¿Impactará la guerra de Irán en el Inmobiliario?: Ricardo Martí-Fluxá (ACI) en A Golpe de Ladrillo
El presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias advierte de que España acumula un déficit de 800.000 viviendas y pide un pacto de Estado que trascienda los ciclos electorales
Montaje realizado por Economía Digital.
La tensión en Oriente Medio no deja indiferente a ningún sector económico, y el inmobiliario no es una excepción. En el último episodio de A Golpe de Ladrillo, el podcast de Economía Digital conducido por Alfonso Abad, Ricardo Martí–Fluxá, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) —que agrupa a gigantes como CBRE, JLL, Savills o Colliers—, desgranó su lectura de un momento que calificó sin ambages como de «tensión internacional grave».
Pero lejos de dejarse llevar por el catastrofismo, el también exsecretario de Estado de Seguridad apostó por un optimismo cauteloso y trasladó el foco hacia el problema que, a su juicio, devora cualquier otra discusión: el déficit estructural de vivienda en España.
Martí-Fluxá arrancó la conversación reconociendo que el contexto geopolítico actual no tiene precedentes recientes. «Una explosión geopolítica de la magnitud que estamos viviendo no la hemos conocido, por lo menos en mi vida profesional», admitió.
Sin embargo, fue rápido en recordar que el sector inmobiliario lleva décadas demostrando una capacidad de resistencia singular frente a la adversidad. Crisis financieras, burbujas, pandemias: el ladrillo ha absorbido golpes que tumbaron a otras industrias.

Su tesis es que, mientras existan vías alternativas para garantizar el suministro energético y de materias primas —las dos grandes vulnerabilidades que un conflicto en Irán podría agravar—, el impacto sobre el sector puede contenerse.
No hay triunfalismo en su diagnóstico, sino el pragmatismo de quien ha gestionado riesgos tanto en los despachos diplomáticos como en los consejos de administración. El titular que eligió para cerrar 2026 lo dice todo: «Que la crisis geopolítica actual no afecte el crecimiento del sector inmobiliario y que, por fin, exista esa voluntad política de trabajar juntos.»
Si la geopolítica ocupa el escaparate informativo, el verdadero problema estructural del sector está en otro sitio. Y Martí-Fluxá no se anduvo con rodeos a la hora de exponerlo con cifras. En España se generan alrededor de 200.000 nuevos hogares al año —por formación de familias, migración, emancipación juvenil—, mientras que la producción de vivienda nueva oscila entre 80.000 y 100.000 unidades anuales.
El resultado es un déficit que el presidente de la asociación cifra en 800.000 viviendas. Una montaña que no se escala con los anuncios de 10.000 o 15.000 pisos que periódicamente protagonizan ruedas de prensa ministeriales.
«Son pequeños parches que no van a ninguna parte«, sentenció Martí-Fluxá, cuya paciencia con la política del titular corto parece haberse agotado. Su receta pasa por hablar de cientos de miles de unidades, no de miles, y hacerlo dentro de un plan con horizonte de dos décadas, no de dos legislaturas.
Uno de los cuellos de botella menos debatidos en el mercado residencial es la falta de mano de obra cualificada para la construcción. La industria promotora puede tener suelo, financiación y demanda, pero sin albañiles, electricistas y operarios, las grúas no se levantan.

Martí-Fluxá planteó aquí una visión que mezcla humanismo y eficiencia económica: canalizar el talento migrante a los oficios que el sector necesita con urgencia.
«Los que migran son los mejores; la gente que hace el esfuerzo desde África o Iberoamérica no son conformistas, son gente que se arriesga», argumentó. La propuesta concreta pasa por programas de formación específica para estos colectivos, convirtiendo una necesidad social —la integración laboral de los migrantes— en una solución económica para la escasez de oferta constructiva.
El inversor en el banquillo
El sector no solo tiene un problema de oferta física. También tiene un problema de clima inversor. Martí-Fluxá fue especialmente crítico con el tratamiento que, a su juicio, reciben en España los grandes fondos institucionales —canadienses, nórdicos, centroeuropeos— que buscan activos residenciales estables con rentabilidades modestas, en el entorno del 4% o el 5%.
El problema, según el presidente, es que el discurso político dominante ha convertido al inversor en vivienda en una figura cuando menos sospechosa, cuando no en un villano.
Las limitaciones a los incrementos de renta, las restricciones sobre los grandes propietarios y la incertidumbre regulatoria envían una señal inequívoca a los mercados internacionales: España es un destino de riesgo. «No puedes estar criminalizando al que quiere ganar dinero con un tema como el Build to Rent», advirtió, señalando que este tipo de mensajes hace muy difícil atraer los miles de millones que harían falta para construir la vivienda en alquiler que el país necesita.
La gran conclusión de Martí-Fluxá en el podcast fue también la más política, y quizá la más frustrante para quien lleva años escuchando el mismo diagnóstico sin ver la receta aplicada.
España necesita un pacto de Estado por la vivienda. No un acuerdo entre partidos afines, sino un compromiso real entre las tres administraciones —local, autonómica y estatal— que rompa el bloqueo burocrático que hoy convierte en quimera la obtención de una licencia de obras en plazos razonables.

Los 27 meses de media que tarda un promotor en recibir luz verde para edificar no son un accidente: son el síntoma de un sistema diseñado, por acción u omisión, para no construir.
«Si seguimos con malas relaciones entre administraciones, no podemos avanzar. No tenemos que meter la política en todo; es una necesidad social», afirmó Martí-Fluxá, con la contundencia de quien sabe que el problema no es la falta de capital —el apetito inversor por España existe— sino la falta de suelo finalista y de voluntad política para coordinar un esfuerzo nacional.
El mensaje de fondo del episodio es, en definitiva, incómodo: España tiene todos los ingredientes para resolver su crisis de vivienda, excepto el más importante. La guerra en Irán puede complicar los márgenes, encarecer los materiales y tensar los mercados financieros. Pero el mayor riesgo para el sector inmobiliario español no viene de Oriente Medio. Viene de Madrid.