El Gobierno gasta 8.000 millones en salarios de funcionarios hasta mayo con la subida de 2025 aún paralizada

El gasto del Gobierno central en remunerar a los funcionarios se aceleró en mayo un 6,2%, ascendiendo a los 8.340 millones de euros, debido a los incrementos salariales en las Fuerzas Armadas y la subida de los pagos por cotizaciones sociales, una partida que aún no contabiliza el incremento aprobado este martes y sin que haya noticias del Ministerio de Función Pública sobre el alza para 2025.

Los últimos datos del Ministerio de Hacienda muestran que esta rúbrica ha aumentado en casi 500 millones (484, concretamente) de un año para otro por varias causas. Uno, el efecto ‘base’ de la subida del 2% para 2024 que se aprobó en julio del año pasado pero con efectos para todo el año; y dos, los incrementos en Defensa tras una modificación en marzo de este año.

Si bien el gasto en sueldos y salarios, como tal, avanza un 4,7% (pasa de 6.340 millones de euros a 6.638 millones durante los cinco primeros meses del año), los abonos del Estado en concepto de cotizaciones sociales se disparan un 12,6%, de 1.468 millones a 1.653 millones. De estos, 653 millones son pagos a la Seguridad Social, y 248 millones a Isfas, la mutua de las Fuerzas Armadas.

El acelerón llega cuando aún no se ha consolidado la subida de 2024, que lleva 18 meses de retraso y que, previsiblemente, se abonará como una ‘paguilla’ en la nómina de julio, y sin noticias todavía del Ministerio de Función Pública, que ahora dirige Óscar López, sobre el nuevo Acuerdo Marco plurianual con subidas para los próximos años, después de que el actual expirase a finales del año pasado.

La subida del 0,5% actual se aplica a los más de tres millones de empleados públicos de todas las administraciones (central, autonómica y local) y sale de una cláusula sobre inflación que se incluyó en el Acuerdo Marco firmado en 2022 por la entonces responsable de Función Pública, la ahora vicepresidenta María Jesús Montero.

Según cálculos del sindicato de funcionarios CSIF, la congelación salarial de estos meses retiene 1.800 millones de euros a los trabajadores del conjunto de administraciones.

CSIF ha sido muy crítico con el acuerdo retributivo firmado entonces (lo rubricaron UGT y CCOO) y llevan meses exigiendo que Función Pública se siente a la mesa para negociar otro. «Reclamamos se convoque sin más demora la mesa de negociación para otros temas pendientes como un nuevo acuerdo salarial (los empleados públicos siguen sin conocer la subida correspondiente a este año) o la oferta de empleo público, sin tasa de reposición», subrayan en un comunicado.

UGT y CCOO tenían previsto reunirse esta semana para cerrar prioridades de manera conjunta para la negociación con el Gobierno, que tiene pendiente la convocatoria de una oferta de 40.000 puestos públicos para este año. Aunque valoran que se haya acordado la subida, critican que llegue «con 18 de meses de retraso» y con numerosos incumplimientos por parte del Ejecutivo en asuntos como la jubilación parcial, la jornada de 35 horas, la clasificación profesional.

El gasto en nóminas de funcionarios es uno de los más gruesos en las cuentas del Estado. El año pasado, solo el Gobierno central abonó más de 20.000 millones de euros para compensar a los empleados públicos. Pero la Administración General del Estado es la que menos trabajadores tiene a su cargo, siendo las Comunidades Autónomas y las entidades locales quienes los concentran en una mayor proporción.

De acuerdo con los datos del propio Gobierno en su Informe de Progreso Anual sobre el cumplimiento de las reglas fiscales, el Ejecutivo estima que el gasto en salarios de todo el Estado para este año ronde el 10,7% del producto interior bruto (PIB), algo más de 170.000 millones de euros, y una décima inferior al gasto de 2024.

Más allá del empleo, el gasto en remuneraciones es relevante ya que forma parte del llamado ‘consumo público‘, una de las variantes de la demanda claves para el crecimiento económico y que el Ejecutivo ha utilizado en los últimos años para consolidar el avance del PIB. En su escenario de mayo, no está incorporada la subida que debe negociar ahora con los sindicatos y que lleva más de medio año de retraso.