Los funcionarios amagan a Sánchez con una huelga después de que seis ministros no hayan podido contentarlos

UGT y CCOO, los dos sindicatos que firmaron en 2022 el Acuerdo Marco por una Administración del siglo XXI, han dicho basta. A diferencia de CSIF, la otra gran central de funcionarios, ellos pactaron con la entonces ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una serie de mejoras en la Administración Pública y una senda salarial hasta 2024 que colmó sus expectativas. Pero, sin haberse cumplido lo pactado y sin visos de una nueva mejora de sueldo, ya amagan abiertamente con una huelga de empleados públicos.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, la cartera de Función Pública se la han repartido seis ministros diferentes. A casi uno por año de legislatura: comenzó Meritxell Batet, que la abandonó cuando fue escogida presidenta del Congreso en 2019; le siguió Carolina Darias, ya en 2020; Miquel Iceta, cuando a la canaria la colocaron al frente de Sanidad; María Jesús Montero, tras ser sustituida como portavoz del Gobierno; José Luis Escrivá, con su macrocartera de Transformación Digital después de que la titular de Hacienda ascendiera a ‘número dos’ del Ejecutivo; y, ahora, Óscar López, desde que su predecesor dio el salto al Banco de España, en septiembre del año pasado.

La situación contrasta, y mucho, con el mandato de Mariano Rajoy (2011-2018). Entonces, Cristóbal Montoro dirigió la carteras de Hacienda y Función Pública hasta la moción de censura.

El nuevo interlocutor del Ejecutivo con los empleados públicos, Óscar López, tiene una conversación fluida con los sindicatos… pero no hablan el mismo idioma. Así lo expresó el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, durante la rueda de prensa en la que anunció, junto a UGT, movilizaciones para forzar al Ejecutivo a cumplir con el acuerdo rubricado en 2022.

Después del 0,5% de subida salarial aprobada esta semana, singularmente son tres: el desarrollo de la clasificación profesional de los empleados públicos, cuyo grupo de trabajo lleva más de un año paralizado. La derogación de la tasa de reposición del personal al servicio de las administraciones, que limita la creación de empleo público. Y también otras relacionadas con el teletrabajo en la Administración y la posibilidad de que el personal laboral y los funcionarios puedan acogerse a las jubilaciones parciales y anticipadas.

Y a ello habría que añadir la nueva senda salarial, ya que las cuantías de 2025 todavía no se han actualizado. «Los empleados públicos que van a las danas, los que hoy están apagando los incendios en Lleida, están congelados en sus salarios«, criticó la responsable de Función Pública de UGT, Isabel Araque.

Los sindicatos amenazaron con judicializar decisiones del Gobierno para la clasificación profesional en todas y cada una de las Administraciones, así como una serie de movilizaciones que comenzarán el 8 de julio ante Hacienda y que podrían acabar en una huelga de empleados públicos. «Hemos dicho que nosotros empezamos por lo primero, pero no descartamos ningún escenario», avisó Palazzo.

Ambos sindicatos presionaron para que López los convoque a una mesa de negociación para esa nueva senda salarial y para revisar el cumplimiento de los compromisos pactados en 2022. Unas presiones en las que lleva incidiendo la tercera central en discordia, CSIF, desde hace meses.

Este sindicato presentó este jueves una demanda ante la sala de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Gobierno por el retraso acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).

«Han hecho falta, decenas de manifestaciones en toda España desde principios de año y hasta la presentación de una queja formal en la Moncloa. Además de llegar tarde, esta subida del 0,5% es insuficiente dado que seguimos con los sueldos congelados y una pérdida de poder adquisitivo del 8 por ciento respecto al acuerdo salarial de 2022», deploran desde esta central.

Encima de la mesa también están las negociaciones del Gobierno para lanzar una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) que se estaba estimaba récord, por encima de las 40.000 plazas. Sin embargo, a través de un comunicado de última hora de la tarde, CSIF rechazó la oferta planteada por Función Pública, de 20.000 puestos y solo 4.500 de creación de empleo neto, con una excepción específica para el País Vasco, y sin cubrir las necesidades de personal de la Administración.

Los funcionarios vienen siendo una piedra del zapato de Sánchez desde 2023. Entonces ya los funcionarios de la Seguridad Social, los inspectores de Trabajo y los trabajadores de Justicia comenzaron conflictos contra el Gobierno como empleados. El año pasado, los Altos Funcionarios criticaron la Ley de Función Pública diseñada por Escrivá. Y ahora, después del paro de los jueces, podrían sumarse todos los empleados públicos.