Bon Preu todavía paga su guerra accionarial: la pelea entre los hermanos Font le cuesta 25 millones al año

La paz fraternal se selló en 2019, pero la cadena de supermercados todavía debe 150 millones de euros a su antiguo propietario

Joan Font (i) y Josep Font (d), en la inauguración de un supermercado Bon Preu / ED

Fue uno de los culebrones empresariales del año. En 2019, Josep y Joan Font propietarios al 50% de los supermercados Bon Preu se tiraban los trastos a la cabeza por la diferente política de dividendos. El enfrentamiento acabó en los juzgados, que no sirvieron para mucho, y el conflicto acabó con Joan Font adquiriendo la mitad de la empresa a su hermano por 300 millones. ¿Caso cerrado? No. La compañía todavía paga la guerra, que le cuesta 25 millones de euros cada año.

Una vez zanjado el acuerdo entre los dos hermanos, lo primero que hizo el actual presidente de los supermercados fue cargar la operación a las cuentas del grupo. El acuerdo se negoció para que el pago se realizase en ocho años distintos. Primero llegó una cuota de 100 millones de euros, abonada en el mismo verano de 2019. Los dos tercios restantes se guardaron para ejecutar de forma progresiva en el tiempo.

De este modo, Joan Font decidió que fuese el propio grupo el que adquiriese las acciones de Josep Font y no así su sociedad patrimonial, Baloo d’Inversions, con la que posee el 50% restante. Responder a la factura le correspondió a los supermercados, que pagan la deuda adquirida con el antiguo accionista desde entonces.

Según las cuentas de Bon Preu Holding, el conglomerado abonó 23,7 millones de euros en 2020 y 24,1 millones en 2021. De 2022 en adelante, la cifra se estabiliza en los 24,1 millones en cuotas que terminan en 2027, cuando el pasivo con Espai d’Inversions –la patrimonial de Josep Font– quedará saldado de manera definitiva.

Las del ejercicio 2019/2020 –hasta el 28 de febrero– son los últimos estados financieros del grupo de supermercados. La matriz agrupa tanto el negocio ordinario de ventas como la filial inmobiliaria que gestiona los terrenos. Los ingresos sin embargo poseen casi en su totalidad de la actividad de distribución. De hecho, que el conglomerado consiga aprobar sus cuentas es ya una noticia por si misma: llevaba sin lograrlo desde 2014 por el enfrentamiento entre los dos accionistas.

El negocio de los supermercados reportó unos ingresos de 1.623 millones de euros a Bon Preu en el primer año de la pandemia

Los dividendos eran la principal fuente del conflicto. Mientras Josep Font exigía mayor remuneración a los propietarios, Joan Font disfrutaba de un sueldo de 580.000 euros anuales y prefería reinvertir los beneficios. Una vez zanjado el proceso, Bon Preu no distribuyó dividendos.

Sí existen cuentas más recientes de Bon Preu SA, la sociedad que centraliza el negocio de la distribución. En la campaña 2020/2021 obtuvo una facturación récord de 1.623 millones gracias al estallido del consumo durante el coronavirus por el acopio de alimentos durante la primera ola y las restricciones a la hostelería. Las ganancias alcanzaron los 60,6 millones de euros.

La guerra de Bon Preu llegó a la Audiencia Nacional

El acuerdo de 2019 entre los hermanos Font zanja de una vez por todas un conflicto familiar que duró años y que salió a la luz pública en 2017. Tras años en los juzgados, la Audiencia de Barcelona rechazó inmiscuirse en el conflicto y no quiso fijar un precio para que el presidente Joan Font comprará el 50% que ostenta su hermano debido a las dispares valoraciones que ofrecía cada uno de los accionistas para el paquete.

A lo largo del enfrentamiento, ambos bandos encargaron sus propias valoraciones antes de ejercer el derecho de separación de socios, previsto en los estatutos de la empresa. La primera, solicitada por Josep, fue realizada por Mazars y fijó un precio de 960 para toda la empresa. A su vez, Joan pidió un informe a Faura-Casas, que marcó el precio en sólo 380 millones.

Ante las diferencias, el vicepresidente acudió a Grant Thornton, que disparó el precio de Bon Preu hasta los 1.100 millones. En cambio, el presidente tocó el timbre de KPMG, que situó la compañía en 600 millones. Eso sí: avisó de que en caso de venta, el valor del 50% sería sólo de 210 millones. Al haber una diferencia superior al 25% entre las distintas valoraciones, todas quedaron invalidadas.

En el juicio, Josep Font puso una nueva cifra sobre la mesa: 497 millones de euros. El número surgía de la media entre el informe de KPMG tras aplicarle una serie de correcciones y el de Grant Thornton. La cantidad fue rechazada de pleno por Joan.

Según se desprendió del fallo, los juzgados apuntaron entre líneas a que la mejor salida era una negociación extrajudicial debido a la poca claridad de los estatutos de la compañía. El fallo judicial sirvió para agilizar la búsqueda de un acuerdo entre partes que los dos hermanos no negociaron de manera directa debido a las tensiones personales.

Carles Huguet