Castro acusa a Urdangarín de utilizar su influencia para obtener contratos públicos

El juez instructor del caso Palma Arena, del que forma parte la causa sobre presuntas irregularidades a través del Instituto Nóos, acusa al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de usar su «parentesco» con la Casa Real y aprovechar esta «área de influencia» para acudir a «altas instancias políticas, puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables» y obtener así adjudicaciones y contratos de las Administraciones públicas.

El titular del Juzgado de Instrucción de Palma, José Castro, despliega una larga lista de «significativas coincidencias», que hasta «podría resultar tediosa», entre los negocios del yerno del Rey tanto en Valencia como en Baleares.

Después de que el imputado solicitase que el magistrado se apartase de las investigaciones sobre los hechos acaecidos en Valencia en favor de un juzgado de esta ciudad, petición a la que se han opuesto Fiscalía y Abogacía balear, Castro alega cómo Urdangarin utiliza su pertenencia a la Familia Real –tanto con el Gobierno valenciano como con el balear– para lograr contratos despreciándose la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Baleres y Valencia no cuestionan los deseos de Urdangarín

Castro apunta a las coincidencias «en lo elevado de los importes de las adjudicaciones todos ellos fueron impuestos» por Urdangarin y por su ex socio Diego Torres al frente de Nóos. Es más, asevera que «en todos los casos fueron aceptados sin discusión por los responsables políticos» de ambas comunidades autónomas.

«En ninguno de los casos los responsables políticos se preocuparon de constatar, para descontarlos, los patrocinios que consiguieron los organizadores y en aquellos que eran perceptibles a simple vista omitieron deducirlos de los pagos», incide el instructor en un acto judicial. Castro subraya el hecho de «que ni en Palma ni en Valencia se le ocurrió a nadie exigir ni a Don Iñaki Urdangarin ni a Don Diego Torres rendición de cuentas».

Por todo ello, el juez argumenta que la extensión de las pesquisas a los eventos de Valencia «no fue fruto de un imperialista afán instructor de este Juzgado» sino que, de hecho, apenas iniciada la instrucción de la causa el propio Torres aportó facturas que correspondían al Valencia Summit, lo que determinó extender a éstos las investigaciones por ser «fácilmente deducible que las mismas facturas podrían ser utilizadas para justificar gastos tanto de los eventos de Valencia como de Baleares, como así apuntan las pesquisas.

Los presuntos delitos cometidos en Valencia y en Palma «son conexos», apunta el magistrado, quien también insiste en que los investigadores se han desplazado hasta Valencia para tomar declaración a numerosos testigos e imputados, sin que «absolutamente» ningún órgano judicial haya promovido cuestión de competencia hasta este momento. «Ha de quedar bien claro que ningún otro órgano entra en porfía con este Juzgado» en relación a la investigación sobre Nóos.