Ultimátum sindical a Escrivá: habrá movilizaciones si no se activa la Agencia Estatal de la Seguridad Social

El Ministerio ha incumplido el plazo para la creación de este organismo

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. EFE

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En junio de este año cumplió el plazo que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se dio para impulsar un proyecto de ley que diera luz a la Agencia Estatal de la Seguridad Social. Meses después, los sindicatos critican que no han vuelto a saber nada del tema y amenazan con movilizaciones si no hay novedades.

Con el blindaje de las pensiones, que se revalorizan por ley en función del índice de precios al consumo (IPC), el Gobierno se comprometió a la creación de este organismo. El objetivo era agrupar los distintos entes que conforman el sistema de la Seguridad Social.

Sin embargo, el departamento que dirige José Luis Escrivá ha priorizado otras áreas y aunque fuentes de Seguridad Social aseguran que «se está trabajando en ello», lo cierto es que no ha habido avances en varios meses. El Ministerio llegó a enviar un borrador del proyecto de ley, pero según las fuentes consultadas, este se retiró por las alegaciones de las organizaciones sindicales.

Ahora, desde UGT subrayan que «después de varias reuniones plagadas de falsas promesas, en las que el Ministro daba la cara, contemplamos ahora su espalda indiferente al colectivo de trabajadores que, perdida hasta la esperanza, tiene que afrontar la desorganización y un crecimiento desorbitado de la carga de trabajo».

El sindicato critica que el retraso en la «reestructuración» de la Seguridad Social que se plantea con la creación del organismo perjudica a los ciudadanos. Algunos ejemplos son la escasez de citas previas en las oficinas públicas o el retraso puntual en el pago de algunas prestaciones. En esta línea, consideran que el incumplimiento en los plazos para el proyecto de ley es una «desobediencia muy grave» del Ejecutivo.

Ante esta situación, han anunciado que «a lo largo del mes de septiembre, salvo mejor opción, presentará el preaviso de la movilización del colectivo, así como el resto de medidas de presión que incluirán, si fuera necesario, la paralización de la gestión del sistema».

Desde CCOO consideran que «empezar amenazando con paralizar el sistema de Seguridad Social suena excesivamente agresivo», pero reconocen que hay un retraso en los tiempos establecidos y que están a la espera de que el Ministerio les presente un nuevo borrador. Fuentes de la organización sindical afirman que apoyarían la movilización «como herramienta para el desbloqueo» de la situación.

En Csif, donde ya han anunciado una movilización este mes de septiembre para presionar acerca de una revalorización de los salarios públicos, confirman que la situación en la Seguridad Social es tensa. Cabe recordar que se trata de uno de los organismos más envejecidos de la Administración General del Estado y donde la cifra de empleados ha ido menguando de forma más acusada en los últimos años.

«El incumplimiento de la ley por parte del gobierno cierra toda expectativa», comenta una de las fuentes consultadas, acerca de una Agencia que agrupe las entidades gestoras de la Seguridad Social (INSS, Ingesa, Imserso) y los servicios comunes como la Tesorería o la Gerencia informática del organismo.

Reivindicaciones salariales

Los próximos meses serán intensos en el diálogo social por la cantidad de leyes y negociaciones pendientes que debe abordar el Gobierno con los sindicatos y la patronal. Así, las reclamaciones de los funcionarios de la Seguridad Social se unen a la lista de colectivos que reclaman al Ejecutivo que aborde sus peticiones.

De hecho, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya ha advertido de que en septiembre habrá movilizaciones para lograr una subida de los salarios. Estas movilizaciones cuentan con el apoyo de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que cree que los sindicatos «tienen toda la razón para movilizarse ante la patronal».

No obstante, el Gobierno es consciente de la situación de la Seguridad Social. Tanto es así que en la última oferta pública de empleo que Función Pública negoció con los representantes de los trabajadores, el Ministerio se comprometió a convocar un millar de plazas para aligerar la carga de trabajo del organismo.

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