Moncloa aleja la exigencia de Yolanda Díaz por el ‘caso Cerdán’ de vetar a empresas «corruptoras» de los contratos públicos

⁠El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo una escucha activa a sus socios parlamentarios durante la ronda de contactos que ha iniciado esta semana en respuesta al escándalo en torno a Santos Cerdán, su ya exsecretario de Organización, quien está involucrado en un caso de presuntas ‘mordidas’ vinculadas a la adjudicación de contratos de obra pública.

Sin embargo, y a pesar de que en el ala socialista del Gobierno parten con la mejor de las predisposiciones en esta serie de reuniones, lo cierto es que ya están alejando la posibilidad de adoptar alguna de ellas ya propuesta por sus socios más cercanos. Es el caso de los cambios legales para prohibir que las empresas involucradas en casos de corrupción puedan concurrir a procesos de contratación pública, una exigencia de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

La también ministra de Trabajo se reunió con Sánchez este lunes en La Moncloa, después de que el secretario general del PSOE compareciera en la sede de su partido, en la madrileña calle Ferraz, tras una larguísima reunión de la dirección de la formación en la que se debatió la hoja de ruta detallada por el presidente del Gobierno, que pasa por capear la tormenta y aguantar hasta las elecciones de 2027.

En ese encuentro, Díaz, como representante del socio minoritario de la coalición, fue tajante: las medidas de regeneración democrática deben pasar por el fin de los aforamientos «y que de una vez por todas se legisle para que ninguna empresa que haya participado en prácticas corruptas pueda volver a tener un contrato con la administración pública de este país».

Sin embargo, esto ya está incluido en la Ley de Contratos del Sector Público que, en su artículo 71, establece que «no podrán contratar con las entidades» las personas que hayan sido condenadas en sentencia firme «por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio».

Otra cosa es que la sentencia firme (que normalmente supone escalar hasta el Tribunal Supremo) tarde en llegar o que se encuentren resquicios legales para evitar esas prohibiciones. Es por esto que el grupo de Yolanda Díaz ya ha registrado una proposición de ley en el Congreso para que se pueda prohibir desde la instrucción.

Fuentes de Moncloa señalan que «no es sencillo» y que tendrán que estudiar el encaje legal de cada una de las medidas que reclamen los socios. Eso sí, ya apuntan que evitar que una empresa pueda concurrir a un concurso público «es muy difícil».

Tampoco será fácil encajar las exigencias del resto de socios. Este martes, Sánchez recibió al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, y ambos le exigieron «garantías» de que el Gobierno cumplirá con sus compromisos con los neoconvergentes, aunque también le han dado cierto margen para encontrar un nuevo interlocutor.

Cerdán, hasta la semana pasada el ‘número tres’ del PSOE, era el encargado de las conversaciones directas con Junts y quien viajaba habitualmente a Suiza para las reuniones con el partido que preside Carles Puigdemont.

«El presidente nos ha explicado que él tiene la voluntad de continuar, pero no nos ha concretado cómo, ni qué medidas piensa aplicar, no solo con este escándalo, sino también con todos los incumplimientos del Acuerdo de Bruselas», dijo en una rueda de prensa en el Congreso.