Los funcionarios mantienen la amenaza de huelga tras cobrarse a la ‘número dos’ de Óscar López
Las centrales reciben a Consuelo Sánchez, nueva secretaria de Estado de Función Pública, levantados en armas por la congelación salarial
Varias personas durante una concentración de CCOO y UGT por los incumplimientos del gobierno con los funcionarios. Matias Chiofalo / Europa Press
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La decisión del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, de cesar a la secretaria de Estado responsable de los funcionarios sorprendió en los propios pasillos del Ministerio. Clara Mapelli, hasta este martes ‘número dos’ del departamento en lo relativo a la Administración, salía del escalafón solo una semana después de que los tres sindicatos de empleados públicos llamaran a movilizarse contra el Gobierno por el bloqueo de la negociación para un acuerdo salarial.
Mapelli, nombrada en enero de 2024 por José Luis Escrivá durante su breve mandato (nueve meses) como titular de Función Pública, es la cabeza pensante detrás de la reforma del acceso al funcionariado que ahora mismo se encuentra en el Congreso de los Diputados, una propuesta que levantó en armas a los empleados públicos de mayor rango, y también ha sido la interlocutora clave para tratar de apagar el incendio provocado por el fin del acuerdo salarial en 2024.
Su sustituta, Consuelo Sánchez, sale de la estructura del propio Ministerio, donde ejercía de subsecretaria y directora general del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), la institución que forma a los empleados públicos. Es, por tanto, ya conocida por los sindicatos, que rechazan valorar su nombramiento hasta ver si implica un cambio en las formas de negociar.
«Esperemos que esto sirva para desbloquear la situación y que este ministro atienda nuestras reivindicaciones, que no son otras que cumplir los compromisos alcanzados en el Acuerdo Marco, como la jubilación parcial o la clasificación profesional, y abrir una mesa de negociación inmediata para garantizar subida salarial y creación de empleo público», apuntan desde CCOO.
Los sindicatos han decidido no tomar como un deshielo los cambios en Función Pública y no solo mantienen las movilizaciones previstas para el 30 de octubre, la de Madrid ante la sede del Ministerio que dirige Óscar López, sino que además persisten en la amenaza de ir a la primera huelga general de empleados públicos del mandato de Pedro Sánchez si no se acercan posturas.
«La valoración del cambio dependerá de la voluntad del Ministerio para negociar», dicen fuentes de CSIF. El ministro Óscar López se excusó en la falta de Presupuestos Generales del Estado para justificar la ausencia de un acuerdo salarial que actualice las nóminas de los empleados públicos desde el 1 de enero de este año.
Desde el sindicato que preside Miguel Borra afean que los empleados públicos sean el único colectivo que tiene sus retribuciones congeladas y critican la doble moral del Gobierno, que pone en valor los servicios públicos en situaciones extremas como la Dana del pasado año, pero no pagan conforme a sus empleados.
Por su parte, desde Fedeca (la asociación de los altos funcionarios del Estado) felicitaron a la nueva secretaria de Estado pero, sutilmente, cuestionaron la labor de Mapelli en su relación con los empleados públicos: «Desde Fedeca confían en que esta nueva etapa permita retomar un diálogo constructivo y estable entre la Secretaría de Estado y las asociaciones representativas de los funcionarios (…) La mejora de la Administración Pública requiere consenso, escucha activa y trabajo conjunto para abordar los grandes retos pendientes».
Entre los funcionarios confían en que el recambio de Mapelli, que en el equipo de Óscar López justificaron como un «relevo para renovar el equipo», sirva para que las negociaciones -si se abren- se afronten con un mejor talante. Fueron ellos los protagonistas de las protestas por el melón abierto por Escrivá para reformar el acceso a la Función Pública, algo que está paralizado en el Congreso.
La relación con los funcionarios ha sido una de las patatas calientes del mandato de Pedro Sánchez. En parte por la propia gestión del Ministerio, que ha contado con seis titulares diferentes en los siete años del socialista en La Moncloa: Meritxell Batet, Carolina Darias, Miquel Iceta, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Óscar López.
Montero, en su mandato como responsable de Función Pública (2021-2023), fue la responsable del último acuerdo salarial firmado en 2022 con UGT y CCOO. También se incluían tres cuestiones que los sindicatos firmantes reclamaron en julio de este año: el desarrollo de la clasificación profesional de los empleados públicos, cuyo grupo de trabajo lleva más de un año paralizado. La derogación de la tasa de reposición del personal al servicio de las administraciones, que limita la creación de empleo público. Y también otras relacionadas con el teletrabajo en la Administración y la posibilidad de que el personal laboral y los funcionarios puedan acogerse a las jubilaciones parciales y anticipadas.
Ya entonces los dos sindicatos de clase amagaron con la huelga, pero la amenaza se planteó directamente con el nuevo calendario de movilizaciones presentado solemnemente por las tres organizaciones la semana pasada. La tarea de Consuelo Sánchez, si Óscar López lo permite, será desactivarla.
