Podemos registrará una propuesta para reforzar la Ley de Cadena Alimentaria

La portavoz del partido ve "fundamental" atajar los problemas que se están generando en las movilizaciones y dar respuesta a esas demandas

Portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Isa Serra.EFE/ J. J. Guillén

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Podemos registrará esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reforzar la Ley de Cadena Alimentaria con informes públicos periódicos sobre costes de producción y márgenes de beneficios en los alimentos y triplicando las sanciones a quienes la incumplan.

Lo anunció este lunes en rueda de prensa la portavoz de la Ejecutiva del partido, Isa Serra, quien insistió en el diagnóstico de la formación de que las movilizaciones de los agricultores «son heterogéneas», pues incluyen «demandas contrapuestas con intereses contrapuestos», pero con «un malestar común».

«Por un lado», enumeró, estarían «los grandes terratenientes» y «grandes productores» y los «fondos buitre» que están en su accionariado, y, por otro, «los jornaleros, los inmigrantes hiperexplotados y los pequeños productores».

Serra constató que «el cambio climático va a agravar los problemas», pero interpretó que éstos son «consecuencia de decisiones de los gobiernos en las últimas décadas y de políticas europeas» que han promovido una «mayor concentración propiedad y poder que dificulta la soberanía alimentaria».

Por ello, considera que «lo fundamental es atajar los problemas que están generando estas movilizaciones y dar respuesta a esas demandas», pues los agricultores «tienen razón» en que no se puede exigir a los productos españoles criterios de calidad que no se piden a los que se importan, ni tampoco se les puede hacer que sigan vendiendo a pérdidas.

De ahí la proposición de ley que presentará Podemos esta semana «para reforzar la Ley de Cadena Alimentaria» con listas de márgenes de beneficios de las empresas distribuidoras, que aseguró que el PSOE se negó a introducir en su momento, e informes mensuales sobre los costes de producción, así como triplicar las sanciones, porque 195 multas por un total de 640.000 euros es, a su juicio, una cifra «irrisoria y absolutamente insuficiente», que «no puede evitar los comportamientos abusivos».

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