La trama de Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr abarcó concursos por 52.500 millones en solo 8 años
Las constructoras del G7 encargaron 11.600 trabajos de forma conjunta para concurrir a 3.250 concursos públicos, según los datos de la CNMC
La exministra Cristina Garmendia en 2009 con los presidentes de las constructoras en ese momento: Rafael del Pino (Ferrovial), José Manuel Entrecanales (Acciona), Baldomero Falcones (FCC), Juan Miguel Villar Mir (OHL), Antonio García Ferrer (vicepresidente de ACS) y Javier Gayo (Sacyr). EFE
Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr formaron durante 25 años un grupo, llamado G7, para contratar trabajos de forma conjunta de cara a concurrir a concursos públicos. Pese a que la concertación duró de 1992 a 2017, la CNMC solo tiene datos exactos de los trabajos que compartieron en algunos años y en función de la empresa. Pero solo entre 2008 y 2015, optaron a obras por valor de 52.568 millones formando parte de este grupo, según la documentación de Competencia.
Estas empresas se reunieron semanalmente durante un cuarto de siglo para analizar los concursos de obra pública e infraestructuras a los que se podían presentar y encargar a terceros la realización de los informes técnicos que había que presentar al licitador, que eran administraciones y empresas públicas. Todas las que concurrían presentaban el mismo informe y ahorraban costes. La CNMC lo considera una infracción muy grave de la ley de defensa de la competencia y las ha multado con un total de 203,6 millones de euros.
Los datos de los que dispone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acerca del número de contratos, trabajos encargados y dinero público al que optaron gracias a su acción concertada no es exacto, es distinto en función de los excels y archivos de cada empresa. Pero llegaron a ser más de 11.600 trabajos para 3.250 concursos públicos.
Según consta en la resolución de la sanción a Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr, entre 2002 y 2016 encargaron al menos 11.632, de acuerdo con los datos de Sacyr, la empresa que más recopila. Acciona recoge más de 5.000 y Dragados, más de 2.000, si bien la cifra podría ser superior a los 11.632 porque Acciona, Dragados o el resto de empresas pudieron compartir trabajos para concursos a los que Sacyr no concurrió, por lo que no lo recogió en sus tablas.
Estos trabajos se hicieron para optar, según Acciona, a 3.250 licitaciones públicas entre 2008 y 2016, dato que es algo más bajo según la documentación de FCC (2.956), si bien abarca un año menos, hasta 2015. Para Dragados, filial de ACS, son 1.196 entre 2012 y 2016. Son menos contratos que trabajos porque para un solo contrato se encargaban varios informes a distintas empresas para diferentes partes del concurso.
Las más de 3.200 licitaciones públicas a las que se presentaron las empresas del G7, del que solo se conoce la identidad de seis compañías, de forma concertada les sirvieron para optar a la friolera de 52.568 millones entre 2008 y 2015, según los archivos de FCC. Los de Acciona lo reducen a 45.714 si bien se mueve un año, entre 2009 y 2016. Con este dato, así como con el de contratos y trabajos, la cifra total se desconoce pero puede ser mayor porque no todas las empresas optaban siempre a todos los contratos.
De Adif al Canal de Isabel II, afectadas
Con estas cifras, es fácil imaginar que los contratos eran de todas las administraciones y cientos de empresas públicas de toda España. El informe de la CNMC no los recoge todos pero sí varios ejemplos de licitaciones de Adif, Aena, la Comunidad de Madrid, el Gobierno Balear, el Ayuntamiento de Bilbao, la Junta de Castilla-la Mancha, la Xunta de Galicia, el Ministerio de Fomento y el Canal de Isabel II entre muchas otras administraciones e instituciones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia destaca que afectaba “fundamentalmente a las administraciones las pertenecientes al ámbito de fomento”, pero también a “sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes”.
Para el organismo que preside Cani Fernández, las prácticas de estas constructoras “han sido especialmente dañinas para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por administraciones públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc”.
Las empresas recurren pese a disolver el G7 al tener dudas legales
Algunas de las empresas, como Sacyr, Ferrovial y ACS, han anunciado que recurrirán la sanción a la Audiencia Nacional al considerar que «la propia resolución reconoce que no existe un acuerdo restrictivo de la competencia cuyo objeto fuera alterar las licitaciones”. Defienden, pues, que sus acciones concertadas no afectaron al resultado de las adjudicaciones.
Sin embargo, según recoge la resolución de sanción de la CNMC, las empresas disolvieron de motu proprio el G7 en 2017 después de que empleados y ejecutivos de Dragados, Sacyr, OHL y FCC mostraran y compartieran dudas sobre la legalidad de estas reuniones, concertaciones y acuerdos.
La multa de 203,6 millones no se reparte a partes iguales entre las empresas. Dragados, filial de ACS, tendrá que pagar 57,1 millones; FCC Construcción, de Carlos Slim y las Koplowitz, 40,4 millones; Ferrovial Construcción, controlada por Rafael del Pino, 38,5 millones; Acciona Construcción, de los Entrecanales, 29,4 millones; OHL, que los Villar Mir vendieron a los amodio, 21,5 millones, y Sacyr, presidida por Manuel Manrique, 16,7 millones de euros.
