Los inspectores de Trabajo preparan huelga en marzo ante el «abandono» de Díaz y Montero

El ultimátum de los inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social al Gobierno en su conjunto realizado el pasado mes de diciembre no ha sido atendido por el Ejecutivo, por lo que han iniciado los preparativos para su movilización de cara al mes de marzo, con un encierro en la primera quincena y el inicio de la huelga en la segunda, si el Ejecutivo no desbloquea y cumple con el acuerdo formalizado el pasado mes de julio con el Ministerio de Trabajo para el refuerzo de plantilla y material y la mejora de condiciones.

Ante el «caso omiso» del Gobierno al no haber sido atendidos, pese a su advertencia de diciembre, ni por el Ministerio de Trabajo ni por el Ministerio de Hacienda (a este segundo le acusan de bloquear el acuerdo de julio), según explican fuentes sindicales a Economía Digital, se trabaja ya en el escenario de movilización, debido a que las condiciones de trabajo «no cesan de empeorar», por la pérdida progresiva de efectivos y el aumento de las cargas de trabajo.

La cada vez más probable movilización está respaldada e impulsada por ocho organizaciones de trabajadores representantes de buena parte de la plantilla de Inspección de Trabajo —CCOO,UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT—, tal y como había adelantado Economía Digital.

Las organizaciones avisan de que si Hacienda no cede «en el mes de marzo la movilización estará presente», de forma que en la primera quincena se programará una concentración/encierro en todos los centros del organismo y, de continuar el bloqueo, el inicio de la huelga quedará marcado en la segunda quincena de marzo.

Asambleas de trabajadores

Por el momento las ocho organizaciones han dado inicio asambleas de trabajadores en los centros de trabajo de Madrid de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, previas al inicio de conflicto y la movilización en este ámbito, al ver que sus advertencias y peticiones han sido hasta la fecha desoídas tanto por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz como por el departamento de Hacienda que pilota María Jesús Montero.

Así las cosas, las organizaciones continuarán con las asambleas a lo largo del mes de febrero: están planificadas la de Valencia para el próximo 8 de febrero, Sevilla el 9 de febrero, el 10 en Toledo, el 15 en Valladolid, el 28 en Zaragoza y así se continuará hasta cubrir, con cualquiera de las alternativas existentes, la totalidad de las inspecciones.

«El compromiso es claro con la defensa del acuerdo y sin el mismo no hay posibilidad de escapar de una confrontación que puede tener graves consecuencias para el servicio que debe garantizarse desde la Inspección«, han advertido las ocho organizaciones en un comunicado conjunto.

Hacienda bloque el acuerdo de Trabajo y sindicatos

Según denuncian los sindicatos, se mantiene el bloqueo al acuerdo suscrito por el Ministerio de Trabajo con la representación sindical el pasado 7 de julio de 2021 en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mientras las condiciones de trabajo «no cesan de empeorar» por la mayor carga.

Por ello, advierten de que tanto el Ministerio de Trabajo y Economía Social como el Ministerio de Hacienda y Función Pública «están llegando a un punto de absoluta irresponsabilidad que puede derivar en un conflicto como jamás se ha producido en el seno de la Inspección«.

En este sentido, critican que el Gobierno «no es capaz de dar carta de naturaleza al mismo y lo mantiene bloqueado aun cuando se cumplen todas las condiciones establecidas previamente para que se sustanciara», teniendo en cuenta que el Plan estratégico hasta el 2023 de la Inspección quedó aprobado en Consejo de Ministros y la Ley de Presupuestos para el 2022 recoge la partida presupuestaria necesaria para financiar la revisión comprometida, pero «desgraciadamente el acuerdo sigue bloqueado sin explicación alguna y el conflicto es inevitable».

Déficit de material y plantilla: se necesitan al menos 1.250 efectivos adicionales

En la actualidad la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.

Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores. La comparativa con otros países deja en evidencia lo menguada que se encuentra la plantilla en España, ya que la media europea es de uno por cada 7.300. En Francia es incluso de un funcionario por cada 5.000.

Los sindicatos han calculado que harían falta como mínimo 600 efectivos, los prometidos de incorporación en el mes de julio, aunque cifran en 1.250 efectivos adicionales el mínimo necesario para alcanzar un nivel de plantilla óptimo, ya que los 3.000 efectivos actuales (1.750 de inspección activa y unos 1.150 de tareas de apoyo administrativo y técnico) son 400 menos que hace una década, tras la pendiente negativa desde 2018.

En paralelo, reclaman la mejora de la oferta de empleo público, puesto que los sindicatos calculan que alrededor del 25% de las vacantes se quedan sin cubrir debido a que los opositores optan por otras plazas más competitivas y con mejores condiciones laborales. En este sentido, recuerdan que una de las medidas del acuerdo de julio pasa por cerrar la brecha salarial y alcanzar un mayor grado de digitalización. Desde CCOO también denuncian que pese a los anuncios del nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo referido a las nuevas tecnologías, el big data o la Inteligencia artificial, “se están haciendo fuera de la Inspección, se está privatizando, empobreciendo la institución”.

Seslaess se desmarca

Por su parte, Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que cuenta con 500 afiliados, el 45% de lcolectivo, se opone a las movilizaciones al afirmar que la aprobación de la RPT representa importantes subidas de sueldos para los jefes de Inspección e inspectores, pero queda lejos del trabajo de calle realizado en mayor medida por los subinspectores.

Aun así, Seslaess también ha solicitado reunirse con la vicepresidenta Yolanda Díaz y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y continúa a la espera tras 28 semanas desde la petición, aunque ha iniciado otras medidas para la «dignificación» de su trabajo