Escrivá salva su reforma de pensiones: el modelo del PSOE frente al del PP

El ministro José Luis Escrivá ha logrado salvar su reforma de las pensiones al tumbar el Congreso la enmienda a la totalidad del PP, que rechaza la reforma por eliminar el factor de sostenibilidad y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Miraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en el pleno del Congreso. EFE/Chema Moya

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en el pleno del Congreso. EFE/Chema Moya

El Gobierno de coalición y sobre todo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, respiran este jueves tranquilos tras haber conseguido salvar el primer paquete de la reforma de pensiones en el Congreso al tumbar la enmienda de la totalidad presentada por el PP contra dicha reforma.

Así, el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo ha superado su primer examen parlamentario, al haberse rechazado la enmienda a la totalidad del PP, por lo que con total seguridad la reforma de pensiones podrá ver la luz previsiblemente el próximo 1 de enero.

La enmienda a la totalidad de devolución presentada por el PP ha recibido 143 votos a favor del PP y Vox, 194 en contra y 11 abstenciones, por lo que ha sido rechazada y la reforma continuará su tramitación en ponencia, comisión y pleno, hasta ser elevado al Pleno del Congreso para su votación final, antes de ser remitido al Senado.

Escrivá ha definido el proyecto de ley como “una reforma de país”, ya que se ha elaborado a partir de las recomendaciones que aprobaron por consenso los grupos políticos en el Pacto de Toledo en 2020, con acuerdo en el diálogo social y con las autoridades europeas, siendo un compromiso con la Comisión Europa en el Plan de Recuperación para recibir los fondos europeos.

El factor de sostenibilidad, el principal choque

El diputado del PP, Tomás Cabezón, ha rechazado la reforma por «prescindir completamente del Parlamento y tratar de burlar la tramitación ordinaria» del proyecto de ley y por desconocer su contenido fundamental y «cómo y de qué manera se va a garantizar la sostenibilidad del sistema», viendo riesgo de «quiebra». El gasto en pensiones alcanzó el récord de 10.233 millones en agosto.

Cabezón ha criticado que no se conozcan detalles del mecanismo de equidad intergeneracional ni siquiera al diálogo social, pese al acuerdo suscrito en julio. «Es una reforma que piensa exclusivamente en hoy pero se olvida de los pensionistas de mañana y de pasado mañana, que va contra el interés general», ha espetado.

La principal fricción entre el PP y el PSOE es que los ‘populares’ creen que con la reforma no se asegura la sostenibilidad y viabilidad futura del sistema público de pensiones, ya que la reforma incluye la derogación en 2021 del factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que conllevaba un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida.

Nuevo mecanismo de equidad intergeneracional: «ajuste final secundario»

Y es que tras la derogación del factor de sostenibilidad el Gobierno negociará con los agentes sociales antes del 15 de noviembre en el diálogo social “un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”, para su incorporación al proyecto de ley, de forma que deberá estar definido en el momento de entrada en vigor de esta ley”.

Escrivá no ha dado detalles sobre este futuro mecanismo, pero ha explicado que será“contingente y secundario”, por lo que solo implicará recorte de las pensiones si dentro de unos años “pasara algo», a modo de mecanismo de «ajuste final» para asegurar la sostenibilidad si es preciso cuadrar las cuentas af uturo.

Cabezón (PP) ha acusado al ministro de que el nuevo mecanismo de equidad es el «recorte» en pensiones que planea el Gobierno, mientras que Escrivá ha denunciado que el PP pretende «recortar las pensiones un 40% en la vida de un pensionista».

En este sentido, Escrivá ha recordado que algunas instituciones como el Banco de España o AIReF estimaban que el poder adquisitivo de la pensión podría acabar siendo un 40% en 20 años de implementarse la reforma de pensiones de 2013 del PP que incluía el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que contemplaba un alza del 0,25% si hay déficit y el factor de sostenibilidad.

También ha acusado al PP de poner en riesgo «irresponsablemente» la reforma de las pensiones y por consiguiente los fondos europeos del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas y «toda su capacidad financiadora y de transformación».

Sobre sus polémicas palabras acerca de implantar una «cambio del cultura» para trabajar más entre los 55 y los 75 años, ha vuelto a aclarar que España no necesita cambiar su edad legal de jubilación, sino incentivar más su retraso a quien lo desee.

El modelo del PSOE: revalorización con IPC e incentivar el retraso de jubilación

Aunque en el Pacto de Toledo casi todos los partidos habrían logrado un consenso generalizado sobre las pensiones y la revalorización de las mismas, finalmente el PP ha optado por enmendar el modelo del PSOE (y Unidas Podemos), cuya reforma pasa por distintos puntos.

El acuerdo garantiza que las pensiones en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior, y en caso de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas.

Para el saneamiento de las cuentas del sistema de Seguridad Social se contempla la separación de fuentes, para lo que el Gobierno está realizando el traspaso de 22.000 millones de gastos impropios (ya van 18.000) de la Seguridad Social al Estado para que sean asumidos en los Presupuestos Generales del Estado, en vez de vía cotizaciones de empresas y trabajadores.

La reforma impulsa también la jubilación demorada, al aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso.

Mejora los incentivos para prolongar la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación y se ofrecen tres tipos de incentivos, a elegir por el trabajador, por cada año de demora: una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas, de hasta 12.000 euros, un porcentaje adicional del 4% en la pensión, o una combinación de ambas opciones.

En paralelo, se penaliza la jubilación anticipada, con unos coeficientes reductores de entre el 2,81% y el 21% en función de los años cotizados. En lo referido a la jubilación forzosa, aquella que se recoge en los convenios colectivos y que obliga a los trabajadores a retirarse quieran o no, se acuerda la prohibición de las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. 

La propuesta del PP: la reforma de 2013

Por su parte, el modelo que plantea el PP se nutre básicamente en las grandes medidas recogidas en la reforma de las pensiones del año 2013 aprobada por el anterior Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy y fuertemente criticada por dos de sus principales componentes: el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad.

El índice de revalorización de las pensiones de la reforma de 2013 limitaba las subidas al 0,25% en situaciones de déficit, aunque finalmente el PP no lo llegó a aplicar por la presión del colectivo de jubilados y del PNV para consensuar los Presupuestos y aplicó una subida ligada al IPC, que más tarde apoyó en el Pacto de Toledo.

De hecho, el PP sí valora la revalorización anual de las pensiones con arreglo al IPC, así como las propuestas de la reforma de pensiones para acercar de manera voluntaria la edad efectiva de jubilación a la legal mediante los incentivos a la jubilación demorada y las penalizaciones a la anticipada.

El PP defiende el factor de sostenibilidad que ideó en 2013 por ser una herramienta que vinculaba las pensiones de jubilación a la esperanza de vida y «garantizaba que las personas de diferentes generaciones con similares contribuciones percibieran pensiones equivalentes a lo largo de su vida».

Los ‘populares’ reivindican su reforma porque consideran que con ella se erradicaba toda incertidumbre sobre el sistema de pensiones, ante el aumento de la esperanza de vida y la jubilación de las generaciones del ‘baby boom’, y por ese motivo ven «irresponsable» la derogación propuesta del factor de sostenibilidad.