Gobierno y sindicatos planean una ‘reforma laboral 2’ para abordar las condiciones de los despidos

Los sindicatos reclamarán en 2022 volver a una indemnización por despido de 45 días por año trabajado y coinciden con el Gobierno en modificar las causas de despido

Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo en un acto. Foto: EFE

Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo en un acto. Foto: EFE

Nueve meses de intensas negociaciones, discrepancias en el diálogo social e incluso en el seno del Gobierno han posibilitado finalmente el acuerdo para la anunciada reforma laboral de «mínimos», alejada de las pretensiones iniciales de derogación íntegra de la reforma laboral, que cambiará varios puntos en materia de temporalidad y contratación pero que deja pendientes algunos ámbitos trascendentales que Ejecutivo y sindicatos impulsarán en 2022, como los despidos.

En el Gobierno las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, se congratulan por el «éxito» de haber logrado sumar ‘in extremis’ a la CEOE a un acuerdo tripartito que permitirá cumplir el reiterado objetivo de aprobar la reforma laboral antes de que acabe el año, dando el visto en el Consejo de Ministros de este martes 28 de diciembre.

La reforma laboral pactada conlleva una derogación «política» de algunos de los puntos más criticados por la oposición de la reforma laboral del PP de 2012, lo justo para cumplir con el acuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, pero tal y como ha reconocido ya incluso la propia vicepresidenta segunda no supone una derogación técnica de la legislación vigente formulada por los ‘populares’, pese a años de promesas.

El argumento esgrimido es la imposibilidad de llevar a cabo una derogación técnica porque ello conllevaría quedarse sin «colchón jurídico», pero fuentes del Gobierno insisten en que el acuerdo es «histórico» y va «mucho más allá» al tratarse de un «cambio de paradigma fundamental» en el mercado de trabajo español al abordar de pleno aspectos como la temporalidad, la contratación, la subcontratación o la flexibilidad mediante los futuros ERTE.

Nuevos cambios en 2022

Con todo, las mismas fuentes gubernamentales admiten que se han tenido que realizar «bastantes cesiones» tanto por parte del Gobierno, sobre todo respecto a las pretensiones iniciales del Ministerio de Trabajo en las negociaciones pilotadas por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, como también por parte de los sindicatos y, aunque en menor medida, de los empresarios.

Por ello, desde Moncloa y los sindicatos confirman a Economía Digital que los cambios en el mercado de trabajo español para atajar los problemas de los que adolece, como la temporalidad, la precariedad, la rigidez y dualidad o la alta tasa de paro, «no se quedan ni mucho menos aquí», y quedan pendientes de abordar distintos asuntos a corto y medio plazo.

Algunos de los interlocutores hablan de una «reforma laboral 2» o «segunda parte de la reforma laboral», aunque sería de mucho menor calado que lo consensuado esta semana, en caso de que logren acordarse algunos avances en materia de despidos, empleo o formación.

Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez. EFE

Los sindicatos lo dejaron claro en su comunicado conjunto de valoración del acuerdo. «Sin duda quedan cuestiones pendientes porque no han sido abordadas en esta fase de la negociación, pero el acuerdo merece una valoración muy positiva, sin dejar de afirmar nuestra voluntad de seguir avanzando en el marco del diálogo social para consolidar plenamente un empleo con derechos y de calidad en nuestro país», apostillaron.

Fuentes del Ministerio de Trabajo se limitan a señalar que el ‘melón’ de los despidos, uno de los temas más delicados que concentró las protestas contra la reforma laboral de 2012 que redujo las indemnizaciones por despido, «no es objeto» en el acuerdo de la reforma actual y queda por tanto pendiente como «otro paso» a dar en 2022.

Desde los sindicatos también confirman que el asunto de los despidos será una de las batallas que tratarán de librar CCOO y UGT frente al rechazo de la patronal, que opta por no modificar la legislación actual en lo referido al coste de los despidos, a lo que se suman otros temas como el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la negociación de un nuevo (quinto) Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC), caducado desde 2020, para subir salarios en convenio.

Volver a la indemnización por despido de 45 días

El abaratamiento del coste de los despidos fue una de las medidas principales y más impopulares de la reforma acometida por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, afectando tanto a los contratos nuevos como a los ya suscritos, de forma que se redujeron las indemnizaciones por despido improcedente en los contratos fijos pasaron de 45 días por año y 42 mensualidades a 33 días por año y un máximo de 24 mensualidades.

En el caso de despidos procedentes la indemnización bajó hasta los 20 días, hasta un máximo de 12 mensualidades. También se clarificaron las causas por despido procedente, que mantuvo los casos de pérdidas actuales y previstas y añadió la disminución persistente de los ingresos o ventas, entendiéndose un periodo de tres trimestres consecutivos.

Fuentes sindicales ya adelantan a este medio que su planteamiento a priori pasa por volver a la indemnización previa a la reforma laboral de 2012, que fijaba una compensación por despido de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, un nivel que, aseguran, es bien visto por el Ministerio de Trabajo.

Pero desde CEOE ya apuntan que ese planteamiento es «totalmente rechazado» por los empresarios, al ser una idea «disparatada en los momentos actuales» por el encarecimiento que conllevaría en un contexto de altos precios, crisis energética y de suministros y aumento de los costes laborales por el alza de cotizaciones y salarios.

Despido improcedente

Así las cosas, en las negociaciones los sindicatos, con el beneplácito del Ministerio de Trabajo, llegaron a plantear que los casos de despido improcedente corresponda al trabajador decidir si continúa trabajando en la empresa o no. Es decir, propusieron invalidar el despido improcedente al plantear que deje de ser el empresario el que tenga la última palabra sobre la permanencia del trabajador en la empresa en los casos de despido improcedente una vez que este es declarado por el juez.

El planteamiento se topó con el rechazo firme de la patronal, que defienden que la empresa pueda seguir teniendo la opción de elegir entre la rescisión del contrato al trabajador despedido o compensarle con una indemnización de 33 días por año trabajado hasta el máximo de 24 mensualidades fijado.

De su lado, en el Gobierno no concretan qué posibles indemnizaciones podrían ver la luz a posteriori y rehusan pronunciarse sobre los despidos, ante el inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma laboral.

El Ejecutivo solo llegó a plantear en las negociaciones la reforma del artículo 55 referido al despido disciplinario con el fin de añadir una nueva causa de despido nulo para el caso del trabajador contratado de forma temporal y despedido de forma irregular, lo que implicaría su readmisión como fijos, pero finalmente no fraguó.

Tramitación parlamentaria: ERC, Bildu y PNV amenazan con cambios

ERC y Bildu han mostrado su decepción por los términos del acuerdo y han reprochado a PSOE y Unidas Podemos que hayan incumplido su compromiso de programa respecto a la derogación “íntegra” de la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy, a pesar de que en las últimas semanas desde el Ejecutivo se ha tratado de negociar con estas formaciones.

Por ello, fuentes de ERC y de la formación abertzale han confirmado a este diario que ya se preparan para intentar lograr una mayoría que permita introducir cambios la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, una vez llegue en enero al Congreso, para su ulterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor el 1 de enero. PNV y Más País también se muestras críticos y abiertos a introducir cambios.

La patronal ha logrado imponerse en la prevalencia del convenio estatal sobre el autonómico, frente a las presiones de los socios del Ejecutivo para que se recupere la prevalencia de los segundos, aunque esto podría cambiar durante la tramitación parlamentaria si dichos partidos logran respaldo a sus propuestas de modificaciones.

El descontento de las formaciones nacionalistas podría complicar al Gobierno la tramitación de la ley e inquieta ya en CEOE, que exige a los partidos de la coalición (PSOE y Unidas Podemos) que se mantenga lo acordado a su paso por el Congreso. Tanto, que su presidente, Antonio Garamendi, ya ha advertido de que si no se respeta el acuerdo lo denunciarán y no se volverán a sentar en una mesa de diálogo.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya ha dicho que espera «que no se cambie sustancialmente (la reforma laboral) porque ha sido un acuerdo con los agentes sociales“ que expresa el sentir mayoritario y da seguridad jurídica.

La cuadratura del círculo en el Parlamento se antoja complicada y serán PSOE y Unidas Podemos los que tendrán que tratar de recabar el apoyo de sus socios, ERC, PNV, EH Bildu o Más País, a pesar de que todos ellos han mostrado ya su descontento ante el acuerdo logrado tras nueve meses de complicada negociación.