Trabajo y sindicatos impugnan el «pacto’ de moderación salarial que pide el Banco de España

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos defienden el alza salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo, con la idea de subir el SMI a cerca de 1.000 euros este año y negociar con la patronal elevar un 3,7% los sueldos en convenio

La vicepresidenta Yolanda Díaz, con Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT).EFE

Nuevo encontronazo entre el Banco de España y el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La petición de un «pacto de renta» realizada por el organismo supervisor para volver a reclamar moderación salarial en aras de evitar una espiral inflacionaria no ha sentado bien en el entorno del departamento de Yolanda Díaz ni en los sindicatos CCOO y UGT.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha insistido en sus últimas intervenciones en la necesidad de la contención de los salarios a pesar de admitir que “sin duda” se está produciendo una pérdida de poder adquisitivo ante el aumento del IPC, que en diciembre se situó en el 6,5%, el mayor alza en 29 años, y cerró 2021 con una medida del 3,1%.

Tanto desde el entorno del Ministerio de Trabajo como de los sindicatos señalan a Economía Digital que rechazan el pacto planteado por el Banco de España con el fin de distribuir entre empresarios y trabajadores el coste del impacto de la alta inflación, provocada por el elevado encarecimiento de los precios energéticos.

La parte de Unidas Podemos del Gobierno y las centrales sindicales defienden a ultranza la necesidad de un aumento salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo y trabajan para forzar a la patronal a negociar ya un nuevo el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) para subir los salarios en los convenios.

Trabajo pide no devaluar salarios y asegurar el poder adquisitivo

Fuentes gubernamentales próximas al Ministerio de Trabajo critican que el gobernador del organismo vuelva a recuperar la petición de moderación salarial en un momento de alta inflación, aunque tanto desde el ministerio como en el entorno de Unidas Podemos señalan que de cara a la opinión pública no se realizarán críticas veladas.

Por ahora prefieren no mostrar públicamente sus críticas para evitar avivar las distancias con el organismo supervisor ante las diferencias que meses atrás ya se evidenciaron con motivo de la subida del Salario Mínimo, algo que acabó generando a su vez distensiones en el seno del Gobierno entre las dos facciones de la coalición, protagonizadas por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Aun así, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ya ha defendido públicamente la necesidad de que los salarios no pierdan poder adquisitivo, recalcando que la nueva reforma laboral va «en la dirección de no devaluar salarios, sino de incrementarlos», algo en lo que remarcó que «el Gobierno de coalición ha tomado cartas en el asunto con la subida permanente y progresiva del SMI».

En su momento Yolanda Díaz entró en la polémica por el informe del Banco de España sobre el impacto de la subida del 22% del SMI de 2019, hasta 950 euros, que apuntaba que la medida redujo entre 6 y 11 puntos porcentuales el empleo entre los beneficiarios del SMI, lo que podría haber supuesto la pérdida de entre 80.000 y 180.000 empleos, aunque hablaba también de que afectó (en positivo) al 10% de trabajadores, en torno a 1,6 millones de beneficiados y contribuyó en términos de “equidad”. 

La vicepresidenta negó que el informe hablara de destrucción de empleo, pese a admitir que tuvo cierto impacto. Con todo, el informe levantó una polvareda de reacciones, especialmente críticas desde Unidas Podemos, cuyo diputado Rafael Mayoral llegó a tachar en el Congreso de “impresentable” al gobernador del Banco de España y aseguró que, por ello, habría que “correrlo a gorrazos” al considerar que con el informe ataca de manera salvaje los derechos de la gente más vulnerable. Desde el Banco de España salieron en defensa de su «exhaustivo» informe.

Los sindicatos presionan: SMI de 1.000 euros y alza salarial del 3,7% en convenios

Por su parte, fuentes tanto de CCOO como de UGT rechazan de facto la petición de contención salarial del Banco de España y reclaman que la subida del Salario Mínimo de 2022 permita alcanzar un nivel de 1.000 euros, así como negociar subidas salariales que compensen la alta inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

«La inflación sigue desbocada, perjudicando gravemente a trabajadores y a muchas empresas», enfatizan desde los sindicatos, que recuerdan que los asalariados perdieron el año pasado 1,6 puntos porcentuales y 2,6 puntos quienes solo percibieron el salario mínimo, ya que la inflación subió una media del 3,1% anual, mientras que los salarios solo se elevaron un 1,47% en los convenios.

A expensas de que se convoque el diálogo social para negociar el alza del SMI, ambos sindicatos llevan semanas exigiendo ya a la CEOE que negocie un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) este mismo mes o en febrero, una vez se resuelva el trámite parlamentario de la reforma laboral. De hecho, llegaron a protestar por ello los propios líderes sindicales a las puertas de la sede de la CEOE amenazando con un invierno de “infierno” si se bloquean las subidas salariales.

Los sindicatos presionan para reivindicar el desbloqueo de la negociación de los convenios y renovar el AENC; caducado desde el año pasado, ya que el último fue suscrito para el periodo 2018-2020, con un alza salarial planteado del entorno del 2% más un punto porcentual adicional ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales o el absentismo laboral.

Tal y como adelantó este medio, los sindicatos exigirán una subida mínima del 3%. UGT ya ha pedido que los convenios recojan un incremento salarial para 2022 superior a la previsión de la inflación media del 3,7%.

Frente a las pretensiones sindicales, desde CEOE señalan a Economía Digital que las empresas han realizado un esfuerzo “muy importante” para mantener el empleo durante los últimos meses ante el impacto de las restricciones y la crisis de la pandemia, y se suman los problemas por la escasez y el aumento de los precios de las materias primas, así como el elevado coste de la energía, en un momento además de caída de la productividad.

En este sentido, en el seno de la patronal se estaría dilucidando si dar inicio a la negociación del AENC pero avisan de que no impulsarán una subida que exceda del 2%, prácticamente la mitad de lo que empiezan a pedir los sindicatos a tenor de los últimos datos de inflación. CEOE frena una gran subida salarial al sostener que el alza de la inflación del 6,5% en diciembre tiene un fuerte componente de ‘efecto base’ debido. a que en 2020 los precios cayeron en gran medida, y pide evitar su traslado a los salarios para no prolongar su efecto.

Los argumentos del Banco de España

La petición de un «pacto de renta» realizada por el Banco de España para distribuir el impacto del coste de los precios se argumenta en el hecho de que buena parte del aumento de la inflación obedece al repunte de los precios energéticos, en un 70%, algo que no está produciendo España pero que provoca una “pérdida” para el país en términos de competitividad.

Por ello para cubrir al menos “una parte” de dicha pérdida y lograr que la inflación sea transitoria considera hay que contener los salarios en aras de evitar una “espiral viciosa” de incremento de márgenes, precios y salarios que se retroalimente y genere aún una mayor pérdida de competitividad.

El organismo supervisor augura una inflación relativamente elevada en el primer semestre, que posteriormente se reduciría y podría acabar el ejercicio 2022 incluso por debajo del 2%, aunque dependerá de la evolución de los precios energéticos en función de la deriva de las tensiones geopolíticas y de las dinámicas de los márgenes salariales y su repercusión en el proceso inflacionista.