punto no es objeto en esta reforma finalmente.

En el caso del PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, prioriza la protección y consolidación del ámbito vasco de negociación colectiva. Pide también por tanto la prevalencia del convenio autonómico.

Los sindicatos vascos (ELA y LAB) presionan ya al PNV para que vote ‘no’ a la reforma laboral consensuada de forma tripartita por el Gobierno, al considerar ELA que se incumple «una vez más» el programa electoral de la coalición gubernamental ante los poderes empresariales al no derogarse la reforma laboral de 2012, y LAB acusar a CCOO y UGT De haber «pactado sin presiones una reforma a la medida de la patronal».

Rechazan la reforma por no incluirse medidas para corregir la estatalización de la negociación colectiva de las reformas laborales de 2010 y 2021, algo que denuncian que supone que los convenios sectoriales «subordinados a los convenios sectoriales estatales, dando paso a la precarización». Añaden como crítica que no se modifique nada respecto a los despidos.

Entre tanto, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anticipado ya su rechazo a la nueva reforma laboral exigiendo un «marco vasco de relaciones laborales», ante una mayoría sindical «diferente a la del Estado», en referencia a los sindicatos mayoritarios en la región vasca, ELA y LAB, y de empresarios, Confebask, que habitualmente disponen de mayorías para constituir una unidad de negociación.

CEOE presiona para mantener lo acordado y el Gobierno espera que «lo máximo posible»

Desde CEOE reclaman abiertamente el “mantenimiento de la redacción vigente respecto de los convenios sectoriales estatales y autonómicos” y señalan que, de lo contrario, podrían crearse “distorsiones y afectar a la unidad de mercado”. También recalcan que los intentos que se han dado hasta el momento han sido “un fracaso”, con innumerables ejemplos de iniciativas en Cataluña, según exponen.

Fuentes de la patronal señalan a CEOE que confían y esperan que el Gobierno respete lo acordado, de forma que se mantenga la prevalencia del convenio estatal sobre el autonómico. «Sería muy serio para la credibilidad del diálogo social que no se respete un acuerdo de quien paga las nóminas y quien las cobras», añaden las mismas fuentes.

Desde Moncloa señalan a Economía Digital que el objetivo es «tratar de preservar lo máximo posible» del acuerdo al defender que da seguridad jurídica al permitir «reglas claras» y con ello impulsar la creación de empleo aprovechando el impulso de los fondos europeos del Plan de Recuperación.

En el Gobierno se confía en que los socios del Gobierno no entorpezcan en exceso la tramitación de la reforma laboral y se da por seguro que la reforma superará el trámite, ya que creen que los partidos acabarán actuando con «responsabilidad» al haberse logrado un acuerdo tripartito «equilibrado» con empresarios y sindicatos que refleja el sentir de «la mayoría de los españoles.

El PP rechaza de facto la «contrarreforma» laboral

Además de ERC, Eh Bildu, PNV y Más País, en la oposición tanto el PP como Vox han mostrado su rechazo de lleno a la reforma laboral. «Rechazamos la contrarreforma laboral de Sánchez y recuperaremos nuestro modelo que ha creado 3 millones de empleos y permitido los ERTE. España será en 2022 el país de la UE con más paro según FMI. Se necesita más flexibilidad, implantar la mochila austriaca y bajar cotizaciones», denunció el presidente del PP, Pablo Casado, en un tuit.

En la misma línea, la vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, califica de «mala» para España la reforma laboral acordada al considerar que se resta flexibilidad al mercado laboral. «Acordar por acordar no aporta nada», censuró Rodríguez, quien exige que la norma se debate «por todos» en el Parlamento y no se apruebe por real decreto ley.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien estos días ha protagonizado acalorados desencuentros públicos con el líder del PP, Pablo Casado, dijo este jueves que en el Gobierno están ya «acostumbrados a la actitud destructiva del PP», al estar «my centrado en el ruido y la crispación».

Por su parte, Ciudadanos ve a priori con buenos ojos el acuerdo al haberse eliminado las burradas intervencionistas en materia de contratos y temporalidad, así como los límites a la temporalidad y en materia de subcontratación se contempla una excepción para aplicar las condiciones de la empresa contratista o subcontratista cuando esta cuente con un convenio propio.

El recurso del real-decreto ley: menos debates y convalidación en 30 días

Tal y como establece la Constitución Española en su artículo 86, el decreto ley es una iniciativa legislativa que se reserva solo para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”. Los conocidos como ‘decretazos’ simplifican al máximo los plazos y evitan así más debates parlamentarios y enmiendas, por lo que suele ser habitual que desde la oposición se critique esta vía para aprobar una ley si de verdad no precisa de urgencia.

Si finalmente la reforma laboral se aprueba por real decreto-ley como está previsto, la norma entraría inmediatamente en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), normalmente al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Ministros, en torno a finales de noviembre. Habrá un número muy limitado de días en los que el decreto ley esté en vigor todavía sin haberse aprobado en el Parlamento.

Así, desde la fecha de su entrada en vigor el Congreso dispondría de un plazo de 30 días para debatir y proceder a la convalidación o derogación de la norma.  Precisamente el recurso del decreto-ley ha sido característico del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente durante la pandemia, y le ha llevado en varias ocasiones a ser cuestionado por la oposición e incluso por el Tribunal Constitucional, que en mayo del año pasado.