Acciona acusa a Ferrovial en EE UU de tergiversar un acuerdo judicial sobre sus exdirectivos
Acciona pidió a Ferrovial una retractación privada antes de acudir al juez, pero no hubo respuesta
Montaje realizado por Economía Digital.
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La batalla judicial que enfrenta a Acciona y Ferrovial en Estados Unidos ha sumado un nuevo episodio en los tribunales federales de Georgia. La constructora controlada por la familia Entrecanales ha acusado a su rival de tergiversar el contenido de una acuerdo judicial pactado entre las partes al sostener que varios exdirectivos de Ferrovial habrían admitido la utilización indebida de información confidencial, según documentos a los que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL.
Una interpretación que, según Acciona, contradice expresamente los términos del acuerdo homologado por el juez.
El enfrentamiento se desarrolla ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, en Atlanta, donde Ferrovial mantiene una demanda civil contra Acciona y varios profesionales incorporados en los últimos años a la compañía española.
Entre los demandados figuran Jesús González Fernández, Domingo Rodríguez Torregrosa, Michael Valdes, José Luis Beltrán y María Bregel Serna, todos ellos antiguos empleados de Ferrovial.
La controversia se centra ahora en una réplica cuya presentación ha solicitado Acciona para responder a nuevos argumentos incorporados por Ferrovial en una reciente contestación procesal.
En dicho escrito, los demandados sostienen que la multinacional presidida por Rafael del Pino «ha introducido tanto jurisprudencia inédita como interpretaciones improcedentes de una Orden de Consentimiento (Consent Order) suscrita previamente por las partes».
El punto más delicado del enfrentamiento gira en torno a la interpretación de esa orden judicial. Según Acciona, Ferrovial afirmó ante el tribunal que los demandados habían acordado «no utilizar información que malversaron de los demandantes». Para la constructora demandada, esa afirmación resulta incompatible con el propio texto de la orden.
Los abogados de Acciona recuerdan que el acuerdo fue alcanzado «sin reconocimiento de responsabilidad alguna por parte de los demandados». De hecho, la resolución establece expresamente que éstos niegan «haber cometido las conductas que se les atribuyen y que el contenido de la orden no puede interpretarse como una admisión de culpa».
La compañía considera especialmente grave que la afirmación se produjera en un documento presentado ante el tribunal, ya que la propia orden incorpora «una cláusula que impide a cualquiera de las partes presentar el acuerdo como prueba o reconocimiento de responsabilidad».
Según la documentación presentada, Acciona intentó resolver la controversia sin necesidad de acudir nuevamente al juez. El pasado 13 de mayo, el despacho Jones Day y representante de los contrademandantes, remitió un correo electrónico al equipo legal de Ferrovial en el que calificaba la afirmación de «errónea e inapropiada» y solicitaba una retractación pública mediante una estipulación conjunta.
En ese mensaje, los abogados de Acciona advertían de que la Orden de Consentimiento recoge de forma expresa que los demandados niegan haber malversado secretos comerciales o utilizado información protegida de manera indebida.
La propuesta ofrecía cerrar el incidente sin solicitar medidas adicionales al tribunal, siempre que Ferrovial aceptara corregir públicamente la afirmación cuestionada.
En lugar de rectificar, la compañía habría defendido la corrección de su interpretación apoyándose en jurisprudencia relacionada con incumplimientos de órdenes judiciales e injunctions.
Para Acciona, esas referencias resultan improcedentes porque los precedentes citados se refieren a situaciones en las que ya existía una declaración previa de responsabilidad, circunstancia que precisamente no concurre en el caso actual.
El debate sobre las contrademandas
Más allá de la controversia sobre la orden judicial, el litigio también incluye una discusión de fondo sobre la viabilidad de las contrademandas presentadas por Acciona y los exdirectivos demandados.
Ferrovial ha solicitado su desestimación al considerar que dichas pretensiones son esencialmente duplicadas de las defensas ya planteadas por los demandados. Acciona discrepa frontalmente de esa interpretación.
La empresa sostiene que sus acciones declaratorias persiguen un objetivo distinto: obtener una resolución judicial definitiva que aclare los derechos de las partes y permita a la compañía contratar libremente a los profesionales afectados en futuros proyectos sin temor a nuevos litigios derivados de los mismos hechos.
Los demandados argumentan que una simple victoria procesal frente a las reclamaciones actuales no eliminaría necesariamente el riesgo de futuras demandas. Por ello consideran que las contrademandas tienen una utilidad autónoma y proporcionan una protección jurídica adicional que las defensas afirmativas no pueden garantizar.
En su escrito, Acciona también intenta desmontar la jurisprudencia invocada por Ferrovial. Según los contrademandantes, los casos citados por la constructora —entre ellos Penn Mutual, Trilogy Federal y Peloton— no son comparables porque en aquellos procedimientos los demandados no explicaron por qué sus pretensiones declaratorias aportaban un remedio distinto al de las defensas ordinarias.
Además, Acciona subraya que el riesgo de litigios futuros «no es hipotético». A diferencia de otros precedentes donde únicamente existía una amenaza abstracta de conflicto, en este caso Ferrovial ya ha presentado una demanda formal, circunstancia que, según la empresa, demuestra la existencia de una controversia real y actual.
Acciona pide al tribunal una sur-réplica
La última actuación procesal consiste precisamente en una solicitud formal para que el juez autorice la presentación de la sur-réplica. Acciona sostiene que existe causa suficiente para conceder ese permiso debido a que Ferrovial introdujo más de ocho nuevas referencias jurisprudenciales en su escrito de réplica, impidiendo que la contraparte pudiera responder a ellas en igualdad de condiciones.
Los demandados también alegan que la réplica incorporó por primera vez argumentos relacionados con la Orden de Consentimiento, abriendo un frente procesal que no había sido planteado en la moción original.
Para respaldar su petición, los abogados citan precedentes del propio Distrito Norte de Georgia, entre ellos los casos Ruiz v. Sewon y Fedrick v. Mercedes-Benz, en los que los tribunales permitieron la presentación de escritos adicionales cuando una de las partes había introducido cuestiones nuevas en una fase avanzada del procedimiento.
La decisión del juez sobre esta solicitud procesal será el próximo paso de un litigio que se ha convertido en uno de los enfrentamientos corporativos más relevantes entre dos de las grandes constructoras españolas en el mercado estadounidense.
Más allá de la disputa sobre presuntos secretos comerciales y contratación de talento directivo, el caso ha derivado ahora en una batalla sobre el significado jurídico de un acuerdo judicial y los límites de su utilización en la estrategia procesal de las partes.
