Podemos maniobra para incluir la armonización de Patrimonio en los Presupuestos

Unidas Podemos ha registrado una enmienda en los Presupuestos para exigir la inclusión de un recargo estatal en el Impuesto de Patrimonio que obligaría a la Comunidad a subirlo, así como un incremento de un punto porcentual en los últimos tres tramos

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la ministra de Igualdad, Irene Montero y el ministro de Consumo, Alberto Garzón durante el pleno del Congreso. Foto: EFE/Emilio Naranjo

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la ministra de Igualdad, Irene Montero y el ministro de Consumo, Alberto Garzón durante el pleno del Congreso. Foto: EFE/Emilio Naranjo

Unidas Podemos no desiste en su intento de incluir una subida de impuestos a las grandes sociedades y a las grandes rentas españolas, y tras lograr incluir una subida del tipo mínimo del 15% en Sociedades, maniobra ahora para subir el Impuesto de Patrimonio y dar un paso más: fijar una tributación mínima en el gravamen en toda España, según dos enmiendas introducidas a las nuevas cuentas públicas a las que ha tenido acceso Economía Digital.

El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia en Común ha registrado un total de 15 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, aprobado por el propio Unidas Podemos en coalición gubernamental con el PSOE, y dos de ellas plantean la armonización del Impuesto de Patrimonio, que en caso de prosperar podría intensificar aún más la guerra fiscal autonómica en los albores del inicio de los trabajos de la reforma de financiación autonómica.

De prosperar, el recargo estatal que plantea Podemos obligaría a la Comunidad de Madrid a subir el tributo, bonificado al 100%, si bien la Comunidad de Madrid ya ha avisado de que acudirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno aprueba este cambio en los Presupuestos.

Durante las negociaciones presupuestarias Unidas Podemos peleó hasta el último minuto para incluir la reforma fiscal en los Presupuestos, pero finalmente solo se introdujeron pequeños cambios, el más relevante el demandado tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, aunque de reducido impacto para unas 1.000 personas y con apenas 400 millones de recaudación al aplicarse sobre la base imponible.

Por ello, en la fase de tramitación de las enmiendas ha aprovechado para introducir sendas enmiendas, a las que ha tenido acceso Economía Digital, que recuperan su petición de armonizar el Impuesto de Patrimonio, uno de los puntos más polémicos y rechazado especialmente por el PP y en concreto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno y otras comunidades mantienen una guerra fiscal abierta con la región madrileña, bajo acusaciones de ‘dumping fiscal’ por su política de bajos impuestos. Sin ir más lejos, este mismo viernes el lehendakari Íñigo Urkullu ha acusado a Madrid de ‘dumping fiscal’ y de convertirse en un paraíso fiscal. “Nos miran con envidia”, ha respondido Ayuso.

Recargo estatal que obligará a Madrid a subirlo

En detalle, la enmienda 13 de Unidas Podemos crea una nueva disposición en la Ley del Impuesto sobre Patrimonio para proceder a la armonizacíon de este tributo al recoger la creación de la “cuota estatal en el Impuesto sobre el Patrimonio cuyo rendimiento constituye ingreso del Estado no cedido a las Comunidades Autónomas”.

La disposición fija que tributan por la cuota estatal los contribuyentes por obligación personal y para dicha cuota líquida estatal se fijan reglas, que establecen que se aplicará la normativa estatal vigente reguladora del Impuesto. “En ningún caso serán de aplicación las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas en ejercicio de la capacidad normativa reconocida en la Ley de cesión tributos”, determina.

De esta forma, busca impedir que se deje de recaudar por este impuesto en comunidades como la Comunidad de Madrid, que tiene bonificado al 100% este tributo.

Además, el importe del mínimo exento, así como la escala de tipos de gravamen serán los que haya fijado la normativa estatal con carácter supletorio. Así, la cuota líquida estatal es el resultado de aplicar a la cuota íntegra estatal el límite conjunto con las cuotas del IRPF así como, en su caso, la deducción por impuestos satisfechos en el extranjero y la bonificación de Ceuta y Melilla.

La cuota a ingresar estatal será el resultado de deducir de la cuota líquida estatal el importe de la cuota a ingresar autonómica, con el límite de la cuota líquida estatal. La enmienda de Podemos también fija que corresponde al Estado la titularidad y el ejercicio de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del Impuesto en lo que afecta a la liquidación por la cuota estatal.

Subida de un 1% a los últimos tres tramos

Además de la armonización del Impuesto de Patrimonio, Unidas Podemos busca introducir en los Presupuestos un incremento de un punto porcentual en los tres últimos tramos. En concreto, se aplicaría un tipo del 2,75 a los patrimonios cuya base liquidable sea de hasta 2.673.999 euros; un tipo del 3,1% en el caso de base liquidable de hasta 5.347.998 euros y un tipo del 4,5% si es hasta los 10.695.996 euros.

La formación de Ione Belarra y Yolanda Díaz justifica su pretendida subida en que la progresividad del sistema tributario español se fundamenta en las escalas que se introducen en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio. No obstante, dado que “las sucesivas reformas han ido erosionando la capacidad recaudatoria” se pretende con esta enmienda “detener esta erosión incrementando la progresividad incrementando de forma moderada un punto porcentual”.

Cabe recordar que los Presupuestos de 2021 ya subieron el Impuesto de Patrimonio un punto para las fortunas de más de 10 millones de euros.

Objetivo postergado de Montero y punto de conflicto con Ayuso

El Ejecutivo, o mejor dicho el ala socialista, desechó la idea de introducir grandes cambios fiscales en los Presupuestos al considerar que no era el momento y preferir esperar a las conclusiones y recomendaciones del comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal en profundidad, que estarán listas en febrero de 2022 para la adopción de medidas en 2023.

Con todo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en múltiples ocasiones su intención de armonizar los impuestos a la riqueza (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones), por lo que habría una posibilidad de que prosperase la enmienda de Unidas Podemos., aunque fuentes gubernamentales lo descartan en principio.

En el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, que el Gobierno ha logrado salvar al tumbarse por amplia mayoría las siete presentadas, Montero arremetió contra la bajada de IRPF que ahorrará 300 millones a los madrileños anunciada por Ayuso, al asegurar que solo beneficiará a los ricos y será costeada por la clase media y trabajadora.

Las novedades fiscales de los Presupuestos

Las únicas novedades fiscales recogidas en los Presupuestos de 2022 pasan por la fijación de un tipo mínimo del 15% en Sociedades sobre base imponible, lo que afectará solo a 1.070 empresas y aportará 400 millones de recaudación. Este tipo mínimo será del 18% para entidades de crédito y petroleras -cuyo tipo nominal es el 30% en lugar del 25 % del resto de empresas- y del 10% para las sociedades de nueva creación, cuyo tipo nominal es del 15%.

También se incluye la prórroga de los límites de tributación por módulos de los autónomos y el mantenimiento de los niveles y condiciones del método de estimación objetiva del Impuesto sobre el IRPF, como la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Igualmente, los Presupuestos mantienen en 10.000 euros la aportación total a los planes de pensiones, pero ‘castiga’ el ahorro privado, ya que reduce en 500 euros, hasta los 1.500 euros, tras haberlo reducido ya de 8.000 a 2.000 euros este año. En cambio, incrementa la aportación máxima en los planes privados de empresa de 8.000 a 8.500 euros.

Figura también la reducción de la bonificación fiscal en el impuesto de Sociedades para empresas que se dedican al arrendamiento de vivienda del 85% al 40%, una medida que estaba prevista para la Ley de Vivienda pero se incluyó en los Presupuestos finalmente.