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Adiós al concierto de ciberseguridad para MasOrange: las quejas de Telefónica dan resultado
El contrato cuyo periodo de prestación suma cinco años, supone la tercera edición del macroproyecto conocido como CORA
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El Gobierno español ha decidido suspender, al menos temporalmente, la adjudicación de uno de sus más importantes contratos públicos en materia de ciberseguridad y telecomunicaciones, valorado en más de 103 millones de euros, que se había asignado a MasOrange. Pero parece que desde Telefónica no estaban de acuerdo con esta concesión.
Se trata del Lote 3 del concurso CORA III, referente a la interconexión de centros de datos de la Administración central, seguridad digital y servicios de Internet, que inicialmente fue adjudicado a la UTE formada por la teleco MasOrange, y por las firmas de seguridad TRC y Mnemo.
La decisión llega tras el recurso especial presentado por Telefónica ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, cuestionando la legalidad y el reparto de la licitación
El contrato, cuyo periodo de prestación suma cinco años (cuatro años más uno de prórroga), supone la tercera edición del macroproyecto conocido como CORA (Contrato de Servicios Consolidados de Telecomunicaciones de la Administración General del Estado), que busca centralizar servicios básicos para más de 85 organismos públicos y satisfacer exigencias crecientes de seguridad digital y conectividad avanzada.
MasOrange se había convertido en el actor principal de la última adjudicación, logrando no sólo el Lote 3 de interconexión y ciberseguridad, sino también el de comunicaciones de voz fija y móvil por otros 102 millones.
Telefónica, por su parte, ganó el segmento de red de datos nacional, mientras que Evolutio (la antigua BT) aseguraba la red internacional de la Administración.
El recurso paraliza por ahora el calendario previsto por el Ministerio para la Transformación Digital, que aspiraba a completar la transición entre operadores en los últimos meses de 2025.
Mientras tanto, Telefónica e Indra seguirán gestionando los servicios críticos hasta que se dirima el resultado del contencioso administrativo y se determine si MasOrange mantiene la adjudicación o si el concurso debe reconsiderarse.
El proyecto
CORA III se inserta en la estrategia global del Estado para acelerar la modernización tecnológica de la administración y blindar la ciberseguridad institucional.
El concurso, que unifica comunicaciones de voz, datos, interconexión de centros y protección digital bajo un solo paraguas, persigue no sólo economías de escala y reducción de costes, sino también la actualización continua de sistemas ante amenazas que evolucionan de manera acelerada.
La transición de servicios, ahora pendiente del dictamen definitivo del TACRC, no sólo afecta a ministerios, sino a más de cien organismos e infraestructuras críticas, por lo que la robustez y calidad del servicio adjudicado incide directamente en la resiliencia pública frente a ciberataques o fallos de conectividad.
Telefónica impugna: argumentos
Telefónica ya había mostrado su desacuerdo en fases anteriores del proceso. Primero, cuestionó el cumplimiento normativo de Mnemo, participante del consorcio de MasOrange, en relación a la obligatoriedad de contar con un plan de igualdad (aunque esta objeción solo consiguió demorar la adjudicación final) cerrada en julio de 2025.
El actual recurso presentado ante el TACRC se centra en la valoración de la mesa de contratación sobre la puntuación otorgada a los distintos planes de implementación, estrategia y seguridad presentados por las candidatas.
La teleco dirigida por Marc Murtra considera que los criterios aplicados y la metodología de evaluación no habrían respetado principios de igualdad, transparencia ni proporcionalidad, afectando gravemente sus oportunidades respecto al Lote 3.
En este punto no solo está en juego un valor económico de primer nivel (los cuatro lotes de CORA III suman más de 340 millones adjudicados, aunque la cifra inicialmente prevista superaba los 500 millones), sino el control de infraestructuras vitales para la ciberseguridad nacional.
Las empresas implicadas, compiten en un contexto de máxima exigencia técnica, donde la administración demanda soluciones avanzadas de IoT, big data, inteligencia artificial y protección de redes críticas ante amenazas crecientes.
El actual escenario coloca al Gobierno en una posición delicada, ya que debe garantizar la continuidad y el óptimo rendimiento de sus sistemas informáticos, al tiempo que salvaguarda principios de concurrencia entre operadores y justifica, ante los órganos de control y la opinión pública, cada decisión de adjudicación para evitar litigios y dudas de favoritismo.
