Huelga de funcionarios el 30 de octubre: horarios, recorrido y motivos de la protesta en toda España
Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO convocan concentraciones en toda España para exigir una subida salarial y desbloquear la negociación con el Ministerio de Función Pública
Archivo – Manifestación de CSIF por mejoras salariales.
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Madrid se prepara para acoger este 30 de octubre una gran jornada de movilización de los empleados públicos, convocada por los principales sindicatos —CSIF, UGT y CCOO— en protesta por el bloqueo de la negociación colectiva y la congelación salarial que afecta a cientos de miles de trabajadores de la Administración. La protesta comenzará a las 12:00 horas frente al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, y se replicará en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en el territorio nacional.
Bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”, las organizaciones sindicales reclaman al Ejecutivo que retome el diálogo y firme un nuevo acuerdo salarial que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los funcionarios durante los últimos años. Según los sindicatos, el Gobierno no ha aplicado aún la subida prevista para 2025, lo que mantiene las nóminas congeladas desde enero.
Una protesta que marca el inicio de un calendario de movilizaciones
Esta movilización nacional del 30 de octubre será solo el primer paso de un calendario de protestas que podría culminar con una huelga general del sector público en diciembre, si el ministerio dirigido por Óscar López no reabre la mesa de negociación. Las centrales sindicales advierten que no se trata de una movilización aislada, sino del inicio de una campaña “sostenida y progresiva” para lograr avances reales.
El presidente de CSIF, Miguel Borra Izquierdo, ha subrayado que los empleados públicos “no pueden seguir siendo los grandes olvidados” de las políticas laborales. En declaraciones a la prensa, ha reclamado que los salarios de los funcionarios se actualicen con la inflación, al igual que las pensiones, y que se ponga fin a la precariedad laboral en las empresas públicas. En este contexto, los sindicatos aseguran que el malestar se extiende a todos los niveles de la Administración, desde los ministerios y los servicios centrales hasta los trabajadores de empresas públicas y entes dependientes del Estado. La movilización de este jueves busca visibilizar esa unidad de acción y enviar un mensaje claro al Ejecutivo.
En la capital, la concentración principal se desarrollará frente al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, mientras que en el resto del país se reproducirán manifestaciones en las principales ciudades, desde Sevilla y Valencia hasta Zaragoza, Bilbao o A Coruña. Los sindicatos esperan una participación masiva, con empleados de distintos sectores, incluidos Renfe, Correos, Paradores, Tragsa o la FNMT-Casa de la Moneda.
“Queremos un acuerdo que dignifique nuestro trabajo y garantice servicios públicos de calidad”, afirman los portavoces de CCOO, que acusan al Gobierno de mantener una actitud “inmovilista” pese a los reiterados llamamientos al diálogo. La huelga, si finalmente se convoca, podría afectar a transporte, sanidad, educación y servicios administrativos, sectores especialmente sensibles para la ciudadanía.
🟢 Nos jugamos el futuro de los servicios públicos 🟢
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) October 29, 2025
🔊 ¡Nos vemos mañana!
Gran concentración en toda España por un nuevo acuerdo salarial para los/as empleados públicos. #SubidaSalarialYa pic.twitter.com/w1snxVdCVB
Los motivos del descontento: salarios congelados y convenios bloqueados
La raíz del conflicto está en la falta de actualización de los salarios y en el bloqueo de los convenios colectivos en más de una veintena de empresas públicas. Según CSIF, más de 20.000 empleados siguen sin un convenio adaptado a las condiciones reales de su trabajo. Casos como los de Senasa (aeronáutica), Incibe (ciberseguridad) o Isdefe (defensa) ilustran una situación que se repite en distintos sectores clave del Estado.
En Paradores, por ejemplo, la dirección lleva cuatro años retrasando la negociación de un nuevo convenio, mientras que en Fundae, el acuerdo alcanzado con la dirección en 2022 aún no ha recibido el visto bueno de Hacienda. En Tragsatec, empresa medioambiental con más de 15.000 empleados, el convenio vigente data de 2011 y no contempla la corrección de la alta tasa de eventualidad, que sigue siendo la más elevada del sector público.
Los sindicatos reclaman además la implantación definitiva de la jornada de 35 horas en todas las administraciones y empresas públicas. Consideran que reducir la jornada sin recortes salariales no solo mejora la conciliación laboral, sino que también favorece la creación de empleo estable y rejuvenece las plantillas, cada vez más envejecidas.
Una llamada a la negociación y a la defensa del servicio público
Desde las organizaciones convocantes insisten en que las protestas no buscan confrontar, sino forzar la reanudación del diálogo. “El Gobierno debe entender que la defensa del empleo público es también la defensa de los ciudadanos, porque sin condiciones laborales dignas no hay servicios de calidad”, señalan desde UGT.
La oferta de empleo público de 2025, todavía pendiente, es otro de los puntos clave de la negociación. Según los sindicatos, la falta de nuevas plazas impide rejuvenecer las plantillas y reducir la temporalidad, que supera el 60 % en Tragsa, el 30 % en Paradores y el 20 % en Correos, cifras muy alejadas del 8 % que exige la Unión Europea. Si el Ejecutivo no ofrece una respuesta antes de noviembre, las organizaciones advierten de una gran concentración en Madrid el próximo mes, que podría reunir a decenas de miles de empleados públicos y marcar el preludio de una huelga general antes de final de año.
