La Audiencia da una patada a seguir en la guerra de Bon Preu

La Audiencia de Barcelona rechaza inmiscuirse en el conflicto que mantienen Joan y Josep Font en la cúpula de Bon Preu. El tribunal rechaza fijar un precio  para que el presidente Joan Font compre el 50% que ostenta su hermano y pase a poseer la totalidad del grupo. Tampoco lo obligará a adquirir la mitad restante. Básicamente, termina por pedir entre líneas una negociación extrajudicial ante la poca claridad de los estatutos de la compañía.

La sentencia de la sección 15 de la Audiencia avanzada por La Vanguardia sigue las mismas tesis que la dictada por el juzgado de lo mercantil 8 de Barcelona el pasado noviembre. Con dos años ya de enfrentamiento a las espaldas, la sala se limita a reconocer que la cuestión “no es sencilla” y que los estatutos de la empresa “son confusos”.

“El contenido del pacto estatutario no es claro y ofrece argumentos a ambas partes para defender razonablemente sus posiciones”, añade el texto. “Es discutible que la separación a la que hace referencia los estatutos pueda considerarse un derecho de separación del socio sino un procedimiento de resolución de conflictos”, zanja.

Con el recurso de Josep Font tumbado –con un voto particular en contra– pero dejando clara la confusión, el procedimiento encara ahora al Tribunal Supremo o a una negociación extrajudicial que tiene las bases sentadas pero que no logró avances en los últimos meses, tal y como desveló Economía Digital.

Camino a recuperar las conversaciones en Bon Preu

Fuentes implicadas en las conversaciones explican que los dos interlocutores principales fueron Joan Font y Abel Font, hijo de Josep, al que sustituyó el pasado mes de enero “para tratar de restablecer la comunicación entre ambas partes”. En fase embrionaria, el tira y afloja se produce también al saber el coste fiscal de partir Bon Preu en dos partes, que supera los 70 millones de euros. El gasto calculado por los dos hermanos no coincide debido a que la valoración que cada uno realiza de la empresa es ostensiblemente diferente.

El precio de la compañía fue el gran punto de discordia durante todo el procedimiento judicial. A lo largo del enfrentamiento, ambos bandos encargaron sus propias valoraciones antes de ejercer el derecho de separación de socios, previsto en los estatutos de la empresa. La primera, solicitada por Josep, fue realizada por Mazars y fijó un precio de 960 para toda la empresa. A su vez, Joan pidió un informe a Faura-Casas, que marcó el precio en sólo 380 millones.

Ante las diferencias, el vicepresidente acudió a Grant Thornton, que disparó el precio de Bon Preu hasta los 1.100 millones. En cambio, el presidente tocó el timbre de KPMG, que situó la compañía en 600 millones. Eso sí: avisó de que en caso de venta, el valor del 50% sería sólo de 210 millones. Al haber una diferencia superior al 25% entre las distintas valoraciones, todas quedaron invalidadas.

En el juicio celebrado el pasado mes de octubre, Josep Font puso una nueva cifra sobre la mesa: 497 millones de euros. El número surgía de la media entre el informe de KPMG tras aplicarle una serie de correcciones y el de Grant Thornton. La cantidad fue rechazada de pleno por Joan.

Así, las conversaciones chocan en la búsqueda de un precio final que, previsiblemente, será inferior a estos casi 500 millones de euros. El acuerdo, eso sí, parece todavía lejano.